El CGPJ prorrogado estrenará presidente conservador coincidiendo con la llegada de Sánchez a la UE

En diciembre de 2022, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, publicaba una adenda al segundo informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación que, año tras año, hace a cada uno de los Estados miembros para prevenir prácticas vinculadas a la corrupción en los ámbitos parlamentario, judicial y la Fiscalía. Y, en el caso de España, el mayor reproche se lo lleva siempre la sombra de la «politización» que recae sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De ahí que, en varias ocasiones desde la institución, se ha instado a España a modificar «con urgencia» el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial para que sean «elegidos por sus pares». Esto es, que los jueces voten a sus propios representantes sin que el Ejecutivo o el Legislativo participen «en ninguna etapa» del proceso.

Así las cosas, y pese a las recomendaciones europeas para que, antes de llegar a la Presidencia comunitaria el próximo mes de julio el CGPJ estuviese renovado como un «gesto» de nuestro país hacia la independencia judicial que ha estado en entredicho, Pedro Sánchez, descartaba hace unos días la posibilidad de poder llegar a un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo antes de las elecciones generales que, previsiblemente, se celebrarán en diciembre.

De cumplirse la premisa, Sánchez estrenará su mandato al frente de la UE con un CGCPJ longevo, adverso –ya que la actual mayoría conservadora se ampliaría sin grandes problemas– y, «si no hay ningún movimiento extraño» con un nuevo presidente, Vicente Guilarte, por jubilación obligatoria del anterior, Rafael Mozo, quien el próximo 19 de julio cumple los 72 años que la ley permite, como máximo, a los miembros del Poder Judicial. Llegados a dicha fecha ya serán sólo 16 los miembros en activo del órgano, de los 20 que deberían conformarlo en circunstancias ordinarias, y el balance total de vocales quedará seis a diez a favor de los designados, por última vez hace cinco años, a propuesta del PP.

La Comisión Europea esperará hasta entonces para evaluar de manera «objetiva» los esfuerzos asumidos por el Gobierno y la oposición de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando publique su informe anual sobre la salud democrática en los Veintisiete. Y será en dicho momento cuando la Presidencia de turno de la UE que asumirá España funcionará a modo de «escaparate». Por el momento, todo apunta a que la cuestión será un escollo para Sánchez y una mancha en su gestión política, frente al resto de miembros europeos, de cara a defender los niveles de calidad democrática de nuestro país.

Un bloqueo sin solución

Lo cierto es que el líder de los socialistas fía todos sus cálculos hacia una victoria judicial de la izquierda politica el próximo mes de diciembre, tras las elecciones generales –y , precisamente, apoyado en el aval de su Presidencia europea– para conseguir una mayoría política 'progresista' más amplia de la que actualmente tiene gracias a los apoyos de sus socios de legislatura, como garantía para la renovación del Consejo. Mientras tanto, la realidad que es impone es cómo el CGPJ en funciones prorrogadas, desde 2018, es la única institución del Estado que resiste a los intentos de control del Ejecutivo socialista antes de las generales.

Un Gobierno que, además ve cómo, cada vez más, se amplía la brecha en el sector de la izquierda del órgano de los jueces frente a los conservadores. Si tras las salidas de Carlos Lesmes, por dimisión, Rafael Valverde, por jubilación y Victoria Cinto, por fallecimiento, la brecha se ampliaba entre ambas sensibilidades. En las últimas tiempos, la primera de ellas se veía mermada en un efectivo más por la dimisión de la vocal Concepción Sáez ante la situación de prórroga «insostenible» que afecta al CGPJ.

De nada sirvieron los intentos posteriores de otro de los vocales del bloque zurdo del Consejo, Álvaro Cuesta, para seguir el camino de su compañera pero con una dimisión en bloque de todo el sector. Los planes de Moncloa a través de Cuesta para frustrar el quorum legal del órgano –y, forzar con ello al PP a una renovación inmediata– fracasaron por la oposición de tres de los miembros afectados por las maniobras internas del exdiputado socialista Cuesta. Sánchez era cuestionado al respecto, en rueda de prensa tras finalizar un Consejo Europeo y, curiosamente, señalaba la imposibilidad de entrar a valorar las decisiones que fuesen a tomar los integrantes del CGPJ, como presidente del Gobierno.

Pese a lamentar que el órgano de gobierno de los jueces lleve cuatro años y cuatro meses bloqueado y tras insistir en que es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo es quien debe recuperar su autonomía y cumplir el acuerdo al que habían llegado el PP de su predecesor, Pablo Casado, y el Gobierno actual para renovar la institución, Sánchez considera que tras las elecciones «con una mayoría progresista más amplia» estará en posición de hacer ver al PP, de una vez por todas, que tiene que «cumplir con la Constitución y pactar la renovación». Un nuevo reparto de cromos.