Justicia al borde de un ataque de nervios: funcionarios, turno de oficio, jueces y magistrados contra Llop

«Nos merecemos una Justicia de calidad. Si tenemos que ir todos a la huelga, uno por uno, para que así Justicia y Hacienda de una vez escuchen nuestras reivindicaciones, pues habrá que hacerlo». Éste es el lamentable escenario al que se han visto abocados los operadores jurídicos de nuestro país tras años aguantando las complicaciones del día a día y mirando hacia otro lado, por vocación de servicio, ante la realidad de una Administración «ninguneada y olvidada» que ya no puede más. Funcionarios, abogados del turno de oficio, jueces y magistrados han decidido utilizar todas las «medidas de presión» a su alcance para recibir las remuneraciones que «están previstas por ley» –y no se han cumplido hasta la fecha– pero, también, para exigir planes de carrera profesionales que, en cada caso, se correspondan con una carga real de trabajo de acuerdo con sus responsabilidades.

Si ésta misma semana eran los miembros de los Cuerpos Generales –de gestión, tramitación y «auxilio» judicial– y de los Especiales, los que comenzaban una huelga indefinida, tras el precedente de los Letrados (LAJ), en las últimas horas, los profesionales del turno de oficio, coordinados por una Plataforma integrada varias asociaciones de la Abogacía acordaban concentrarse el próximo día 27 de abril, a las 12:00 horas, frente a la Plaza de las Cortes de Madrid. Los abogados de la Justicia pública pondrán en valor la docena de reivindicaciones «urgentes» que se habían acordado en un documento aprobado, en unidad de acción, el pasado 1 de este mismo mes.

Si las cosas ya estaban siendo complicadas para la ministra del ramo, la socialista Pilar Llop, después de más de dos meses de paros declarados por los LAJ y, ahora, con los más de 45.000 funcionarios que integran el cuerpo de la Administración en huelga, la expectación creada por los jueces y magistrados, de cara a la próxima Mesa Salarial convocada en mayo tras más de dos años paralizada, no simplifica sino muy al contrario el horizonte de su Departamento desde que asumiese la cartera. No en vano el 75% de los miembros de la Carrera judicial asociados, respaldan declararse en conflicto colectivo si, como resultado de dicha reunión no se cumplen las previsiones legales

«Los Juzgados no funcionan sin nosotros»

«Es el momento para conseguir una justa subida salarial», acorde con lo que ha pasado con los LAJ, declaraban los portavoces de los sindicatos profesionales de los auxilios judiciales. «Fuimos declarados esenciales en pandemia y los Juzgados no funcionan sin nosotros», apuntaban los trabajadores de la Justicia mientras arrancaba un paro indefinido que les ha sacado a las calles desde el pasado 17 de abril.

Entre cánticos y consignas de rechazo a la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y con el respaldo cercano al 90% de su plantilla, los funcionarios arrancaron, este miércoles a las 12.00 horas, con una protesta general de 24 horas para toda España y hasta recibir unas mejoras económicas «dignas», «en línea» con las ya suscritas por sus compañeros LAJ.

Tan sólo en la primera jornada el resultado arrojaba cifras alarmantes: el alto nivel de seguimiento se tradujo, en la práctica, en la paralización de 700.000 actuaciones judiciales y «varias decenas de miles de juicios». Desde uno de los sindicatos convocantes CSIF ya han alertado sobre los efectos secuendarios de una huelga que, de prolongarse en el tiempo, «tardarán hasta dos años en amortiguarse».

Las «medidas de presión» de los jueces

Los jueces y magistrados también lo tienen claro: tres de cada cuatro miembros de las principales asociaciones profesionales en España respaldan declararse en huelga indefinida si fracasa la mesa de Retribuciones Salariales convocada próximamente por el Ministerio de Justicia.

Así lo confirmaban los resultados de la consulta interna lanzada por dos de ellas –Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI)– en los últimos días; y, el apoyo unánime de la asamblea de la Francisco de Vitoria (AJFV) a su Comité Nacional, el pasado mes de diciembre, para explorar «cualquier vía de reivindicación» hacia la mejora de la Carrera, buscando la unión con el resto de compañeros y «sin descartar» ninguna «medida de presión» orientada a conseguirlo. Incluido el conflicto colectivo.

«Mucho trabajo, cada vez más y en peores condiciones, además de ser responsables de todo lo que pasa en el juzgado, no se compensa económicamente para nada». En ese escenario, en febrero de 2022 las cuatro asociaciones judiciales decidieron afrontar el tema y llegaron a una serie de acuerdos para, en marzo de ese mismo año, empezar a trabajar con el Ministerio de Justicia. No sólo salarios, más cosas, pero «sobre todo, el tema retributivo». El caso es que en octubre, con todo ya hecho, se truncó la negociación: Hacienda había llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el 9,8 % en tres años, a todos los miembros de la función pública, con el objetivo de paliar la subida del IPC. «Nada, por tanto, de atender nuestras especialidades salariales», lamentaban los magistrados en declaraciones a El Debate.

Un escenario que llevó a todas las asociaciones profesionales de jueces, en enero de 2023, a interponer «una demanda judicial para reanudar las negociaciones» que ahora se retoman el 3 de mayo.

Dignidad para el Turno de Oficio

Aunque la principal reivindicación de los profesionales del Turno de Oficio pasa por una «remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita, que abarque todo el trabajo que realizan», previa modificación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ésta no es la única de sus peticiones al Ministerio.

Los abogados que prestan servicio de Justicia pública exigen, además, «el abono de las designaciones para la defensa de personas jurídicas, la actualización de los baremos conforme al IPC y la obligación de todas las administraciones de habilitar una partida presupuestaria destinada al pago de sus honorarios». «La dignificación del turno de oficio y el reconocimiento de la labor» que realizan quienes forman parte del mismo pasa, sobre todo pero no de manera exclusiva, «por una remuneración justa que debería estar muy por encima de los actuales baremos que se utilizan para cuantificar el trabajo realizado» y «garantizando que dicha remuneración sea actualizada anualmente y que se abonen todos los trabajos realizados».

Además, los letrados quieren que se cumplan sus derechos a la conciliación, a la desconexión digital y al descanso. «Nuestra labor es esencial para asegurar la efectividad del derecho fundamental de defensa de las personas e imprescindible para garantizar uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como es la Justicia. El trato que recibimos se convierte en indigno cuando se ignoran por completo, en los ámbitos en los que desarrollamos nuestra labor -administrativo y judicial-, nuestros derechos» que sí disfrutan «el resto de operadores jurídicos con los que, habitualmente, compartimos espacio de trabajo».

Para ello, es imprescindible no sólo «la modificación de los actuales criterios económicos que se exigen para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita», sino que «se reduzca la carga burocrática» vinculada a la misma ya que «nuestra misión es la de defender a los justiciables con la máxima diligencia y no otra», denuncian los portavoces de los abogados del turno de oficio.