Don Juan Carlos regresa a España como ciudadano libre y sin un solo fleco judicial pendiente

Tras su primera vuelta a España, después de casi dos años de residencia en Abu Dabi, Don Juan Carlos regresará, de nuevo a Sanxenxo (Galicia), como parte de su deseo de «visitar con frecuencia» nuestro país para reunirse con «familia y amigos», y organizar "su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”, como él mismo expuso en la carta que dirigía a su propio hijo, el rey Felipe VI, el pasado 5 de marzo de 2022, para avanzarlo. Juan Carlos I retornará, en las próximas horas, sin un sólo fleco judicial pendiente y con el aval de que todas las líneas de investigación seguidas contra él fueron archivadas sin que la Fiscalía Anticorrupción pudiera formular ninguna acusación en firme.

No hay, por lo tanto, ninguna razón de naturaleza judicial que impida al Rey Don Juan Carlos regresar a España. No la hay desde el pasado mes de marzo de 2022, cuando el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, confirmaba la inexistencia «de indicio alguno» sobre el padre del actual monarca que permitiese «dirigir reproche penal contra» él. Un escenario en el que el veterano jurista decretó «el archivo de las diligencias de investigación» relativas a la fortuna Don Juan Carlos.

En el haber del monarca, cuatro años de intensas pesquisas, sinsabores personales y señalamiento público cada vez que se hacían públicas las innumerables comisiones rogatorias de la Justicia española a Suiza y una vez consignadas las dos regularizaciones fiscales voluntarias del que fuera Jefe del Estado español hasta el año 2014, fecha de su abdicación.

Desde entonces, y una vez que todas y cada una de las causas abiertas han quedado resueltas a su favor, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, el exjefe del Estado español mantiene su residencia fiscal en en extranjero pero, con esta nueva visita, deja claro que cada vez, y siempre que su salud se lo permita, volverá con más frecuencia.

Tres líneas de investigación cerradas

Pese a la luz y taquígrafos que el Ministerio Público español desplegó sobre el patrimonio personal de Juan Carlos I, barriendo todos y cada uno de los activos de los que es titular y, sobre todo, indagando en el origen de los mismos, las pesquisas fracasaron. Ni una tacha penalmente reprochable en ninguna de las tres líneas, perfectamente diferenciadas, que durante más de cuarenta y ocho meses regaron las soflamas de sus enemigos.

Un trust en el paraíso fiscal de Jersey del que no pudo acreditarse que se hubiese beneficiado, ni directa, ni indirectamente; el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de La Meca a empresas españolas, de manos de la Monarquía saudí; y, el presunto uso de tarjetas de crédito opacas con cargo a las cuentas bancarias de terceros fueron objeto de acusación delictiva. Todas ellas quedaron reducidas a un acicate temporal de la izquierda española para poner en duda la credibilidad y el futuro de la institución.