Uno de cada cuatro juicios suspendidos en Madrid por la huelga de funcionarios de Justicia

Los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid, han sido unos de los que más han sufrido los efectos del primer día de huelga indefinida convocada por los funcionarios de la Administración de Justicia en toda España, tras la cancelación del 100% de las vistas programadas para este martes. De las mismas, el 42% han sido procedimientos pertenecientes a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, mientras que el 37% de ellas ha correspondido a lo Social, ubicado en la calle Princesa, según datos oficiales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

Así, con uno de cada cuatro señalamientos afectados, los madrileños han sufrido, en primera persona, los efectos del conflicto colectivo declarado por los «auxilios» judiciales al Gobierno de Pedro Sánchez que, hasta la fecha, no ha convocado a los miembros del Comité de Huelga a una mesa de negociación formal a través del Ministerio de Justicia y el de Hacienda y Función Pública que son los dos Departamentos que ostentan las competencias necesarias para atender la petición de mejora de las condiciones salariales de los miembros del cuerpo funcionarial.

Desde el comienzo de las medidas de presión, el pasado 17 de abril, ya hasta hoy, se habrían suspendido, de acuerdo con las cifras del área de Defensa de la Abogacía del ICAM, un total de 4.029 vistas en Madrid. Esto es, una cuarta parte del total de las 16.662 señaladas, para dicho período, en la capital. Unos números que se duplican si hablamos de Plaza de Castilla, con una de cada dos vistas (50%) suspendidas, que se consolida como la desafortunada sede judicial que más afectada se ha visto por la huelga de los funcionarios de Justicia.

Prohibidas las protestas en Ferraz

Por su parte, los funcionarios de la Administración de Justicia han criticado, duramente, que no se les haya permitido manifestarse hoy martes frente a la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para reclamar que se reanude la negociación que se vio frustrada el pasado 24 de abril con el Ministerio que dirige Pilar Llop y que, con ello, se ponga fin a la huelga que empezaron hace más de un mes.

Juan Carlos Ferreiro, coordinador del sector Justicia de la Comunidad de Madrid de la Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF), ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que resulta incomprensible que «de repente» se les niegue dicho permiso. «Con la excusa del proceso electoral, se nos restringe al derecho a manifestación y nos limitan con que no podemos manifestarnos ante la sede del PSOE», ha apuntado en el marco de que la concentración que han llevado a cabo este lunes frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle Alcalá.

Esta semana, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT tenían previsto un calendario de concentraciones y manifestaciones para reforzar y visibilizar, a pie de calle, sus reivindicaciones. Este lunes, han estado frente al Ministerio de Hacienda. Este martes han cambiado Ferraz por el Congreso de los Diputados. El miércoles, celebrarán una asamblea general en los Juzgados de Plaza de Castilla y para el jueves se han dado cita entorno a una manifestación, de dimensión estatal, hasta el Ministerio de Función Pública. Como cierre, el viernes volverán al mismo punto en el que arrancaban la serie.

Es «absolutamente intolerable» que «se estén cerrando acuerdos con el resto de los profesionales de la Administración de Justicia, por el hecho de tener una toga»

Fue a finales de marzo cuando el Comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) firmó con el Ministerio una subida salarial de hasta 450 euros al mes para unos 4.000 trabajadores del cuerpo, lo que se traduce en un aumento global de unos 22,7 millones de euros. Este mismo martes, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales ratificaban con el equipo de Llop, en un acto que no ha contado con la presencia de los interlocutores designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una subida de unos 450 euros al mes a los casi 8.000 miembros de la carrera, que representaría un desembolse de 46,7 millones de euros.

Y, mientras tando, el Comité de huelga de los sindicatos permanece a la espera de su turno. El secretario de Estado, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha mantenido que el Ministerio se sentaría a negociar con los funcionarios de los Cuerpos general y especial y los denominados auxilios cuando resolviera el conflicto con jueces y fiscales. Sin embargo, todo apunta a que los contactos oficiales quedarán aplazados hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M.

Fuentes ministeriales lo justifican, extraoficialmente, asegurando que los funcionarios de justicia son un cuerpo que depende del Ministerio y de las comunidades autónomas con competencias transferidas, por lo que se optaría por esperar a que se formasen los nuevos gobiernos territoriales.

«No más funciones, sin retribuciones»

Ante la falta de una fecha en el calendario, un centenar de funcionarios se han manifestado frente al Ministerio de Hacienda con pitos y pancartas para reclamar, entre otras cuestiones, una mejora salarial al grito de: «No más funciones sin retribuciones», «Sin negociación, ministra, dimisión», «Esta huelga la vamos a ganar» y «Eo, eo, eo, abajo la LOEO», en referencia a la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que se está tramitando en el Congreso sin contar con sus propuestas y aportaciones, con carácter previo a su confección.

Así las cosas, en declaraciones a la prensa, Javier Hernández, del sector estatal de CCOO en la Administración de Justicia, ha asegurado que confía en que el Ministerio apueste por «un cambio de talante que sea democrático», al tiempo que ha exigido que «no se haga una Justicia clasista».

«No es tolerable, en absoluto, que el Ministerio lo que esté haciendo en la práctica sea un trato de favor a los cuerpos de élite de la Administración de Justicia con unas negociaciones que son impropias de un Ministerio de un Gobierno progresista», ha señalado para luego recordar que Letrados, jueces y fiscales representan «solamente el 7%» del total de la Administración.