La mancha del fraude electoral en Melilla y Mojácar amenaza la participación del 28-M

La desarticulación de una segunda trama de compra de votos en Mojácar (Almería), a mayores de la de Melilla, ha embadurnado la recta final de la campaña. Y no solo: además, ha puesto en cuestión la limpieza de las elecciones municipales y autonómicas, a cuatro días de que los españoles voten en las urnas del 28 de mayo. Casi 36,6 millones de ellos están convocados a hacerlo.

La preocupación en los cuarteles de la oposición es que estos dos fraudes frustrados provoquen efectos adversos en la movilización de su electorado. Para la derecha, que la participación electoral no baje del 65 %, que es el porcentaje registrado en la urna de las municipales en 2019, es vital para que haya cambio en algunas comunidades y ayuntamientos. Si la abstención supera el 35 %, el PSOE lo tendrá más fácil para conservar sus principales feudos.

Paradójicamente, la vicesecretaria general del PSOE y ministra del PSOE, María Jesús Montero, acusó ayer al PP de hacer eso mismo con el electorado socialista: «Quieren ruido, ruido y ruido porque pretenden ahuyentar al electorado que puede votar al PSOE», sostuvo Montero.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lleva desde el domingo desaparecido, cuando se desplazó a la ciudad autónoma de Melilla para dar su palabra de que no habrá «ningún tipo de fraude» en estos comicios. Ni en Melilla, ni en ningún otro lugar, aseguró.

Cuando lo dijo no se conocía aún la detención del número tres de Coalición por Melilla y otros ocho implicados, ni las conexiones entre los detenidos y Marruecos, como ha desvelado El Debate. Tampoco el arresto de siete personas en Almería, dos de ellas pertenecientes a la candidatura del PSOE en Mojácar.

Este miércoles, el PP, Vox y Ciudadanos elevaron aún más la voz, pidiendo de una u otra forma aumentar los controles sobre el voto. Especialmente, sobre el voto por correo, cuyas solicitudes han crecido en toda España respecto a hace cuatro años. De media, un 5 %, hasta los 1.082.030 electores. Y, muy por encima de la media, en 12 circunscripciones controladas por el PSOE, una de ellas precisamente Almería. Las otras: Sevilla, Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, Lugo, Castellón y La Rioja.

«Tintes muy preocupantes»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, señaló: «Nuevamente la polémica y el escándalo rodean al PSOE en plena campaña electoral». El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pidió al Gobierno aumentar los controles sobre el voto por correo.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, advirtió de que la campaña «está adquiriendo tintes muy preocupantes», y que la izquierda tiene antecedentes como para desconfiar. Y el número dos de Ciudadanos, Adrián Vázquez, anunció que su partido ha pedido en el Congreso la comparecencia de Grande-Marlaska y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar tanto los intentos de fraude como las posibles conexiones con el país vecino.

En paralelo, la Junta Electoral Central decidió ayer no anular 761 votos que se emitieron por correo en Melilla antes de que la propia JEC ordenara solicitar el DNI también en el momento de la entrega del voto, no solo en la recogida. Según sus miembros, son pocos votos como para provocar un vuelco significativo. Y anularlos supondría «la privación del derecho de sufragio de quienes lo ejercieron conforme a las formalidades legales».

Los sucesos de Melilla y Mojácar, junto con esa decisión de la Junta Electoral Central, han servido de abono para que en las últimas 48 horas proliferen en las redes sociales diversas conjeturas y sospechas. No solo sobre el voto por correo, sino también sobre el papel de Indra en la jornada electoral del domingo.

No obstante, como publicó este diario en abril, el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, sometió a una doble auditoría al software que la empresa Indra empleará para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinio. El objetivo era despejar cualquier duda y tener las máximas garantías de fiabilidad.

El CCN concluyó que el sistema «reúne, desde el punto de vista de la seguridad de las TIC (las tecnologías de la información y la comunicación), las condiciones organizativas, de procedimiento y técnicas para manejar información sensible y grado de conformidad con el ENS (en alusión al Esquema Nacional de Seguridad) en el nivel alto dentro del contexto de ciberinteligencia analizado y la posible potencial amenaza».

Indra ha explicado en múltiples ocasiones que no cuenta votos, sino que recibe los datos de las mesas electorales y los sirve. En el escrutinio existe la figura del representante de la Administración. Estos tienen una serie de mesas asignadas. Son ellos quienes se encargan de trasladar el recuento de cada una de esas mesas al Centro de Proceso de Datos.

Una vez allí, a los resultados electorales se le aplican las «fórmulas correspondientes para la atribución de escaños, cálculo de porcentajes de participación y comparación con los datos de anteriores procesos equivalentes», según explica la Dirección General de Política Interior. Esa información es la que se ofrece después al público.