El bloque conservador del TC pone en jaque la ley Celáa por retirar las ayudas a los colegios que separan por sexo

La batalla por el modelo educativo es una de las contiendas más habituales en la España democrática de los últimos cuarenta años y, por ello, las diferentes leyes aprobadas por los distintos Gobiernos han acabado, de una manera u otra, sometidas a la lupa del Constitucional. La polémica y vigente LOMLOE, coloquialmente conocida como «ley Celáa» –ya que toma su nombre de la exministra socialista que la impulsó, Isabel Celáa– no podía ser una excepción y el Tribunal de Garantías debate, este miércoles, sobre la presunta inconstitucionalidad parcial de la norma impugnada por Vox.

No en vano, el ponente de encargado de dar una respuesta a la cuestión, el magistrado conservador Ricardo Enríquez, considera fuera de la legalidad los ataques del texto a la educación concertada, frente a la netamente pública, o la retirada de las subvenciones a los colegios que separan a sus alumnos por razón de sexo.

El borrador del juez respalda la viabilidad de la norma con dos salvedades que, en este momento, son el escollo en el que se centra la deliberación del Pleno. En primer término que «los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas» y «no separarán al alumnado por su género». Y, en segundo, que las Administraciones han de asegurar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y dispondrán las medidas necesarias «para evitar la segregación» del mismo.

La posición de Enríquez, que ha llevado al Pleno su propuesta, supone un problema para el cómodo rodillo de la mayoría progresista del TC acostumbrada, tras el vuelco ideológico de su última renovación, a una posición de prevalencia que, sin embargo, en esta ocasión le obligará a justificar, más allá de la mera oposición, sus contraargumentos de por qué en la ley recurrida no se tiene suficientemente en cuenta la opinión de los padres sobre si, por ejemplo, prefieren que sus hijos con discapacidad acudan a centros de educación especial para menores.

Así las cosas, la constitucionalidad de la «ley Celáa» podría ser declarada tan sólo en la parte en la que no hay «razones en términos absolutos» para impugnarla en su totalidad, apuntan algunas fuentes consultadas por El Debate. Esto es, en la elección de uno u otro sistema de educación como el más adecuado para alcanzar los objetivos de las diferentes etapas formativas, pero no así en aquellos aspectos que afectan a las cuestiones más ideológicas de un texto que no concita la unanimidad de un Tribunal Constitucional cada vez más dividido.

No en vano, tanto para el Partido Popular como para Vox, las dos formaciones que impugnaron la norma, la esencia de la misma ataca el modelo de cooperación público-privada de los centros educativos concertados o, por ejemplo, la retirada de las ayudas públicas destinadas a los colegios privados cuya oferta se centra en la educación diferenciada por sexos. Los populares presentaron un recurso de 90 páginas junto con Unión del Pueblo Navarro (UPN), el pasado 29 de marzo de 2021, para rebatir un total de 16 artículos y dos Disposiciones Adicionales.

Los populares creen que la norma impide la libertad de elección del centro educativo para escoger la enseñanza concertada y la educación especial para niños con discapacidad, además de atacar el español como lengua vehicular en toda España y permitir «pasar de curso con más asignaturas suspensas, incluso las troncales».