El separatismo persigue un Poder Judicial propio y sumiso para dar inmunidad a sus cabecillas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó el pasado miércoles a la exconsejera catalana Meritxell Serret a un año de inhabilitación para cargo público y 12.000 euros de multa por desobediencia en el marco del procés. La también exconsejera de Carles Puigdemont Clara Ponsatí replicó en Twitter: «Nunca tendremos justicia ante un juez español. ¡Contigo, Meritxell Serret!».

La propia Ponsatí, actualmente eurodiputada, debía haberse presentado el 24 de abril ante el juez Pablo Llarena en el Tribunal Supremo para que le comunicara su procesamiento por un delito de desobediencia. Pero se marchó a Bruselas con el pretexto de que tenía «trabajo». Porque Ponsatí se jacta de que no reconoce los tribunales españoles.

Para el independentismo, el TSJ de Cataluña también es un tribunal español que subyuga a Cataluña, porque ejerce sus funciones en virtud del artículo 152 de la Constitución: «Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma», recoge la Carta Magna. «En los Estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste», añade.

De hecho, los secesionistas tienen hecha cruz y raya al presidente del TSJ catalán, Jesús María Barrientos, y a varios de sus magistrados. Entre ellos, Carlos Ramos. El pasado noviembre, el Supremo anuló una sentencia del TSJ de Cataluña que había condenado a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament por desobediencia. Y ordenó repetir el juicio, atendiendo a los recursos de las defensas sobre el derecho de sus clientes (Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) a un tribunal imparcial.

Barrientos y Ramos habían formado parte de la Sala que admitió las tres querellas que dieron lugar a aquella causa. Y también de la que desestimó los recursos de súplica de las defensas. Ésa era la cuestión.

El «Tribunal Supremo» catalán

El independentismo siempre ha tenido entre las prioridades de su «República» la creación de una Justicia propia para no tener que responder ante la española. Ello pasaría por transformar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una especie de Tribunal Supremo catalán. Éste sería la máxima instancia judicial en todos los órdenes: civil, penal, social y contencioso-administrativo. El proceso de selección de sus magistrados sería político. Y los elegidos serían, por descontado, afines a las posiciones separatistas.

El proyecto supondría la voladura del ordenamiento jurídico español y la perdición del Estado, porque los políticos catalanes pasarían a estar aforados (protegidos, más bien) ante esa pseudojusticia. Que sería, asimismo, la que decidiera sobre el sobreseimiento o anulación de todos los procesos judiciales que afectaran a los Junqueras y Puigdemont de turno.

En enero, 26 de los 88 jueces destinados en Cataluña pidieron el traslado fuera

Mientras llega, el camino corto es convertir el ambiente en Cataluña en irrespirable para los jueces. En el último concurso de traslados, que el Consejo General del Poder Judicial resolvió en enero, 26 de los 88 jueces que prestaban servicio en la Comunidad pidieron un cambio de destino. Un «éxodo» que, como publicó El Debate entonces, tiene que ver con las presiones, ataques y desautorizaciones por parte del independentismo.

El último intento –que no el único– del separatismo catalán por crear una Justicia a su medida estaba incluido en la Ley 20/2017 de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, una de las 'leyes de desconexión' aprobadas en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017: «El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culmina la organización judicial de Cataluña», rezaba su texto.

Eso no era lo peor, sino que aquella ley hacía saltar por los aires la separación de poderes, al condenar al Poder Judicial a actuar de forma «coordinada con el Poder Ejecutivo». Su órgano de gobierno (como lo es el CGPJ en España) estaría formado por «el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales y cinco magistrados o jueces elegidos por el Parlamento por mayoría absoluta». Así pues, estos últimos serían ni siquiera serían avalados por una mayoría reforzada de tres quintos o dos tercios del Parlament de Cataluña, sino de la mitad más uno.

El Estatut de 2006

En realidad, el Estatut de 2006, el que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a apoyar, trajo los polvos en los que derivaron estos lodos. En uno de los artículos de ese Estatut declarados posteriormente inconstitucionales por el TC, el 97, el legislador contemplaba la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña: ése sería el órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña, al margen del CGPJ español.

En cualquier caso, los catalanes no fueron los pioneros. Ya lo había intentado antes el nacionalismo vasco en el llamado Plan Ibarretxe. La propuesta de Estatuto vasco que rechazó el Congreso de los Diputados en 2005 también articulaba un Poder Judicial vasco propio sin apenas injerencia del Tribunal Supremo español. Asimismo, disponía la creación de un Consejo Judicial Vasco plenipotenciario en la designación de jueces. De manera que el PNV y (entonces) Batasuna se aseguraban el control del estamento judicial.

Todavía después del fracasado procés catalán, cuando en 2018 el PNV y Bildu se sentaron para negociar la reforma del Estatuto de Autonomía vasco en vigor, ambos partidos convinieron en la necesidad de retomar la idea de una Justicia «propia» para el País Vasco. Los de Arnaldo Otegi propusieron entonces romper de forma radical con la Justicia española. Los de Andoni Ortuzar, dejar relegado al Tribunal Supremo español convertido únicamente en un estamento De momento, es la reforma estatutaria de nunca acabar.

En el caso catalán, en mayo de 2022 Puigdemont anunció que el Consejo por la República (el órgano parainstitucional que él dirige desde Bruselas) tendría un «tribunal republicano». Lo definió como el «embrión» del futuro «Poder Judicial de la República catalana». El independentismo ni ha abandonado ni abandonará esa linde.