Una nueva condena en Reino Unido duplicará los embargos al Gobierno por sus deudas con las renovables

La Justicia inglesa inauguraba la carrera por la ejecución de las deudas por valor de 2.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez acumula como resultado de las indemnizaciones reconocidas, vía laudo arbitral, a varios fondos de inversión y empresas extranjeras por el fracaso, en 2013, de las primas a las renovables aprobadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero seis años antes.

El asunto ha adquirido un trasfondo que, en el corto plazo, complica el horizonte a los socialistas quienes verán cómo la decisión adoptada, hace una semana, por el juez Peter Fraser de la Suprema Corte de Inglaterra y Gales –aceptando por primera vez confiscar bienes españoles en el Reino Unido, para garantizar dos pagos– podría replicarse, inevitablemente, con un tercer laudo. La factura se elevará entonces, sólo en Londres, de los 134 millones de euros actualmente embargados a cerca de 250 millones a favor de los inversores perjudicados cuando, en 2013, se redujeron retroactivamente las ayudas a las energías renovables.

Por el momento han sido dos Tribunales Superiores internacionales los que han dado un paso al frente contra España para intervenir activos tanto en Inglaterra como en Australia. Las sedes del Instituto Cervantes, la empresa pública Navantia y, curiosamente, algunas oficinas del Diplocat –las 'embajadas' de la Generalitat separatista catalana– han sido el objetivo de los magistrados extranjeros.

Tanto los ingleses como los oceánicos han marcado el camino a sus colegas de EE.UU., Holanda, Suiza y Luxemburgo donde, también, se han iniciado los procesos de reconocimiento de los laudos con los que el Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) daba la razón a varios inversores que solicitan ser indemnizadas por España en compensación por los cambios regulatorios que retiraron las primas a las renovables. De nada han servido, por el momento, los intentos del Gobierno español por anular dichas decisiones del CIADI en Washington.

El organismo se estrenaba imponiendo el pago de 101 millones de euros, más de 120 millones con los intereses, a los fondos luxemburgués Infrastructure Services Luxembourg y neerlandés Energia Termosolar -antes Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar- por los daños sufridos por el cambio de criterio de España en materia de política energética. El efecto cascada es ya incontenible.

Más de 70 millones en abogados

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha justificado la contratación, a través de un a serie de procedimientos urgentes, negociados sin publicidad –esto es, sin concurso público– durante la pandemia, de algo más de media docena de despachos de abogados internacionales, en la 'rebaja' obtenida de la factura inicial, de los más de 8.000 millones de euros reclamados por los inversores, a los 2.000 millones actualmente en juego. Sin embargo, lo cierto es que hasta la fecha el Departamento que dirige Teresa Ribera ha fracasado en su objetivo real que era el de evitar el desembolso y los embargos que se han trabado.

A cambio, el Gobierno ya ha gastado más de 70 millones de euros entre honorarios de abogados VIP en países como Inglaterra, Suiza o EE.UU., intereses legales por la demora en los pagos y costas procesales de los pleitos perdidos. Ni el coste asumido por el Ministerio con grandes bufetes como Froriep Legal, K&L Gates o Squire Patton Boggs –ya que la Abogacía del Estado no puede actuar fuera de nuestras fronteras– para oponerse a la ejecución de los laudos arbitrales que favorecen a los inversores beneficiados; ni el intento por abandonar el Tratado de la Energía en base al que España está obligada a cumplirlos, han surtido efecto.