El éxodo de jueces en Cataluña

«El ataque masivo y constante que está sufriendo el Poder Judicial en Cataluña, con una propaganda que persigue el desprestigio social de sus miembros, abanderado por el movimiento independentista; la imposición coactiva de la lengua; los ataques a las sedes de los edificios judiciales en todo el territorio regional; y, la ampliamente aceptada desobediencia a las resoluciones judiciales en Cataluña, han contribuido a que la proporción de jueces que se han ido en comparación a los que han venido» a la región «esté absolutamente desequilibrada», denuncian fuentes judiciales a El Debate.

Veintiséis de los ochenta y ocho jueces que prestaban servicio en la comunidad autónoma han pedido el cambio de destino en el último concurso de traslados resuelto por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de enero. Tan sólo dos nuevos profesionales llegan desde fuera como un reemplazo claramente insuficiente, si quiera, para cubrir las vacantes. Los magistrados piden incentivos económicos suficientes que pongan freno a la sangría.

Desde la irrupción del denominado proceso soberanista se ha producido «una grave ruptura de la convivencia social en Cataluña, con especial incidencia en los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal allí destinados», apuntan fuentes próximas al entorno de la Magistratura. En especial, si se tiene en cuenta que «quienes están llamados a aplicar la ley, a veces en contra de los propios dirigentes autonómicos y locales» sufren en su día a día «situaciones personales de amenaza, desasosiego y rechazo por parte del denominado sector independentista con utilización, incluso, de medios violentos».

Así las cosas, el éxodo de los jueces en la comunidad autónoma es un «severo problema estructural» que difícilmente se puede suplir por la «vía forzosa», lamentan las mismas fuentes, «pese a las mejores intenciones» del máximo órgano de gobierno de los jueces que, año tras año, trata de buscar soluciones a la compleja situación.

Y es que, de los últimos datos computados, en las últimas dos promociones de jueces, el noventa por ciento de las plazas totales ofertadas estaban en Cataluña, la mayoría de las cuales se asignaron obligatoriamente. Casi la mitad de las plazas desiertas en nuestro país se encuentran, igualmente, en la comunidad autónoma.

Los magistrados reivindican las necesidad de implementar, entre otros reclamos, medidas económicas que incentiven la llegada de jueces a Cataluña pero, sobre todo, la permanencia de los mismos en la región. Ya que, en este momento, el problema real de la Justicia en la región pasa porque los miembros de la Carrera Judicial que llegan a la misma, de manera involuntaria, no permanecen durante más de un año, de media, en el puesto asignado.

Y es que para paliar la situación y revertir una tendencia que, lejos de corregirse desde 2017, fecha en la que se neutralizó el procés independentista, ha venido aumentando en los últimos años, algunas de las asociaciones profesionales mayoritarias han pedido asignar a los jueces y magistrados destinados en Cataluña un complemento salarial. Una medida con la que no sólo se estaría tratando de empujar a la elección de destinos en una demarcación en déficit de efectivos sino que, además, buscaría ayudar a quienes ya ocupan plazas en la comunidad autónoma a sostener el elevado nivel de vida en la misma. Así lo ha reiterado, en numerosas ocasiones, por ejemplo, la delegación catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Una Justicia propia

La preocupante situación de la Justicia en Cataluña, además, no hace sino debilitar a uno de los Poderes del Estado a los que apunta el separatismo en la que será su 'hoja de ruta' para los próximos años. Tras los pactos alcanzados entre Esquerra (ERC) y el Gobierno de Pedro Sánchez para eliminar la sedición y rebajar la malversación, a cambio de aprobar los nuevos presupuestos, los de Oriol Junqueras no renuncian a uno de los aspectos nucleares de su histórica reivindicación: quieren asegurarse el control de la Justicia en un nuevo, futuro y eventual Estatut.

El independentismo aspira a disfrutar de una Justicia propia para no tener que seguir respondiendo ante la Justicia española. Y, para ello, planea reconvertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una suerte de Tribunal Supremo catalán que tendría la categoría de máximo órgano judicial en todos los órdenes –civil, penal, contencioso-administrativo y social– y en el que sus magistrados serían designados de entre los jueces formados por la propia Administración territorial. Un escenario al que, si no cambian las cosas, está abocada la Carrera Judicial

Agotada la vía coactiva del procés que tras las modificaciones incluidas por el Ejecutivo socialista en el Código Penal a la carta aprobado antes de final del año pasado hará imposible perseguir y castigar una reedición del mismo. El pacto entre el PSOE, alentado por la federación catalana del PSC, y los republicanos de ERC no contempla, de ninguna manera, que se pueda reeditar una condena a las pretensiones independentistas, como sucedió en la sentencia del Supremo: penas de cárcel de entre nueve y 13 años a nueve de los procesados por delitos de sedición y malversación –indultados–, y multas a otros tres por desobediencia.