Jueces y fiscales a la huelga indefinida: «Que los políticos asuman sus responsabilidades con la Justicia»

Se han acabado el tiempo y la paciencia de los jueces y de los fiscales. Demasiado tiempo cargando sobre sus hombros la pesada losa del día a día de una Administración de Justicia que es, además, uno de los tres Poderes esenciales del Estado y haciéndolo sin disponer de los recursos necesarios. Irán a la huelga indefinida, en unidad de acción de todas las asociaciones profesionales, a partir del próximo día 16 de mayo. «Un salario que retribuya la responsabilidad de la función del juez y que garantice su independencia económica es, como ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), también, una garantía de independencia» afirma, rotunda, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decana de los jueces madrileños .

Un planteamiento con el que coincide la presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, al asegurar que «llevamos muchos años reclamando mejoras –medios materiales, medios personales y retribuciones adecuadas a las cargas de trabajo y responsabilidades que asumimos– que nunca se han atendido». «Hemos tenido muchas reuniones, hemos estudiado diferentes opciones y nos hemos dejado, incluso, asesorar por Justicia y Hacienda en los puntos menos conflictivos» con «paciencia y lealtad institucional» en el «ánimo de alcanzar un acuerdo», ha recordado Dexeus.

Y, pese a ello, «ninguna respuesta positiva por parte de ambos Ministerios a lo que han sido, por nuestra parte, unas reclamaciones razonables, lógicas, ponderadas y muy asumibles. Ahora entendemos que a los políticos les ha llegado su turno. Deben asumir, también, sus responsabilidades y actuar en consecuencia». No en vano, desde que en 2010, se aplicasen los recortes decretados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en materia de Justicia, «sufrimos una reducción de nuestros salarios superior a las de otros empleados públicos y no hemos recuperado aún aquella pérdida de poder adquísito», lamentan jueces y fiscales.

No lo han conseguido «por las buenas»

El Ministerio de Justicia en manos de Pilar Llop «por las buenas no contempla negociar», denuncia el presidente de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández, una de las entidades firmantes de la convocatoria de la huelga. «Pues si tenemos que enseñar que también nosotros somos capaces de ir por el mismo camino», que el resto de operadores jurídicos , «no tendremos más remedio». Aunque el deseo de todos sería no haber tenido que llegar a ello», coinciden desde el entorno asociativo.

Y «no se trata», matizaba Fernando Portillo, portavoz de la directiva de Foro Judicial Independiente (FJI), en «una reacción a la huelga de los LAJ, ni todo es consecuencia de lo que han conseguido gracias a ella, sino que las cuatro asociaciones judiciales hemos venido trabajando este tema con este Gobierno desde marzo del año pasado». Y, «lo hemos hecho con rigor, sentido de Estado, responsabilidad, intercambiando datos, documentos, … porque entendemos que esa es la manera de plantear las sobradas razones que tenemos para nuestras reivindicaciones», ha añadido en declaraciones exclusivas a El Debate.

Sin embargo, y pese a los intentos por defender desde la negociación el «sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia», jueces, magistrados y fiscales de nuestro país han visto cómo el sistema judicial se ha ido relegando a un segundo plano y ha ido perdiendo eficacia al mismo tiempo que su labor, que no se desarrolla en las condiciones retributivas «adecuadas».

Ni la partida destinada desde los Presupuestos Generales del Estado a Justicia, ni las cargas de trabajo que tienen, en la práctica, los tribunales y las fiscalías, permiten, a juicio de los profesionales implicados en el día a día, desarrollar su trabajo de acuerdo con la «calidad y rapidez de la respuesta judicial» que merecen los ciudadanos. Como, tampoco, atender a la «salud» de los miembros del sector que soportan con parches y con cargo a su «dedicación» personal, la «sobrecarga del sistema» fruto de una «elevada litigiosidad».

Así las cosas, «tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo» las Asociaciones Judiciales y «el 4 de abril» las del Ministerio Público –ante el «decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes»– los jueces y fiscales se declaran en huelga indefinida, a partir del próximo día 16 de mayo.