Así boicoteó la Delegada del Gobierno la manifestación masiva en Cibeles contra Pedro Sánchez

La Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, hizo todo lo que estaba a su alcance para entorpecer la primera gran manifestación contra Pedro Sánchez, convocada y celebrada en la capital el pasado 21 de enero con gran afluencia de público, pese a todo.

Pero no fue gracias, precisamente, a la colaboración de la antigua portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y hoy representante del Gobierno que más ha confrontado con la Comunidad madrileña, un objeto de deseo electoral que se le resiste al PSOE desde hace más de tres décadas.

Al contrario, Mercedes González torpedeó antes la convocatoria de la concentración y después la trató de ningunear, según consta en la documentación a la que ha accedido El Debate.

El intento de minimizar la protesta llega hasta el punto de ocultar la cifra real de participantes, para utilizar la que se consignó rutinariamente en la petición de permiso de los convocantes y poder minusvalorar la respuesta contra Sánchez cuando se celebró con enorme éxito y cerca de medio millón de personas en el entorno de la madrileña Cibeles.

«La documentación sobre la estimación de la asistencia real a las manifestaciones y concentraciones es elaborada por la Policía y, por tanto, corresponde al Ministerio del Interior decidir sobre su acceso», se escuda el Gobierno en un informe firmado por el Director General de la Secretaría de Estado de Política Territorial, Agustín Torres Herrero, de cuyo Ministerio dependen las Delegaciones del Gobierno, a las órdenes de la ministra portavoz de Sánchez, Isabel Rodríguez.

Se trata de un documento crucial para demostrar el modus operandi de Sánchez para denigrar las protestas en su contra, que perfecciona el método iniciado en la pandemia: entonces se sirvió de los medios de comunicación próximos para despreciar a quienes se rebelaban contra el confinamiento, tildados despectivamente de «cayetanos», pero ahora va más lejos con una estrategia en tres fases que sufrió, como nunca, la manifestación convocada por el Foro Libertad y Alternativa y secundada por otras asociaciones.

El Gobierno «ayudó» a otra persona a ocupar Colón, prohibió el uso de drones, difundió una cifra de participantes falsa y escondió la afluencia real

Primero denegó el permiso para desarrollar la concentración en la plaza de Colón, alegando peticiones previas de otros manifestantes que luego no existieron y, después, escondió premeditadamente el número real de participantes, utilizando ante la opinión pública el consignado en la petición de permiso previo, que es una mera previsión, para restar relevancia al acto.

Así lo corroboran hasta tres documentos distintos obtenidos por El Debate que, cruzados, demuestran esta especie de 'Ley Mordaza' oficiosa que aplica el Gobierno para entorpecer las protestas y, a continuación, minimizarlas con datos de participación falsos y la ocultación de los verdaderos.

En uno de ellos, el Ministerio de Política Territorial consigna la cifra que puso el Foro Libertad en su petición de permiso, un dato meramente orientativo que, sin embargo, se utilizó después del evento para difundir una imagen de fracaso: 31.000 personas, una cifra casi idéntica a la consignada por los organizadores al presentar la documentación previa, y 440.000 menos de las presentes realmente, un éxito que la Delegación esconde escudándose en el Ministerio del Interior para no dejar en evidencia su más que probable manipulación, visible a simple vista con las imágenes cenitales.

La otra manifestación «fantasma»

Ese documento, registrado como 'Anexo I. Solicitud 76119', también recoge las previsiones de asistencia a todas las concentraciones de aquel 23 de enero en Madrid, apuntadas por los convocantes y sin otro fin que cumplir los requisitos administrativos oportunos.

Entre ellos, la convocatoria que la Delegación del Gobierno utilizó para echar al Foro de la Plaza de Colón, supuestamente reservada antes por otra manifestación que aseguraba iba a contar con 10.000 personas presentes y, en realidad, apenas fueron seis.

Mercedes González priorizó, sin embargo, esa extravagante protesta, cuyo peticionario ni siquiera figura en la documentación de la Delegación trasladada a este medio con el nombre borrado, pero que fue muy útil para vaciar Colón y expulsar de ahí a la manifestación que de verdad preocupaba al Gobierno.

La última escena consistió en esconder desde la Delegación los datos de participación masiva, utilizar los comunicados en la petición e, incluso, prohibir el uso de los drones preparados para grabar imágenes cenitales que iban a demostrar el pletórico éxito de los convocantes.

La acumulación de pruebas que hoy aporta El Debate confirma las sospechas que ya tenían los promotores de la marcha que llenó el centro de Madrid de banderas de España, sin un solo altercado, en la que se le exigió a Sánchez que dejara de favorecer a sus socios independentistas.

La manifestación fue un enorme éxito de convocatoria, pero no se celebró en Colón por la sorprendente irrupción de otra concentración que, se sospecha, tuvo toda la ayuda del Gobierno

«Nos trataron tramposamente», explica a este periódico la vicepresidenta del Foro, Inmaculada García de Cortázar, según informa Alicia Martín Villamuelas.

«Simularon otra asociación que no existe y que, supuestamente, había pedido antes que nosotros», aunque intuye que la autorización para expulsarles de Colón estaba a nombre de una «una persona física» a la que el Gobierno dio prioridad. Desde el Foro no han dudado en calificar la actuación como «un claro abuso de derecho y un fraude de ley».

Algo que parece demostrar otro de los documentos de treinta páginas, firmado por la propia Delegada del Gobierno en persona con el número de registro 3154/2022 y fechado a 5 de enero, en el que se detallan todas las concentraciones previstas en las mismas fechas a la convocada por el Foro, la única realmente importante prevista.

En el apartado referente a la convocatoria que utilizó para apartarles de la plaza de Colón se omite la identidad del peticionario del permiso y no consta la organización en cuyo nombre actuaba, registrado el 20 de diciembre, y se le les concede la máxima jerarquía al reconocerle el derecho de uso del espacio entre las 10 y las 15 horas y al aceptársele una previsión de participación de 10.000 personas, aunque a la hora de la verdad no acudieron más de seis.

Pero eso fue suficiente para dar preferencia a la persona no identificada, algo que para García de Cortázar solo tiene una explicación: «Utilizaron a una persona física, claramente enferma, simulando que era una asociación que no existe. Incluso se ofrecieron a “hacerle el favor» de ayudarle a tramitar la solicitud.

La persecución de los críticos

El desdén hacia la manifestación verdaderamente importante comenzó con desplazarles del lugar pretendido para leer su manifiesto, prosiguió con la difusión de una participación menor, de apenas 31.000 personas, solo 6.000 más que la cifra consignada por el Foto en su solicitud y ha terminado con la ocultación del informe donde sí debe aparecer la dimensión real de la ola que recorrió el centro de Madrid aquel día.

La estrategia de Sánchez de boicot al «disidente» se cobra así otro capítulo, hermando con otros anteriores en distintos ámbitos: legisló incluso contra las vigilias y oraciones en las cercanías de las clínicas abortistas, bajo amenaza de condenas a cárcel; señaló a los medios de comunicación críticos bajo el paraguas de una supuesta estrategia nacional contra la desinformación o, entre otros ejemplos, ridiculizó a los escasos ciudadanos que protestaron contra el confinamiento durante la pandemia, declarado luego inconstitucional hasta en dos ocasiones.

Sánchez no duda en usar la Administración para sus propios fines, con un amplio historial de reprimendas por ello en el Tribunal Constitucional, la Audiencia Nacional o el Consejo de Transparencia. En este caso, la Delegación del Gobierno que ahora se escuda en Interior para no dar el informe policial que contiene la valoración real del número de asistentes.

Según dispone el artículo 73 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, en su apartado 3: «Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno». Es decir, tiene la información, pero optó por ayudar a difundir la idea de un fracaso que nunca existió.