El TC renovado por Sánchez respalda algunas de sus leyes más ideológicas en plena moción de censura

Este martes arrancaban, en paralelo, dos citas institucionales de primer orden en nuestro país. Mientras, desde primera hora de la mañana, en el Congreso de los Diputados se debatía la moción de censura de Pedro Sánchez, presentada por Vox, con el catedrático emérito Ramón Tamames como candidato independiente; el Constitucional salvaba en Pleno algunos de los recursos más relevantes contra varias de las leyes más ideológicas aprobadas por el Ejecutivo a lo largo de la legislatura.

No se equivocaba el veterano expolítico y profesor concentrando su discurso en explicar los que, a su juicio, son los principales problemas de la España actual. Entre ellos, la falta de respeto del actual Gobierno a la separación de poderes: «Montesquieu es un visitante molesto» para usted, le espetaba Tamames al líder del PSOE, sentado en la bancada azul. Bastaba mirar de reojo hacia la Corte de Garantías, recientemente renovada y reunida en cónclave, para confirmarlo. Un TC a la medida de Sánchez que, a lo largo de la mañana avaló, o por lo menos allanó el camino, a varias de las polémicas normas socialistas con el único apoyo de la mayoría de magistrados de izquierdas, capitaneados por Cándido Conde-Pumpido.

Y es que antes de que termine la semana, Sánchez habrá visto, cómo el órgano constitucional da luz verde a la conocida como «ley Celaá» de educación, al texto de la eutanasia, a los decretos-ley convertidos en herramienta de producción legislativa, más allá de la «extrema y urgente necesidad» o a la ponencia del aborto que se aprobará en el próximo cónclave de abril, previo rechazo de los últimos recursos de súplica que trataban de impedirlo.

E, incluso, habrá tiempo para que, mientras se consume la moción parlamentaria, el Tribunal de Garantías cocine su futuro aval a la Memoria Histórica que el profesor Tamames, en clave política, calificaba de «lectura romántica» pero equivocada de la República. «Dejemos la Historia a los historiadores», pedía el candidato alternativo en el hemiciclo.

La «ley Aído» del aborto

Doce años después –y tras un polémico e «inédito» rechazo del TC a la abstención de la magistrada Concepción Espejel en el asunto– un Constitucional «fuertemente dividido» resolvía, hace unas semanas, el recurso planteado por el Partido Popular contra la «ley Aído» del aborto que aprobó, en 2010, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. La Corte de Garantías rechazaba, por mayoría de 7 votos a 5, la ponencia del conservador Enrique Arnaldo que declaraba la constitucionalidad del sistema de plazos pero impugnaba varios artículos de la norma –relativos a la objeción de conciencia y el consentimiento informado de la mujer– y designaba como nueva encargada del caso a la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán.

De nada ha servido el doble recurso de súplica planteado por varios de los diputados populares que, en su día, recurrieron el texto de Zapatero ante la Corte de Garantías. El TC inadmitirá ambos escritos en las próximas horas, neutralizando, así, el último intento posible por anular la votación y solicitar que se aceptasen no sólo la autoexclusión de la juez Espejel sino, también, las recusaciones de varios de los miembros del Pleno que, de uno u otro modo, participaron en la tramitación de aquella ley. Entre ellos, el propio Conde-Pumpido, entonces fiscal general del Estado, que emitió un informe propio para apoyar la reforma, en contra de la voluntad mayoritaria del Consejo Fiscal que presidía.

Eutanasia: el derecho a morir a la carta

El Constitucional también se prepara para avalar, en plena moción de censura a Sánchez, la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. El macro Pleno de la Corte, que se prolongará hasta el viernes, dará el visto bueno a otra polémica norma del Gobierno que ha sido recurrida por el Partido Popular y por Vox. Entre fuertes discrepancias internas de la Corte, como ya sucedió en el caso de la «ley Aído» del aborto, el voto mayoritario de la izquierda –con su presidente Cándido Conde-Pumpido en cabeza– será determinante para salvar el texto del Ejecutivo de Pedro Sánchez «creando nuevo Derecho Constitucional».

La ponencia, obra del magistrado Ramón Sáez, afín al bloque más zurdo del órgano, defiende «en una construcción creativa» de la cuestión, que es «obligación del Estado» hacer factible la voluntad de cualquier persona «a poder morir» cuando lo desee. Esto es, una especie de muerte a la carta que, según la interpretación del jurista, queda reconocida por la propia Constitución en el «derecho de autodeterminación» de los individuos y en el hecho de que la libertad sea el «valor superior del ordenamiento».

Y una vez reconocido este «derecho de autodeterminación», correlativamente, nace la obligación de «habilitar las vías legales necesarias para permitir la ayuda de terceros que sea precisa» para que todo aquel que se encuentre en una de las circunstancias previstas «pueda ejercer su derecho a decidir sobre su propia muerte en condiciones de libertad y dignidad».

Certificar el abuso de los 'decretazos'

En esta legislatura, por la que Pedro Sánchez está siendo censurado, el Gobierno ha convertido el 'decretazo' en un instrumento legislativo habitual, aunque por ley está obligado a limitar su uso al máximo. Y es que el mecanismo que la Constitución reserva –en su artículo 86.1– a las normas aprobadas en situaciones de «extrema y urgente necesidad», se ha convertido para el actual Gobierno en un recurso sin filtros con el que garantizarse la entrada en vigor de sus medidas más ideológicas e impopulares.

Si, hasta la fecha, la doctrina constitucional había venido interpretado de forma restrictiva la línea roja constitucionalmente impuesta al Poder Ejecutivo en su faceta de producción legal, desde este martes, la Corte ha cambiado el enfoque para salvar, como ya había avanzado El Debate, la fórmula elegida por Sánchez en los más de 100 'decretazos' que ha alcanzado en tan sólo cuatro años de mandato, más que cualquier otro presidente del Gobierno en democracia.

Una sentencia del propio Conde-Pumpido sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, aprobado por el Gobierno en los llamados «viernes sociales» de 2019, ha salvado el presupuesto habilitante de «extrema y urgente necesidad» que la Carta Magna exige a este tipo de normas.

El veterano magistrado ha asegurado, con el respaldo en bloque de sus compañeros de la izquierda del Tribunal, que existen razones de peso para salvar el texto recurrido por el Partido Popular, al considerar «los resultados discretos, cuando no insignificantes» alcanzados, hasta hoy, por la regulación legal en la materia, así como «la demora que se estaba produciendo en la realización efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, lo que exigía acción normativa inmediata mediante la elaboración de un nuevo texto articulado, integral y transversal», apoyado en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.

El Pleno de la Corte ha confirmado, con esta ponencia, que existe una «conexión adecuada» entre dicha «situación de necesidad y las medidas articuladas» en el real decreto ley, que afectan a un total de siete textos normativos, dirigidos a poner fin a la persistencia a unas desigualdades en las condiciones laborales entre hombres y mujeres que acarrean a las mujeres unos perjuicios de difícil reparación, difícilmente asumibles en una sociedad moderna como la española.