Sánchez aplaza la solución del conflicto de una Justicia que «no da votos» hasta después del 28-M

los pasillos, las salas de vistas y despachos de los tribunales de toda España se han quedado desiertos. Si, inicialmente, fueron los Letrados (LAJ) quienes pusieron en jaque al Gobierno por el estado de la Justicia en España y, más tarde, los jueces y fiscales afearon ante el Ministerio responsable del ramo los problemas estructurales que se han agravado en los dos últimos años, pese a las promesas iniciales, ahora son los funcionarios de la Administración de Justicia quienes han cambiado su rutina entre montañas de expedientes para hacer de la sede del Departamento en manos de Pilar LLop y la puerta de Hacienda, su lugar de trabajo habitual. Y los ciudadanos con juicios, vistas y trámites procesales pendientes son ya, sin duda, los grandes damnificados de una Justicia debilitada y maltrecha hasta las últimas circunstancias.

El rechazo a la nueva Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) que cuenta con el respaldo cercano al 90% de la plantilla de los técnicos de la Administración –en los cuerpos general, especial y los denominados «auxilios»– arrancaba, este pasado lunes a las 12.00, con una huelga indefinida que está causando estragos una semana después. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha preferido aplazar la negociación y el diálogo hasta después de estas elecciones municipales y autonómicas del 28-M movido, quizás, por la idea ya superada de que la Justicia no da votos.

Tan sólo en la primera jornada de convocatoria de los paros judiciales las cifras fueron alarmantes: el alto nivel de seguimiento se tradujo, en la práctica, en la paralización de varios millones de actuaciones judiciales y «varias centenas de miles de juicios». Desde uno de los sindicatos convocantes, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), advierten que los efectos secuendarios de la huelga, de prolongarse en el tiempo, «tardarán hasta dos años en amortiguarse».

Además de las mejoras retributivas que, sin duda, se sitúan en el epicentro de las reclamaciones funcionariales, las entidades que impulsan el conflicto colectivo instan, además, a paralizar la LOEO porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación, así como una «redefinición» de las funciones de los empleados públicos de la Administración jurisdiccional. De nuevo, una reforma legal del Ejecutivo socialista ha supuesto un punto de conflicto para la sociedad civil, para la judicial en este caso.

«Nos merecemos una Justicia de calidad. Si tenemos que ir todos a la huelga, uno por uno, para que así Justicia y Hacienda de una vez escuchen nuestras reivindicaciones, pues habrá que hacerlo». Éste es el lamentable escenario al que se han visto abocados los operadores jurídicos de nuestro país tras años aguantando las complicaciones del día a día y mirando hacia otro lado, por vocación de servicio, ante la realidad de una Administración «ninguneada y olvidada» que ya no puede más. Funcionarios, abogados del turno de oficio, jueces y magistrados han decidido utilizar todas las «medidas de presión» a su alcance para recibir las remuneraciones que «están previstas por ley» –y no se han cumplido hasta la fecha– pero, también, para exigir planes de carrera profesionales que, en cada caso, se correspondan con una carga real de trabajo de acuerdo con sus responsabilidades.

«Mucho trabajo, cada vez más y en peores condiciones, además de ser responsables de todo lo que pasa en el juzgado, no se compensa económicamente para nada». En ese escenario, en febrero de 2022 las cuatro asociaciones judiciales decidieron afrontar el tema y llegaron a una serie de acuerdos para, en marzo de ese mismo año, empezar a trabajar con el Ministerio de Justicia. No sólo salarios, más cosas, pero «sobre todo, el tema retributivo».

El caso es que en octubre, con todo ya hecho, se truncó la negociación: Hacienda había llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el 9,8 % en tres años, a todos los miembros de la función pública, con el objetivo de paliar la subida del IPC. «Nada, por tanto, de atender nuestras especialidades salariales», lamentaban los magistrados en declaraciones a El Debate.

Un escenario que llevó a todas las asociaciones profesionales de jueces, en enero de 2023, a interponer «una demanda judicial para reanudar las negociaciones» que se retomaron, de manera casi forzosa, el pasado mes de abril y que se cerraron, afortunadamente, en mayo, con un pacto de mínimos que, sin embargo, no contó con la unanimidad del sector y que tendrá que seguir evolucionando en los próximos meses.

Delimitar funciones y retribuirlas

El conflicto colectivo que mantienen vivo los técnicos judiciales, de los tres cuerpos generales de la Administración, pasa, en buena medida, por reivindicar la delimitación legal de sus funciones reales y que haya un reconocimiento económico a lo que hacen. «Las funciones entre Gestores, Tramitadores y Auxilios no están bien definidas, ni actualizadas al siglo XXI y se han convertido en un cajón desastre de lo que no hacen los LAJ o los jueces y magistrados», denuncian fuentes del sector.

Así las cosas, «habría que delimitar nuestras competencias, tareas y atribuciones respecto de lo que verdaderamente hacemos y diferenciarlas de las que ejercen los Letrados en la práctica», añaden. De lo contrario «la Justicia seguirá siendo un caos entre los funcionarios judiciales y los juzgados segurián funcionado unos de manera diferente a los otros».

Y es que, hoy en día, la legislación establece que son estos últimos, los LAJ, los responsables de todas las tramitaciones procesales cuando, lo cierto es que tanto Gestores, como Tramitadores, como Auxilios asumen una buena parte de las mismas sin que nadie lo reconozca, formalmente, ni se les pague por ello como correspondería. «Los Gestores asumen siempre los procedimientos de mayor responsabilidad en el juzgado o los más complejos, por lo general, pero sin tener, de facto, la potestad de firma, a diferencia de otros funcionarios de otras administraciones», explican a El Debate.