El Gobierno allana el camino para que Dolores Delgado asuma la nueva fiscalía de Memoria Democrática

La polémica Ley de Memoria Democrática pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de EH Bildu –y recurrida, en espera de sentencia, por su presunta inconstitucionalidad, ante el TC– dará, un año después de lo previsto por el Gobierno, una nueva salida profesional a la medida de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado.

Así lo avanzó El Debate, en julio de 2022, y hacia ello apuntan fuentes próximas a la Fiscalía tras el anuncio del Consejo de Ministros, este mismo martes, de la creación de varias plazaa específicas, como la de delitos de odio, entre las que se encuentra la de fiscal de Sala prevista en la polémica norma histórica, para que el Ministerio Público investigue «los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional, de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura» españolas.

La vacante, a la que Delgado podrá optar una vez haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), atribuirá a su titular «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización», tal y como está previsto en el artículo 28 del polémico texto legal que prolonga los efectos del franquismo hasta los primeros años de la democracia, bajo el Gobierno de Felipe González, por exigencia de los herederos políticos de ETA.

Además, según ha podido saber El Debate, el actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, sucesor de Delgado en el cargo y responsable de su impopular ascenso a la máxima categoría del escalafón del Ministerio Público –como fiscal de Sala del Supremo– le «asignó hace unos meses» a su mentora tareas relativas al despacho de «cuestiones sobre Derechos Humanos en materia internacional». Es decir, «le abrió la puerta» a acumular experiencia y méritos en una materia «tremendamente específica» que es la que, «muy previsiblemente», se le reclamará «en el nuevo puesto», señalan varias fuentes.

No en vano, García Ortiz sabe que tendrá la última palabra en dicho nombramiento, una vez formalmente convocada la vacante que, con toda probabilidad «irá al Consejo Fiscal del próximo mes de junio». El titular de la FGE, al que Delgado promocionó tras su dimisión, ya le devolvió en una ocasión anterior el favor de su ascenso proporcionádole la condición de fiscal de Sala, en septiembre del año pasado, y en contra del criterio de la mayoría de su Consejo asesor.

Varios movimientos preparatorios

Con la vista puesta en un horizonte a medio plazo para consumar su incorporación al puesto de Memoria Histórica, según apuntaron fuentes consultadas por El Debate un año atrás, el pasado verano, la entonces todavía fiscal general Delgado decretó varios cambios profesionales previos a su salida.

Entre ellos, el traslado del fiscal Fernando Rodríguez Rey, quien fuera número dos de María José Segarra, predecesora de la propia Delgado –que, como sucede habitualmente en el caso de los fiscales de Sala que una vez cesados se quedan sin funciones, son asignados a parcelas no especializadas– se encargaba de la coordinación de sus compañeros al frente de los denominados delitos de odio. Rodríguez Rey parecía, por lo tanto, el perfil más próximo a la nueva función que está por llegar. Sin embargo, antes de su dimisión Delgado lo destinaba al frente del área de delincuencia económica.

Según pudo saber El Debate, el movimiento se producía antes de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y el motivo «extraoficial» para explicar el traslado era que la inminente creación de una Fiscalía especialista, hasta ahora inexistente en el organigrama del Ministerio Público, aconsejaba liberar de funciones, sin estructura, a Rodríguez Rey. De esta manera, la llegada del nuevo Departamento, proyectado en una de las normas más ideológicas del Gobierno de Pedro Sánchez, encontraría el camino despejado desde dentro del propio Ministerio Público y a expensas, solamente, del Ejecutivo.

Ya en julio de 2021, el Gobierno encargaba a la entonces ministra de Justicia Dolores Delgado la creación de la nueva figura de «fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática» con el cometido de esclarecer los presuntos crímenes ocurridos durante el franquismo. De manera premonitoria, el Ejecutivo le encomendaba la concepción de esta nueva figura –que ha suscitado todo tipo de críticas en el seno del Consejo Fiscal y entre las principales asociaciones profesionales del sector– con la intención, preconcebida, de que ella misma fuese su destinataria.

El Gobierno ha dado hoy, con la aprobación de la vacante, el último paso previo para consumar el futuro y eventual nombramiento y «todas las papeletas apuntan a Lola como la elegida». Tan sólo un fiscal más antiguo y miembro, como ella, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), podría «ensombrecer su candidatura». Se trata de Carlos Castresana, exaspirante a fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, perseguidor del dictador argentino Augusto Pinochet y Comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala, con rango de Subsecretario General.