Tres días de paros y 40 millones de actuaciones paralizadas: las cifras de la huelga de los funcionarios de Justicia

El primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia, y el tercer día de huelga indefinida, ha provocado ya la suspensión de más de medio millón de juicios y la paralización de 40 millones de actuaciones judiciales, entre las que se encuentran diligencias, notificaciones, providencias, autos que no se preparan en tiempo y forma. Una situación que, más allá de las elevadas cifras, ya está provocando pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de reparar en el corto plazo, por la acumulación de casos retrasados. Más del 85% del colectivo de los auxilios judiciales está respaldando las reivindicaciones profesionales, lideradas por el Comité convocante, encaminadas a lograr una reacción del Ministerio de Justicia que lidera Pilar LLop.

No en vano, el silencio de la ministra de Justicia y de su homóloga de Hacienda, María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es «absolutamente indignante, inaceptable e inaudito», denuncian los portavoces de los sindicatos. Para estos, además, «el presidente Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93% de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras».

Las concentraciones y actos de protesta previstos para esta semana, se extienden por toda España. Mañana, jueves 25 de mayo y como última medida de protesta visible, antes del cierre de la campaña electoral, se celebrará una gran manifestación en Madrid que comenzará a las 12.00 horas y transcurrirá desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Estado de Función Pública. Una concentración que se suma a otras ya celebradas, en los últimos días, frente al Congreso de los Diputados y la sede de Hacienda.

Precisamente, el viernes, las movilizaciones se trasladarán a las 12.00 horas frente al Departamento dirigido por María Jesús Montero. «Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencias», aseguran desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

«Un conflicto social de incalculables consecuencias»

Lo cierto es que ya son cientos de miles de ciudadanos y empresas los que se están viendo afectados, en la práctica, paralización de sus asuntos judiciales y del Registro Civil, «por la actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar Llop, que sólo atiende las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto», denuncian desde CSIF.

Una alusión directa al acuerdo firmado, este mismo martes, con el que el Departamento de Justicia puso punto y final al conflicto colectivo abierto con jueces y fiscales «sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios». Esta circunstancia «pone en duda», en opinión de estos últimos, «la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto», añaden.

«Ya no hay ninguna excusa: tienen que sentarse a negociar la mejora retributiva de todo el personal; tienen que sentarse a negociar un nuevo catálogo de funciones de cada cuerpo funcionarial para adaptarlas a la realidad y mejorar así el servicio público reconociendo nuestra profesionalidad; tienen que negociar el contenido de la Ley de Eficiencia Organizativa (LOEO) porque afecta a nuestras condiciones de trabajo, y tienen que aprobar, previa negociación, el Real Decreto que desarrolle la carrera profesional, un derecho reconocido desde hace cuatro años y medio en la LOPJ que también se nos deniega incumpliendo la Ley», exigen los auxilios judiciales.

«El fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto», aseguran los representantes de los funcionarios judiciales.