El Ejecutivo se desentiende de la búsqueda del Pitanxo pese a que el órgano que lo busca es de Transportes

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este jueves en el carácter «independiente» de la la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), por lo que ha desvinculado del Gobierno central la decisión de que el miércoles saliese del puerto de Vigo el barco que inspeccionará el pecio del Villa de Pitanxo, naufragado en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022. Todo ello pese a la Ciaim es un órgano colegiado dependiente de ese Departamento del Gobierno.

«Esa pregunta la tendrán que trasladar en cualquier caso a la Ciaim», ha recalcado Sánchez, al ser preguntada, en un acto de campaña en Ferrol, sobre por qué se permitió la salida del buque de ACSM Shipping sin el visto bueno de la Audiencia Nacional, algo que ha enfadado a las familias de los desaparecidos al invalidar las pruebas que se pudieran encontrar.

Aparte de recalcar que la Ciaim es un órgano «independiente funcionalmente» de su departamento, la ministra ha asegurado que «desde el primer momento» el Gobierno ha mostrado «colaboración total y absoluta» con la justicia.

«De hecho, el Ministerio en este proceso ha participado simplemente asumiendo el coste de la contratación del robot que tiene que ir a realizar los trabajos que se le han encomendado y por lo tanto el Ministerio va a colaborar, siempre que sea preciso, con la Audiencia Nacional, que es de quien depende ahora toda la investigación», ha recalcado.

Raquel Sánchez ha defendido que su departamento ha «cumplimentado los requerimientos» y las «peticiones de información» realizadas por el juez porque, según ha dicho, quiere que «esa labor de investigación se desarrolle con éxito» para obtener «todas aquellas pruebas que sean precisas» y «esclarecer los hechos» sobre este naufragio que se cobró la vida de 21 de los 24 marineros que iban a bordo del Villa de Pitanxo.

«Nosotros hemos cumplido»

Este mismo jueves, las familias de las víctimas --que ya han pedido al juez el regreso del barco de la inspección-- se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para protestar por esta decisión.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba, se ha limitado a señalar que «desde el punto de vista del Gobierno, nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad».

Según ha explicado Larriba, el 8 de mayo la Audiencia Nacional requirió documentación del operativo, «el día 10 se le remitió todo» se incluía el proyecto, la firma del contrato (del día 16), y también las previsiones de salida del barco. «Desde el punto de vista administrativo no había ningún inconveniente», ha asegurado.

«A las familias se les dijo que en el momento en que tuvieran conocimiento de que el barco partía para Terranova se les diría. La Delegación del gobierno tuvo conocimiento el miércoles y se les comunicó a las familias», ha añadido.

Además, ha informado que en el Ártabro van peritos judiciales, uno nombrado por la Audiencia Nacional, uno de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y un perito de la Agencia Europea de Salvamento y Seguridad Marítima como observador.

Larriba ha comentado que la Audiencia Nacional tenía nombrados a dos peritos pero que uno de ellos se encontraba fuera de España y no pudo partir en el Ártabro, aunque la subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha indicado que «el tránsito hasta Terranova son ocho días, en los tiempos actuales hay medios más que suficientes para que pueda llegar hasta allí en ese plazo e incorporarse a la misión».