La UE critica a España por Doñana pero mira para otro lado con la renovación del CGPJ y la ley de secretos

La Comisión Europea ha reaccionado rápida y vehementemente por la ley de regadíos de Doñana que han impulsado el PP y Vox en el Parlamento Andaluz. Así las cosas, a pesar de que la norma todavía se sigue tramitando y no se ha aprobado de manera definitiva, el portavoz comunitario, Virginijus Sinkevicius, remitió la semana pasada una respuesta parlamentaria a varios eurodiputados socialistas en la que manifestaba que utilizará «todos los medios a su alcance» para garantizar que España cumpla «efectivamente y sin demora» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE) que obliga a proteger el Parque Nacional.

Además, Sinkevicius manifestó el pasado lunes –tras una reunión mantenida con Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Medioambiente de la Junta de Andalucía– que la Comisión Europea está «profundamente preocupada» por el hecho de que la legislación andaluza propuesta podría «deteriorar» el humedal protegido de Doñana.

Por su parte, la directora de Medioambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, envió en el mes de febrero una misiva a Marcos Alonso, que encabeza la representación permanente de España ante la UE, que expresaba que la propuesta andaluza era «desconcertante» y que podría acarrear «sanciones pecuniarias» –es decir, económicas– si la legislación que se quiere implantar en Doñana vuelve a llegar a la justicia comunitaria.

El CGPJ, en julio

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva con su mandato prorrogado desde finales de 2018. El pasado jueves 27 de abril Vera Jourova, vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Estado de derecho, relató que se esperará hasta el próximo mes de julio para evaluar de manera «objetiva» los esfuerzos asumidos por el Ejecutivo y la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Asimismo, la vicepresidenta de la Comisión –a diferencia de lo ocurrido con la ley de regadíos de Doñana– rehusó contestar sobre si se le deberían imponer sanciones a España por la anómala situación en la que se encuentra el CGPJ. Se limitó a señalar que los órganos europeos confeccionan una evaluación «muy seria» y «con cuidado» de la situación en cada Estado miembro.

Jourova también expresó que está manteniendo contactos con el Gobierno español y con la oposición, y que ha recibido «muchas garantías» de que las partes implicadas están «trabajando» en las recomendaciones de Bruselas. «El CGPJ será uno de los asuntos más sensibles, imagino, en el debate político en España», añadió la política comunitaria. No obstante, también recordó que en el último informe anual de la Comisión se insta a España a renovar con carácter de urgencia el CGPJ y proceder «inmediatamente después» a la reforma del sistema de selección de vocales.

La ley de secretos, «anticuada»

Desde la Unión Europea tampoco se han posicionado de manera clara acerca de la Ley de Información Clasificada que el Gobierno quiere sacar adelante, y que deroga la ley de secretos de 1968. La norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya ha sido enviada al Consejo de Estado para que realice su preceptivo informe, crea una figura para proteger la materia clasificada que depende directamente del Ministerio de Presidencia, que actualmente encabeza Félix Bolaños.

La legislación vigente únicamente castiga al personal «adscrito a los Servicios de Protección de Materias Clasificadas» o cualquier otro «al servicio de la Administración» cuando difundan o publiquen materias clasificadas. Sin embargo, la ley del Gobierno pretende imponer sanciones «muy graves» –de entre un millón y tres millones de euros– cuando, por ejemplo, se difunda información calificada como Alto Secreto o Secreto, aunque se haya tenido acceso a ella de manera «fortuita» y «sin necesidad de conocer».

La última vez que la Unión Europea menciono la legislación española en materia de secretos fue en noviembre de 2022. Un informe preliminar de la Comisión de Investigación de la Eurocámara puso el foco sobre la ley de Secretos Oficiales de 1968, lamentando que se originó durante «la era franquista» y «su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España». «El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto», decía el texto.