Los ERE llegan al Constitucional con Griñán en libertad y Europa pidiendo endurecer las penas por malversación

Uno de los principales condenados en la pieza política de los ERE andaluces, el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, asistirá en libertad al primero de los primeros debates del Constitucional sobre los recursos «conexos» que, tanto él como varios de sus compañeros, presentaron contra la sentencia del Supremo que confirmó su culpabilidad y ratificó sus penas de prisión como autores de varios delitos de prevaricación y malversación.

Pese a haber sido condenado en firme por el Alto Tribunal a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, Griñán no ha llegado a ingresar en la cárcel apoyado en motivos médicos. Un diagnóstico de cáncer de próstata y el tratamiento necesario para atenderlo han sido, hasta el momento, las razones que la Audiencia Provincial de Sevilla, órgano judicial competente para la ejecución de las condenas, ha tenido en consideración.

No así en el caso de Juan Márquez Contreras, exdirector general de Trabajo y José Antonio Viera, castigados con 7 años de prisión y 18 más de inhabilitación; Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, con 6 y 15 años respectivamente; y, el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, penado con 9 años de inhabilitación que han visto como sus sanciones eran de inmediata aplicación y, excepto este último, entraban en sus respectivos centros penitenciarios, el pasado mes de enero.

La polémica y excepcional situación de libertad para Griñán, por razones humanitarias, choca en último término con el «descontrol absoluto» que consintió –durante más de una década, al igual que su predecesor en el cargo Manuel Chaves– y permitió el fraude institucionalizado mediante el que se desviaron más de 700 millones de euros de los parados andaluces. Una cifra que escandaliza en sede doméstica pero que, también, lo hace fuera. No en vano, la Comisión Europea anunciaba, en las últimas horas, una propuesta legislativa orientada no sólo a armonizar los reproches penales a los delitos de corrupción para todos los Estados miembro de la Unión (UE) sino, además, a que estos fuesen más duros de lo que lo son en la actualidad.

Así las cosas, Bruselas desautoriza la rebaja de la malversación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios de Esquerra (ERC) y lo hace mediante una directiva –que tendrá que ser acordada por el Parlamento y el Consejo europeos, en un trámite posterior– que desmonta, en paralelo, el argumento de la «armonización» dado por el propio Ejecutivo socialista para justificar la reducción de las penas asociadas a los dos nuevos tipos atenuados del delito que recoge nuestro Código Penal tras su reciente modificación.

Si la iniciativa comunitaria prospera, España quedaría obligada a recuperar la gravedad de la malversación y a retocar el reproche criminal asociado a otros delitos como el cohecho, la prevaricación, el enriquecimiento ilícito o el tráfico de influencias para que las mínimas de prisión sean de 5 años, en el mejor de los casos.

Sin efectos retroactivos en ERE y procés

No obstante, el planteamiento de la Comisión Europea para que los países miembros de la UE sintonicen las horquillas de las condenas por delitos de corrupción política e incrementen las penas en algunas modalidades concretas como, por ejemplo, la malversación, no será aplicable a los casos en los que los ilícitos ya se hayan cometido. Esto es, en España, y de acuerdo al principio básico del Derecho Penal según el cual siempre ha de aplicarse la ley más favorable al reo, es muy poco probable que la nueva reforma instada por Europa afecte a los condenados por los ERE andaluces o por el procés catalán.

Sí habría posibilidades, en cambio, de que una vez haya entrado en vigor el nuevo texto legislativo, las nuevas penas asociadas al delito de malversación pudieran ser de uso en en un futuro y eventual juicio contra los líderes fugados de la Justicia por el referéndum del 1-O, como Carles Puigdemont. Un nuevo aval de Bruselas a la Justicia española que se encuentra a la espera de que el Tribunal de la Unión Europea (TJUE) resuelva las cuestiones planteadas por el magistrado instructor Pablo Llarena, quien al hilo de lo que suceda podría reactivar, de manera inmediata, la entrega del expresidente prófugo de la Generalitat.