Crisis institucional
Jueces y fiscales convocan una huelga indefinida a partir del 16 de mayo
La decisión se toma tras las infructuosas reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia
Las asociaciones de jueces y fiscales de nuestro país, en unidad de acción, han dado un paso al frente en las «medidas de presión» que, desde hace varios meses, llevan a cabo contra el Ministerio de Justicia de Pilar Llop y se declaran en huelga indefinida, a partir del próximo día 16 de mayo. La crisis institucional de la Administración es tal, en materia de tribunales que, tras el paro de más de dos meses de los Letrados (LAJ) y las protestas convocadas por los funcionarios y los abogados del turno de oficio, los magistrados y los miembros de la Fiscalía no han tenido más remedio que unirse al conflicto colectivo de su sector.
Así lo han hecho constar en un comunicado conjunto emitido este mismo lunes, al que ha tenido acceso El Debate en primicia, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), tras «años preocupadas y denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia».
Ni la partida destinada desde los Presupestos Generales del Estado, ni las cargas de trabajo que tienen, en la práctica los tribunales y fiscalías, permiten, a juicio de los profesionales implicados en el día a día, desarrollar su trabajo de acuerdo con la «calidad y rapidez de la respuesta judicial» que merecen los ciudadanos, ni atender a la «salud» de los miembros de ambos ramos que soportan con meros «planes de refuerzo» y su «dedicación» personal, la «sobrecarga del sistema» fruto de una «elevada litigiosidad».
«No permitiremos que nuestro sentido de la responsabilidad sea, una vez más, la coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones – también retributivas – adecuadas», han asegurado los miembros de la Magistratura.
La «decepcionante» actitud de Justicia
Así las cosas, «tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo» las Asociaciones Judiciales y «el 4 de abril» las de los Fiscales, «anunciamos nuestra intención de elaborar un calendario de medidas de presión», recuerda el texto que han hecho público. «Tomamos aquella decisión ante el decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes», remarcan. No en vano, hay que recordar que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia «desconvocó sin explicaciones» la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente.
Dicha desconvocatoria «había venido precedida de numerosas reuniones preparatorias en las que, siempre de buena fe, buscamos construir consensos con el Ministerio de Justicia, que ya en el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de este año», subrayan los miembros de las Carreras judicial y fiscal firmantes de la nota.
«La misma paciencia y sentido de responsabilidad que habíamos demostrado durante todo ese periodo la observamos tras la desconvocatoria, ante la que reaccionamos interponiendo una demanda para obligar al Ministerio a cumplir la ley. Y en dos ocasiones, al menos, durante este año 2023, reclamamos al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, sin obtener respuesta», lamentan.
Finalmente, durante la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) «el Ministerio tuvo a bien convocarnos para las mencionadas reuniones del 31 de marzo y el 4 de abril, en las que, como ya sabemos, no se produjo avance significativo alguno más allá del compromiso de que la Mesa se convocaría antes del próximo 10 de mayo».
Sin «verdadero propósito» de negociar
Sin embargo, «la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril»; y, la «nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo, dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse», han llevado a jueces y fiscales a constatar que: «No existe un verdadero propósito de negociar, que el Ministerio aún no ha demostrado» y que la renunión programada «no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental».
De tal manera, « la actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de 1 año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa; y, que todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de tutela efectiva de sus derechos».
Las asociaciones progresistas, en espera
De todo lo anterior, se han desmarcado las dos asociaciones de izquierdas del sector. Tanto la asociación Juezas y Jueces para la Democracia como la Unión Progresista de Fiscales, aún «compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal), estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado».
Todas las Asociaciones Judiciales y Fiscales insisten en su «firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora».