El adelanto electoral impide que se reforme el voto por correo como pedía Marlaska

El todavía ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteaba la posibilidad de «reformar» la ley electoral vigente para hacer obligatoria la identificación del votante por correo, también, a la hora de depositar su papeleta en la oficina de Correos y no solamente en los trámites de solicitud y recogida de la documentación electoral. La afirmación del exmagistrado de la Audiencia Nacional surgía en su última visita a la ciudad autónoma, para apoyar a la candidata del PSOE a la Asamblea regional, Gloria Rojas, en las elecciones del pasado domingo 28-M y tras conocerse la existencia de una posible trama de compra de votos postales, impulsada desde el entorno de un partido político promarroquí.

Sin embargo, el anuncio de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales del próximo día 23 de julio que Sánchez avanzaba este mismo lunes, hace imposible abordar una reforma del sistema de voto antes de dichos comicios en los que, previsiblemente, aumentarán las solicitudes dado que muchos españoles estarán de vacaciones o de viaje en dicha fecha, previa a un puente, además.

Lo ocurrido en Melilla, en proceso de investigación judicial, con el presunto intento de fraude electoral cometido en el voto por correo, tras recibirse una avalancha de solicitudes de sufragio por esta vía que pudieron ser comprados a cambio de dinero, llevó a la Junta Electoral de Zona (JEZ) de la ciudad autónoma a exigir que los votos por correo se entregasen obligatoriamente en persona y con el DNI.

Una medida provisional y excepcional que, el Ejecutivo dijo estar valorando como «posibilidad» permanente y que pasaría por la modificación del artículo 73 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) con el objetivo de que «el derecho al voto por correo se materialice de una forma, hasta el último momento, personalísima», en palabras del propio Ministro del Interior. Pero, para ello, sería necesario poner en marcha una maquinaria legislativa que, con las Cámaras Parlamentarias ya disueltas, es imposible de articular.

Desde que arrancó la operación policial para neutralizar la trama organizada de compra de votos, la Junta Electoral Central (JEC) ha ido incrementando las medidas de seguridad electoral

De acuerdo con la opinión de los expertos, también cabrían otras opciones para mejorar las pequeñas lagunas que contribuyan a disuadir de la compra de votos u otros fraudes electorales. La primera pasaría por un aumento de las penas, asociadas a los delitos correspondientes que, hoy por hoy, son irrelevantes. La segunda de ellas, tendría que ver con el aplazamiento o la suspensión de los comicios, un escenario que no se contenpla en nuestro ordenamiento.

No en vano, lo ocurrido en Melilla, no era la primera vez que sucedía. Ya hubo dos precedentes que finalizaron en condenas para los causantes, en 1989 y en 2008. Y es que, tras la entrada en vigor de la Ley de Extranjería del Gobierno de Felipe González, en 1986, muchos marroquíes adquirieron la nacionalidad española para poner en orden su situación y los socialistas captaron su voto, de forma mayoritaria, a partir de entonces. Sin embargo, en el momento del recuento de los votos, desde las filas del Partido Popular se dieron cuenta de que había un desfase entre los censos de las mesas electorales y aquellos de los que disponían los partidos. En los primeros, de hecho, no se reflejaba el DNI de quienes tenían derecho a ejercer el sufragio pasivo, entre otros 'chanchullos'.