La Junta Electoral podrá ordenar la repetición de las elecciones en las zonas afectadas por la compra de votos

Reforzar los controles y extremar la comprobación de validez de los votos por correo en Melilla, el lugar donde estalló el escándalo, y el resto de España, exigiendo el requisito de exhibir el DNI para los votantes, no sólo en el momento de retirar la documentación sino, además, en el momento de depositar las papeletas. Desde que la Policía iniciase la operación destinada a neutralizar la presunta trama organizada para la compra de votos, la Junta Electoral Central (JEC) ha ido incrementando las medidas para garantizar la legalidad de las elecciones del próximo domingo 28 de mayo.

La última de ellas ha sido entender que no son válidos los votos por correo que los carteros de Melilla puedan encontrar, en estos últimos días, desde que se destapó el escándalo, en los buzones ordinarios que se distribuyen a lo largo de la ciudad autónoma, porque no están certificados, como exige el procedimiento excepcional de voto. Al igual que en algún precedente similar, la JEC ha dictado la orden específica que se suma a la decisión de que los votos ya incorporados al circuito electoral, con carácter previo a la fecha de la primeras detenciones, tendrán que ser depositados por Correos ante la Junta Electoral de Zona de Melilla para su custodia. A diferencia de lo habitual no se incorporarán para su conteo en ninguna mesa electoral y, de lo contrario, no serían válidos.

«Los sobres que aparezcan ajustados al modelo oficial que aparezcan depositados en buzones como correspondencia ordinaria a partir del día 24 de mayo de 2023 serán devueltos en todo caso a los electores para que estos procedan a su remisión personal en la oficina de Correos dentro del plazo previsto», rezaba el informe técnico confeccionado por los órganos supervisores del proceso electoral, emitido ante la alarma generada por las informaciones.

El mismo documento de la Junta Electoral de Zona melillense incidía en la necesidad de adoptar medidas excepcionales ante una situación excepcional, después de que se produjese un incremento irregular de las solicitudes de voto por correo, hasta el 20,81% del censo, mientras que tan sólo un 16,32% de ellos habían depositado, a día 23 de mayo, su voto en las oficinas de Correos local.

Si, aún así las cosas, se detectase que tras el recuento de la noche electoral del próximo 28-M en alguna de las zonas 'calientes' de emisión de voto por correo, el precio de un concejal o diputado quedase determinado por un margen de votos tan ajustado como para que cualquier papeleta pudiese ser determinante en uno u otro sentido; o, bien, que el porcentaje de voto por correo supera unos límites máximos determinados en función del histórico y sobre el total del censo de votantes, podría decretar la repetición de las elecciones en dicha localidad.

No sería la primera vez

En Melilla ya hay precedentes de repetición de elecciones por fraude electoral. En el mes de marzo de 1990 la ciudad autónoma tuvo que darse cita ante las urnas, por segunda vez en la misma convocatoria, por las irregularidades detectadas unos meses antes, en las elecciones generales de 1989. En aquella ocasión, se suspendieron las elecciones al Congreso y al Senado y hubo que volver a celebrarlas en la ciudad autónoma donde, según los datos oficiales del INE, el número de voto por correo siempre supera con creces la media nacional.

Las elecciones se repitieron pues, por primera vez en Melilla, en marzo de 1990 tras una serie de incidencias graves detectadas en varios centros periféricos, de censo mayoritariamente musulmán, y ubicados en barrios en situación de vulnerabilidad, como el colegio Juan Caro Romero. También, entonces fue el PSOE la formación salpicada por la situación irregular.

Y es que, tras la entrada en vigor de la Ley de Extranjería del Gobierno de Felipe González, en 1986, muchos musulmanes adquirieron la nacionalidad española para poner en orden su situación y los socialistas captaron su voto, de forma mayoritaria, a partir de entonces. Sin embargo, tras el recuento de los votos, los populares se dieron cuenta de que había un desfase entre los censos de las mesas electorales y aquellos de los que disponían los partidos. En los primeros, de hecho, no se reflejaba el DNI de quienes tenían derecho a ejercer el sufragio pasivo, entre otros 'chanchullos'.

Fue una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) la que recogió en los hechos probados todo lo ocurrido y sentencia la existencia de un fraude electoral que obligó, por un cúmulo de irregularidades, a reeditar los comicios en la ciudad que, por aquel entonces, todavía estaba administrativamente vinculada a los organismos andaluces.