Víctimas de la okupación
Las víctimas de la okupación hacen una vigilia frente al Congreso para protestar por la Ley de Vivienda
Con pancartas y velas, las víctimas de la okupación han protestado por la nueva ley, que favorece a los okupas y deja desprotegidos a los propietarios
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Ayer jueves se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda, una norma que favorece a los okupas y deja desprotegidos a los propietarios. Con 176 votos a favor y 167 en contra, la medida ha salido adelante, con lo que si antes el proceso para echar a un okupa era tedioso, gracias a la nueva ley los propietarios se verán envueltos en un infierno que podrá alargarse hasta dos años para recuperar sus viviendas. Por eso, con el fin de mandar un mensaje a la cúpula política que elude el problema, algunos miembros de la Plataforma de Afectados por la Ocupación han acampado frente al Congreso de los Diputados para protestar por la nueva ley.
Visibilizar un problema muy real
Algunas víctimas, a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, han realizado una vigilia ante el Congreso de los Diputados para trasladar un mensaje con su presencia, que han acompañado con pancartas y velas. El portavoz de la plataforma, Ricardo Bravo, ha dado un paso al frente para reclamar a aquellos miembros del gobierno que giran la cara ante este problema que «se reúnan con los que lo están sufriendo». Solo el número de denuncias por okupación acumuladas en 2022 fue de 16.000. Con esta ley, temen que el número de casos aumente, pues se está poniendo en riesgo la propiedad privada en España al dejar desamparados a los propietarios.
La Ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado negacionista de la lacra de la okupación, pues en sus palabras «es un invento de la derecha». Sin embargo, las víctimas de la okupación saben bien que se trata de un problema muy real. Si antes los procesos de desahucio eran largos y costosos, ahora la nueva ley dilata aún más los plazos para echar a los okupas y deja desamparados a los propietarios, legitimando incluso que se les utilice como escudo social. Además, la normativa también deja abierta una puerta a que los organismos impidan echar a una familia okupa, introduciendo nuevos supuestos como el de vulnerabilidad.