Sánchez se reunió en Ferraz con las principales asociaciones de jueces y fiscales como líder de la oposición

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dudado en lazar fuertes críticas contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por reunirse con la Asociación de Fiscales –la mayoritaria del sector– el pasado 18 de abril. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado de «gravísimo» el encuentro ya que, según él, la intención de Feijóo es «seguir maniobrando en la oscuridad con el Poder Judicial».

«¿Qué compromisos adquirió con una parte del Poder Judicial sobre derogar leyes en nuestro país? ¿Por qué el señor Feijóo se reúne con gente del Poder Judicial?», ha cuestionado el ministro Bolaños. Además, ha criticado que el PP pretenda «retroceder España una década».

No obstante, en abril de 2018, Pedro Sánchez, siendo líder de la oposición, mantuvo un encuentro con las cuatro asociaciones de jueces –Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente– y a las tres de fiscales, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. A dicha reunión acudieron también Margarita Robles, entonces portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, vicesecretaria del partido, y Juan Andrés Perelló, secretario de Justicia del PSOE.

Asimismo, Sánchez solicitó el encuentro con tan solo 24 horas de antelación, algo que las asolaciones calificaron en una nota de prensa como una «citación intempestiva».

Apuesta por una justicia moderna

Durante el encuentro, el entonces líder de la oposición quiso comentarles a las principales asociaciones de jueces y fiscales que apostaba por una justicia moderna y dotada de «medios suficientes, transparente y eficaz», según informó el PSOE en un comunicado. Por su parte, desde la judicatura le comunicaron a Sánchez que se evitará «cualquier injerencia de los otros poderes en el judicial», y «la necesidad de asegurar que los nombramientos judiciales respondan a mérito y capacidad».

Por su parte, los representantes del Ministerio Público reclamaron «un Pacto de Estado por la Justicia» que, en el caso de los fiscales, «contemplara una mayor independencia». Tras cinco años en el Gobierno, Pedro Sánchez se enfrenta ahora a una huelga de jueces y fiscales por la «nula voluntad» del Ejecutivo de negociar, ya que piden «la necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable y justificada por la pérdida de poder adquisitivo».

Asimismo, Pedro Sánchez durante este tiempo ha nombrado a dos fiscales generales del Estado muy cercanos al PSOE, tanto Dolores Delgado, que fue ministra de su Gobierno; como Álvaro García Ortiz, con un pasado socialista.

Además, el presidente del Gobierno ha rehusado renovar el Consejo General del Poder Judicial, maniatándolo en sus nombramientos, y ha conseguido lograr una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.