La mesa de retribuciones con jueces y fiscales finaliza sin acuerdo con el Ministerio a 8 días para la huelga

La segunda oferta presentada por los Ministerios de Justicia y Hacienda a las asociaciones de jueces y fiscales que, este lunes, se reunían de nuevo con los interlocutores designados por las ministras Pilar Llop y María Jesús Montero para la Mesa de Retribuciones, tampoco ha sido suficiente. Pese a que desde ambos Departamentos han mejorado hasta los 46 millones de euros la propuesta inicial del pasado miércoles, que partía de 44 millones para mejorar sus condiciones salariales y profesionales, el importe final no ha sido suficiente para desbloquear el conflicto y evitar la huelga indefinida que cinco de las siete entidades mayoritarias han convocado a partir del próximo día 16 de mayo. Las partes se han emplazado para una tercera ronda de conversaciones, al próximo miércoles día 10.

Los representantes de la Carrera judicial y fiscal se daban cita esta misma mañana, a las 11.30 horas, con los equipos de Justicia, Función Pública, los tres vocales designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) tras consultar con sus ejecutivas y delegados el contenido de la primera propuesta económica sobre la mesa de negociación. Aunque con una predisposición «positiva» ante el «cambio de actitud» del Departamento que lidera la ministra Llop, la oferta planteada es «insuficiente» para aproximar dos posturas que, todavía, siguen «muy alejadas» de las expectativas de un colectivo que aspira a una actualización salarial «razonable».

Por una parte se trata de recuperar, como mínimo, la «pérdida de poder adquisitivo» que los jueces y fiscales sufren desde 2009, debido a los recortes aplicados a los funcionarios públicos fruto de una crisis económica generalizada. Por otra, acceder a una propuesta económica «convicente» y adecuada no sólo a la carga de trabajo sino, también, a las nuevas atribuciones que han ido asumiendo los magistrados y los miembros del Ministerio Público, en los últimos años, como consecuencia de las diferentes reformas legislativas que han entrado en vigor.

Así las cosas, la baza inicial de 44,5 millones de euros de Justicia, ha sido mejorada a lo largo de la jornada de hoy, hasta en dos ocasiones, hasta los 46 millones aproximadamente, según ha podido saber El Debate, ha resultado «insuficiente» porque subsana la pérdida de poder adquisitivo del 20% sufrida por jueces, magistrados y fiscales en estos últimos años.

Optimismo «contenido» a 8 días del paro

Como añadido extra, tanto Justicia como Hacienda han tentado a las asociaciones de la carrera judicial y fiscal con un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficienci en curso, en la fase final de su tramitación parlamentaria, y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.

A ocho días de que arranque el primero de los paros generales e indefinidos registrados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) todo sigue dependiendo de la llegada de una oferta adecuada a las expectativas de los jueces y fiscales que, además, cuentan con el apoyo inequívoco del CGPJ y el respaldo «decidido y firme» de los jueces decanos de nuestro país.

«Se hace imprescindible la adecuación de las retribuciones de la Carrera Judicial de acuerdo a la responsabilidad de nuestra función y la sobrecarga de trabajo que durante años llevamos soportando. Esperamos, en beneficio de la Administración de Justicia y para evitar que los jueces nos veamos abocados a ejercer nuestro derecho de huelga, que se alcance un acuerdo que satisfaga las justas pretensiones que se vienen reivindicando de forma histórica por la Carrera judicial», han recogido en un comunicado conjunto emitido con motivo de las XXXI Jornadas de magistrados de España.

Ante el movimiento del órgano de gobierno de los jueces, la APIF solicitó a la Fiscalía General del Estado que se pronunciase públicamente en favor de la legitimidad de las reclamaciones retributivas que plantean las asociaciones fiscales. Desde la jefatura del Ministerio Público, aunque no se posicionaron con la misma firmeza que el CGPJ, se dirigieron por vía interna al conjunto de la carrera fiscal para avanzar que sostendrían «la aplicación de las previsiones específicas» sobre actualización salarial, defendiendo que la regulación del régimen retributivo es un «elemento configurador de su independencia económica».