El Gobierno compra un potente software para acelerar la apertura de fosas del franquismo

El Ministerio de Justicia ha adquirido un potente software forense, de creación holandesa, para acelerar la identificación de víctimas del franquismo enterradas en fosas comunes, «para que puedan darles digna sepultura, poniendo fin a la existencia de miles de desaparecidos en España, que revictimiza a sus familias», según la intención del Gobierno.

No obstante, su uso también podrá extenderse a la identificación de los 118 republicanos enterrados en el Valle de los Caídos y cuyas familias llevan años pleiteando para que sean exhumados. Un procedimiento que, hasta la fecha, los técnicos han considerado harto complicado por «el deterioro de las criptas y de los columbarios señalados, unidos al volumen de restos enterrados»; lo que «hace prácticamente imposible, como norma general, las identificaciones individualizadas», según dejaron reflejado en un informe encargado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

El programa puntero se llama Bonaparte, según ha podido saber El Debate, y se trata de un proyecto que el Instituto Forense de los Países Bajos y la Universidad de Radboud crearon en 2010. Utiliza el ADN humano para identificar víctimas de grandes catástrofes o de personas desaparecidas. Justicia ha previsto un desembolso inicial de 289.000 euros.

Un banco estatal de ADN

La Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor de octubre de 2022, establecía la creación de un Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura como una Base de datos de ADN de carácter estatal, «que tendrá por función la recepción y almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura y sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos, a fin de poder comparar dichos perfiles de ADN con vistas a la identificación genética de las víctimas», según la norma.

Hay comunidades, como Andalucía y el País Vasco, donde ya hay bancos de ADN autonómicos. Hay otras en las que la tarea la llevan a cabo laboratorios de ADN designados por la administración regional. La intención del Ejecutivo es que el nacional sirva de paraguas para todos ellos. La gestión correrá a cargo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en colaboración con los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses autonómicos.

A mayores de adquirir este programa, el departamento de Pilar Llop está elaborando «un manual técnico» para laboratorios que van a registrar los perfiles genéticos, así como un estudio «para la acreditación de los laboratorios por parte de la Comisión Nacional para el Uso Forense del ADN».

El software fue utilizado en Vietnam y para la identificación de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines

En el año 2016, el Gobierno de Vietnam firmó un contrato con la empresa que gestiona el software Bonaparte, SMART Research BV. Las autoridades vietnamitas se habían propuesto la identificación, en una década, de al menos 80.000 de las 650.000 víctimas de la guerra que devastó el país entre 1955 y 1975.

El programa también fue empleado para la identificación de las víctimas del vuelo MH17 de Malaysia Airlines derribado sobre Ucrania en julio de 2014, con 298 pasajeros a bordo de los que no sobrevivió ni uno solo.

El Debate ha venido contando cómo, tras la reciente exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera, el Gobierno de Pedro Sánchez va a estirar el 'fracomodín' durante todo el año, amparándose en que queda mucho por desarrollar de la Ley de Memoria Democrática. En concreto, el Consejo de Ministros tiene previsto reformar una ley orgánica y aprobar tres reales decretos (con rango de reglamento) al respecto.

El más esperado por Unidas Podemos y los socios parlamentarios de Sánchez es el decreto que regulará la «organización, funcionamiento y régimen patrimonial» del Valle de los Caídos, que la actual ley ha renombrado como «Valle de Cuelgamuros». Ese real decreto servirá para expulsar a los 22 monjes benedictinos del lugar.

También a través de sendos decretos, el Gobierno dará forma al Centro de Memoria Democrática y al Consejo de la Memoria Democrática. Este último estará formado por miembros del Gobierno, representantes de las entidades memorialistas y expertos. Y, también, el Registro de Entidades de Memoria Democrática.

A mayores, el Ministerio del Interior tiene la orden de elevar al Consejo de Ministros antes de que acabe la legislatura un proyecto de ley para modificar la ley orgánica que regula el derecho de asociación, del año 2002.

El fin último es incluir en ésta un nuevo motivo de disolución: «La realización pública de apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales», tal y como recoge la Ley de Memoria Democrática.