Calviño y Ribera, enfrentadas por la estrategia de los impagos del Gobierno a las renovables

Un reciente contrato suscrito entre el Gobierno de España, sin concurso público, y el despacho neoyorquino Curtis, especializado en arbitraje internacional, por 1,7 millones de euros, ha sido el detonante de la discrepancia que, según apuntan a El Debate fuentes próximas a la cuestión, mantienen las ministras Nadia Calviño, titular de Economía, y Teresa Ribera, responsable de Transición Energética, a cuenta de la estrategia de impagos de las primas que adeuda el Ejecutivo socialista a los inversores de las renovables.

La cantidad – que pasa a sumarse a los más de 70 millones anteriormente destinados por Ribera a bufetes VIP en la materia– no ha gustado a una Calviño «preocupada» por el gasto que, hasta la fecha y pese a lo elevado de la inversión, no ha conseguido frenar la sangría de resoluciones internacionales en contra de España por el recorte retroactivo de los incentivos a las denominadas energías limpias. Algunas de las cuales, además, ya han comenzado a ser reconocidas y ejecutadas, previo embargo de bienes españoles en el extranjero, por varias Cortes Supremas como las de Reino Unido y Australia.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han preferido instalarse en una posición de impago de las reclamaciones presentadas por las empresas y fondos de inversión perjudicados por el repentino y lesivo cambio en la política energética de nuestro país –entre el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y el de su sucesor en el cargo, Mariano Rajoy– y apostar, en cambio, por la dedicación de importantes cantidades de dinero a contratar los servicios de hasta media docena de despachos internacionales.

Dado que la Abogacía del Estado no puede actuar fuera de nuestras fronteras, el Ministerio de Transición Energética se ha dirigido, desde 2020, a firmas como Froriep Legal, K&L Gates, Simmons & Simmons o Squire Patton Boggs para que se opongan, por ahora sin éxito, a la ejecución de los laudos arbitrales que favorecen a los inversores beneficiados y que éstos ya han empezado a hacer efectivos en países como Suiza, Australia, Inglaterra, Luxemburgo o Estados Unidos.

Según ha podido saber El Debate, el pasado día 14 de abril, una vez más, Ribera insistía en la vía de la contratación «a dedo» de un despacho extranjero –Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP– para, en este caso, frenar la venta de los bienes ya bloqueados al Estado español, en este momento, en Londres. Entre ellos, la sede británica del Instituto Cervantes y los fondos de la entidad depositados en una cuenta bancaria del Santander de la capital británica.

Por su parte, el Departamento de Economía de Calviño difiere por completo de esta posición, dado el profundo impacto que está teniendo en la imagen «reputacional» de España fuera de nuestras fronteras, a las puertas de las elecciones del 28-M y a dos meses de asumir la Presidencia de la UE.

No en vano, en los últimos días ha trascendido cómo algunos de los inversores afectados por la morosidad española han recurrido a activar una clausula legal que ha permitido declarar en situación de default –o quiebra técnica– un total de cuatro bonos de deuda soberana española valorados en casi 1.000 millones de euros. Un incumplimiento de las obligaciones financieras de nuestro Tesoro que se produce por primera vez desde 1936, cuando se dio una situación parecida coincidiendo con la Guerra Civil.

El Banco Mundial exige «acatar» pagos

Así las cosas, el pasado mes de enero, el Tribunal de Arbitraje de Washington –Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial– exigía por carta a la Abogacía española el cumplimiento íntegro y sin demora de los laudos de energías renovables emitidos en contra del Gobierno, en los últimos años. «Agradeceremos que el Reino de España informe al CIADI las medidas que hayan sido adoptadas para cumplir (...) y acatar los términos» de las resoluciones, tal como lo dispone el Convenio en el que se basan las mismas, «y con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos» en caso contrario.

La misiva firmada por el secretario general interino de la institución mundial, el jurista chileno Gonzalo Flores, y dirigida a los letrados públicos de nuestro país hacía referencia, en concreto, al proceso iniciado en junio de 2014 por la empresa británica InfraRed Environmental Infrastructure GP Limited contra España ante su propio Tribunal, el CIADI.

Cinco años más tarde, en el verano de 2019, el fondo inversor propiedad del banco británico HSBC –que poseía dos plantas termosolares en nuestro país, Andasol 1 y 2– ganaba el pleito por el recorte aplicado a su retribución y obtenía un laudo favorable que obliga a España a pagar 28 millones de euros, más un 2 % de interés anual previo y posterior a la resolución, las costas de la intermediación y dos tercios de los honorarios legales de los inversores.

En la misma posición se encuentra, también, tras varios intentos fallidos del Gobierno por evitar el reconocimiento de sus obligaciones, la empresa Antin, uno de los principales operadores del mercado energético que apostó por España como destino de sus inversiones. En este caso, la cuenta asciende al pago de 101 millones de euros más intereses a favor de la compañía que ya supera, con los tipos legales de demora, los 120 millones en su haber.