Conde-Pumpido altera los consensos jurídicos del TC para salvar la legislatura de Sánchez

La Presidencia de Cándido Conde-Pumpido en el TC, tras la renovación del órgano a la medida de los intereses de Pedro Sánchez, se ha convertido en un coladero para el aval de todas cuantas normas, decretazos o no, han nacido desde el Gobierno, en una de las legislaturas más complejas para la Corte por el alto contenido ideológico de las materias sobre las que está teniendo que pronunciarse. Aborto, eutanasia, memoria democrática, ley educativa, decisiones unilaterales de la Mesa del Parlamento, cuestión lingüística del catalán,... y, esta misma semana, reforma de la sedición y rebaja de la malversación –que ahora Europa apuesta por agravar en todos los Estados miembro– engordan el palmarés de una Corte altamente politizada.

Hasta tal punto que, reducida la minoría del bloque conservador a cuatro magistrados de doce, Conde-Pumpido ha acelerado, con el respaldo de los siete miembros de la izquierda, la producción de las sentencias más favorables al Ejecutivo aunque para ello haya tenido que alterar, en más de una ocasión, los consensos jurídicos habituales y la histórica doctrina del Tribunal.

Son cada vez más las voces críticas de los expertos que no se sienten identificados con la deriva de un TC que en lugar de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, en función de lo dispuesto en cada uno de los artículos de nuestra Carta Magna, en realidad está actuando como «poder constituyente». Y lo hace para declarar conforme a la Constitución «aquello que es contrario a lo que el propio texto dispone» bajo el argumento de «la ponderación o de los valores». Una vía «indeseable» y «peligrosa» para los consensos más básicos de nuestro Estado de Derecho que, además, no está respetando en muchas ocasiones «las posiciones previas» del Tribunal sobre cuestiones de «calado democrático».

Sin ir más lejos, esta misma semana, en el Pleno convocado el día 9, la Corte aprobará el sistema de plazos del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin tener en cuenta la sentencia de 1985 del propio órgano en virtud del cual la legalidad del aborto, en cada caso, venía dada por un «juicio de ponderación» que, a partir de ahora, ya no se dará. Y, todo ello, para consagrar el aborto como un «derecho» –si bien «no fundamental»– inequívoco e irrenunciable de la «autodeterminación de la voluntad de la mujer» llevada hasta sus últimas consecuencias.

La Corte dará así luz verde al aborto como un derecho personal de las mujeres que les permite decidir, en términos cuasi absolutos –de manera libre, voluntaria, informada y consciente– sobre cualquier aspecto de su realidad, incluida la maternidad.

Así las cosas, la posición ideológica sobre la «ley Aído» que fijará la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, nace de la construcción jurídica acuñada en el reciente fallo sobre la ley de la eutanasia, en la que por encima del derecho a la vida se antepuso, con amparo en la Constitución, el derecho que permite a cualquier persona decidir cuándo y cómo quiere morir «en situaciones médicamente contrastadas de enfermedades terminales o gravemente incapacitantes». Una libertad de elección que, una vez explorada y analizada, es a juicio de la magistrada Montalbán, y del resto de los magistrados del bloque zurdo del TC, extrapolable a los supuestos de la interrupción del embarazo.

Los precedentes que confirman la deriva

Conde-Pumpido estrenaba su «rodillo», nada más convertirse en presidente del Constitucional, tras varias visitas a la Moncloa, para dejar sin representación institucional al ala conservadora al designar como vicepresidenta a Inmaculada Montalbán. Y, para ello, desoía una norma no escrita en el seno del Tribunal según la cual tanto el primero como su segundo deben ser elegidos entre los jueces que se encuentran en el último tercio de su nombramiento –no en el primer año de andadura como sucede con la actual– y, en todo caso, respetando la alternancia de sensibilidades ideológicas en los dos puestos de mayor responsabilidad.

No en vano, para consumar los planes de Sánchez en esta misma legislatura, antes de las próximas elecciones generales de diciembre, se hacía imprescindible recurrir a uno de los perfiles de confianza para la izquierda en el ámbito judicial, que nunca ha ocultado su simpatía con el PSOE y, por lo tanto, dispuesto a diseñar las estrategias necesarias para armar, entre otras cuestiones, el «encaje» constitucional de la Cataluña que ansían los socios separatistas del Gobierno.

Y es que, una vez rebajada la malversación del procés y suprimida la sedición del Código Penal, al gusto del independentismo de Esquerra (ERC), sólo resta activar el botón verde de Conde-Pumpido a ambos retoques que, esta misma semana, estarán sobre la mesa del TC. Todo como paso previo a garantizar la legalidad de un nuevo Estatuto de autonomía en el que la «consulta pactada» separatista se convierta en una realidad a la medida efectiva del derecho a decidir de los autodeterministas catalanes.