La Generalitat planea una inmersión lingüística para la Justicia

La Generalitat quiere «impulsar un pacto catalán por la Justicia» de «kilómetro cero». Esto es, «que tenga el derecho civil catalán como referencia, que se preste en catalán y que cuente con jueces, fiscales y letrados arraigados en Cataluña». Para ello, la actual consejera del ramo, Lourdes Ciuró, ha aprobado una subida del incentivo que hasta la fecha han venido recibiendo los abogados de parte por presentar los escritos en catalán, de 14 a 20 euros. Con esta medida, Ciuró ha emplazado al colectivo de abogados, más de 23.000 en la comunidad, a «romper inercias» e implicarse en «los proyectos de país» para revertir la escasa presencia que actualmente tiene el catalán en el día a día de la Administración de Justicia. 

Hasta la fecha, la Generalitat había previsto que los abogados cobraran 14 euros extra por cada actuación procesal que lleven a cabo en dicha lengua, ya sea una demanda, una contestación o un recurso en el marco del turno de oficio. Aunque la medida no ha surtido más efecto que «algunos casos puntuales», apuntan a El Debate fuentes judiciales, lo cierto es que «desde la Administración pública no cesan en el empeño de que la inmersión lingüística alcance, también, el ámbito judicial en la mayor medida posible». 

De no menos calado «es la focalización de los esfuerzos políticos autonómicos en asumir competencias» en Justicia, denuncian las mismas fuentes. No en vano, el Poder Judicial «es el pilar constitucional fundamental del Estado español en Cataluña, por lo que el movimiento independentista ha dirigido sus aspiraciones a la asunción de competencias sobre los jueces catalanes». 

Especialmente significativos han sido los esfuerzos desplegados sobre la denominada «justicia interina», donde «es notorio que se ha tratado de transmitir, por parte de los promotores del proceso soberanista, un mensaje de estabilidad para el caso de lograr el objetivo independentista, lo que ha producido sintonías» en dicho colectivo, han denunciado a El Debate desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). 

Es decir, la movilidad constante y la desertización de las plazas de jueces titulares en la comunidad autónoma, fruto de las presiones del independentismo, ha implicado «necesariamente el recurso a la Justicia interina» y su «sobredimensionamiento».

«El ataque masivo y constante que está sufriendo el poder judicial en Cataluña, con una propaganda que pretende lograr el desprestigio social de los miembros del poder judicial abanderado por el movimiento independentista; la imposición coactiva de la lengua; los ataques a las sedes de los edificios judiciales de todo el territorio regional; y, la ampliamente aceptada desobediencia a las resoluciones judiciales en Cataluña, han contribuido» según denuncian fuentes del entorno judicial, «a que la proporción de jueces que se han ido en comparación a los que han venido a Cataluña esté absolutamente desequilibrada».

El escenario en el que los jueces y magistrados que pudiendo optar por vivir de forma más estable en Cataluña, lo están haciendo, cada vez con más frecuencia y en mayor número, por concursar a plazas que les permitan desarrollarse profesionalmente –ajenos a la amenaza política que ha castigado severamente a los jueces y magistrados destinados en Cataluña– ha incrementado, además, las cifras de las interinidades.

Así, según los datos de la última memoria estadística del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del ejercicio 2020 y, por tanto, referidos a 31 de diciembre de dicho año, la interinidad era: para los Jueces de un 12,66 % (106 plazas vacantes de un total de 837), para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) de un 24,04 % (158 plazas vacantes de un total de 657) y en el caso de los funcionarios del 50,74 % de interinos frente al 49,26 % de titulares.

Deslealtades y sangría

A todo ello ha que sumar «la manifiesta deslealtad con la que han actuado quienes están llamados a colaborar con la Justicia, singularmente la Policía Autonómica y el Departamento de Justicia» con los jueces, una dinámica que «ha extendido el fenómeno independentista a otros colectivos profesionales como los abogados, con algunos Colegios profesionales territoriales alineados» en las tesis independentistas, lo que «ha abundado en la percepción general de un ambiente de trabajo viciado», lamentan desde APM.

Otro problema muy destacado para los jueces destinados en Cataluña con hijos menores es el de la escolarización. En especial, para todos aquellos procedentes de fuera de la Comunidad, de manera temporal. El hecho de que su perspectiva sea regresar a sus lugares de origen choca frontalmente con la «inmersión lingüística que implica la priorización del idioma catalán, con mayor frecuencia e impacto en la escuela pública». Esto «determina que muchos compañeros deban hacer un sobreesfuerzo económico para llevar a sus hijos a centros privados o concertados a fin de minorar en lo posible el impacto del sistema de inmersión» durante el tiempo en que ocupan plazas dentro de la Comunidad Autónoma.