Los funcionarios endurecen su huelga contra Justicia: «El Gobierno está sordo ante una Administración reventada»

Ministerio de Justicia. Doce de la mañana. Funcionarios de la Administración se manifiestan, este miércoles, frente a las puertas del Departamento que dirige Pilar Llop para «endurecer» el tono de sus protestas a unos días del arranque de la huelga indefinida que el Comité organizador ha anunciado a partir del próximo día 22. Los sindicatos y entidades convocantes siguen a la espera de que se les cite para una nuevo encuentro que reactive la negociación frustrada hace algo más de un mes, al hilo de la mejora retributiva de 200 millones de euros que los «auxilios» judiciales exigen a Llop tras el pacto alcanzado con los Letrados (LAJ) y la oferta de casi 47 millones de aumento que ha presentado a jueces y fiscales.

Los funcionarios no están dispuestos a ser los únicos que se queden fuera de las revisiones salariales con las que el sector Justicia aspira a adecuar sus retribuciones a «las funciones que realizan a diario» y que se sitúan en una horquilla de entre 350 y 430 euros más al mes. «Esta subida se llevaría a cabo a través del concepto 'complemento general del puesto', una retribución básica ligada a las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales, lo que permitiría elevar el sueldo al colectivo en todo el Estado, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen», han explicado desde CSIF.

Estamos hartos de promesas y de buenas palabras, el Ministerio tiene que demostrar con acciones que hay una voluntad de negociar

Y es que, más allá de la vertiente económica, entre quienes conforman los cuerpos generales y especiales de la Administración judicial no ha gustado la «posición» del Ministerio que, inicialmente, rechazó cualquier posibilidad al respecto. Éste hecho unido a la ausencia de un interés directo de la Pilar Llop en la cuestión -llegando a irse, incluso, a la Feria de Sevilla, en plena oleada de protestas- ha provocado una alta «indignación del colectivo» y un «profundo malestar» que les ha llevado a «incrementar» las medidas de presión.

Por todo ello, además del incremento salarial, reclaman participar en la negociación del contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO). De no conseguir una oferta, seguirán adelante con la convocatoria de huelga general indefinida que ha venido precedida de un total de 13 días de paros. Así, los funcionarios darían el paso de una huelga indefinida con interrupciones parciales del servicio, de tres horas diarias –con las que arrancaron el 17 de abril– a conflicto colectivo total de 24 horas.

Hasta dos años de retraso en los juicios

Los perjuicios para los justiciables, en esta situación, sonn incalculables. Según los datos que manejan los convocantes, «ya se han paralizado más de 15 millones de expedientes administrativos y decenas de miles de juicios en toda España». «Lamentamos los prejuicios que está generando esta situación a los ciudadanos, pero el único responsable es el Gobierno que debe ofrecer ya una oferta económica a este colectivo», ha señalado CSIF en un comunicado y a través de las declaraciones prestadas a la puerta del Ministerio, esta misma mañana, por su portavoz nacional en la materia, Javier Jordán.

«Sería una buena noticia que se llegara a una solución con los jueces y sería una excelente noticia que con los sindicatos de los trabajadores se llegara a una solución del conflicto», ha apuntado en declaraciones a la prensa Antonio Lozano, de UGT, al tiempo que recalcó que «sería un error grandísimo» no escuchar al 93% de la Administración de Justicia, en referencia a los funcionarios.

Según los últimos datos recogidos por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), uno de cada tres señalamientos programados ayer en la Comunidad de Madrid fue suspendido como consecuencia de la huelga de los funcionarios de Justicia. En los juzgados de Plaza de Castilla el porcentaje de suspensiones se elevó hasta el 78%, celebrándose únicamente 32 de las 147 vistas programadas.

Ayer se suspendieron 422 vistas en Madrid por la huelga de funcionarios. Esta situación es insostenible para los profesionales y la sociedadEugenio RibónDecano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)

En los juzgados de lo Social, donde se dirimen diariamente cientos de asuntos relacionados con despidos, reclamaciones de cantidad o modificación de las condiciones laborales, se suspendieron 186 de las 341 vistas programadas este martes, el 55%. Cerca de su sede en la calle Princesa, en Gran Vía 19, los juzgados de lo Contencioso Administrativo registraron un 61% de suspensiones. Por partidos judiciales, Getafe registró el mayor impacto, con un 42% de vistas no celebradas. Lo siguen Madrid capital, con un 38%, y Fuenlabrada, con un 33%.

Cabe recordar que, en el marco de sus protestas, el pasado 9 de mayo CSIF remitió una carta al presidente del Gobierno, emplazándole a que autorizase una oferta económica que reconociese las funciones que realizan cada día los funcionarios y su posibilidad de negociar el contenido de los proyectos de ley de eficiencia.