Sánchez crea seis plazas de fiscales «por ideología» mientras la falta de medios provoca varias huelgas en Justicia

Un agravio más para la Justicia. En plena huelga de funcionarios y con el anuncio de un próximo paro indefinido de los jueces y fiscales, a partir del próximo día 16 de mayo, el Gobierno ha anunciado la creación de seis nuevas plazas en el Ministerio Público, concebidas por «pura ideología» para perseguir los delitos de odio y las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles publicaba el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de esta semana para la creación de un total de setenta vacantes en la plantilla orgánica de la Fiscalía de las cuales: una es la de fiscal de Sala «contra los delitos de odio y discriminación» y otra, análoga, de «memoria democrática». Ambas, a su vez, provistas de dos fiscales adscritos, de segunda categoría, para cada una de ellas.

Estos seis nuevos cargos en total, repartidos entre dos nuevos Departamentos, «responden» a los «puestos especializados» previstos tras «la entrada en vigor tanto de la Ley 15/2022 integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación» como con «la Ley 20/2022 de Memoria Democrática» aprobada por el PSOE con el apoyo de EH Bildu.

No en vano, los nuevos fiscales de Sala contra los delitos de odio y en materia de derechos humanos «verán la luz antes de los que serían realmente efectivos para dotar al Ministerio Público de los recursos humanos y materiales necesarios para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos». Y es que «no sólo esas dos plazas contarán con una dotación presupuestaria propia» que podría haber sido empleada en otras mejoras «más urgentes» sino que, además, los propios titulares de las mismas supondrán «un coste mayor que cualquiera de sus compañeros ya que los fiscales de Sala son los que más cobran del escalafón».

Además, y descontando la polémica, las sesenta y cuatro plazas restantes que ya estaban presupuestadas en 2022 «se quedan cortas si tenemos en cuenta que el ámbito de incorporación es para todo el territorio nacional», lamentan los fiscales de base, una vez se ha conocido la decisión del Ejecutivo de Sánchez Castejón.

La plantilla se renueva a «cuentagotas»

Y es que las necesidades de ampliación de miembros en activo en la Carrera Fiscal «pasa, en primer lugar, por efectuar un estudio de medición de las cargas de trabajo profesionales para determinar las necesidades reales de efectivos; y, en segundo término, por una previsión de las funciones que se nos puedan encomendar en el futuro, así como de las jubilaciones que se van a producir en los próximos meses y que son muy relevantes», afirma rotunda Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF).

El estudio al que se refiere Dexeus se ha venido reclamando, el menos desde su entidad, tanto al Ministerio de Justicia como a la propia Fiscalía General del Estado (FGE) «pero nunca se ha traducido en algo concreto». «Es muy difícil para cualquier asociación que sólo se sufraga con las cuotas de sus asociados acometer por sí misma» un estudio «de las características comentadas, no sólo por el elevado coste económico sino porque los datos a analizar y los medios para abordarlo obran en poder tanto de la Fiscalía como del Ministerio», subraya la presidenta de la AF.

Un escenario en el que, «por lo tanto», y a su juicio, «las escasas creaciones de nuevos huecos en la plantilla que se van logrando a cuentagotas no tienen un verdadero respaldo en las necesidades que, de verdad, apreciamos todos los fiscales en nuestro ejercicio diario».

Mayores funciones, misma plantilla

Además, desde el entorno de la Fiscalía se ha confirmado a El Debate que, en los últimos años, como resultado de la aplicación de ciertas «reformas legislativas» se han ido «aumentando las funciones a los fiscales». Por ejemplo, «en el servicio de guardia», en los juicios rápidos donde «tenemos encomendada la misión de pedir las medidas privativas de libertad» o «en el informe preceptivo que se nos requiere para la adopción de medidas de investigación tecnológicas, en materia de menores, discapaces, ...».

Sin que en ninguno de los casos «hayan ido acompañadas de ninguna previsión de ampliación de plantilla» o incorporación de un mayor número de recursos humanos, según la experiencia de las fuentes consultadas.