El fiscal general adelanta el Consejo de junio para dar a Delgado la plaza de Memoria Democrática antes de las elecciones

Desde que, el pasado mes de julio de 2022, Dolores Delgado dimitiese como fiscal general del Estado, El Debate ha publicado, en primicia, las maniobras del Gobierno para asignarle la nueva plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática creada en el organigrama del Ministerio Público «para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura».

Ahora, tras la reciente entrada en vigor de la polémica norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez gracias al apoyo de EH Bildu y con el anuncio de convocatoria de elecciones generales sobre la mesa, el sucesor de la socialista en el cargo, Álvaro García Ortiz, ha acelerado los trámites para asegurarse de que su mentora y predecesora –a la que ya ascendió, entre fuertes críticas, a la máxima categoría del escalafón, como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo– «tomará posesión» en su nuevo destino, «antes del inicio de la próxima campaña», aseguran fuentes próximas a la Fiscalía General (FGE).

Así lo ha notificado García Ortiz, esta tarde de lunes, a los miembros del Consejo Fiscal y a toda la plantilla de la Fiscalía en una comunicación que modifica «pero sólo en materia de nombramientos», la fecha de su próximo Pleno, fijado el 19 de junio, y adelanta la convocatoria al día 8 del mismo mes, «sin dar más explicaciones».

No en vano, y según ha podido saber El Debate en primicia, están en juego varias plazas vacantes que deben ser informadas por el máximo órgano de consulta de la Carrera. Además de la prevista para Delgado en materia de Memoria Democrática, con sus dos adjuntos –que es la que «corre más prisa»– entrarán en reparto: la de fiscal de Sala contra los delitos de odio, también con sus correspondientes apoyos; las Jefaturas Superiores de Navarra, Islas Baleares y Valladolid; y, una Tenencia de Fiscalía Superior de Cataluña, entre otras.

Un puesto a la medida de Delgado

El Anteproyeto de ley de Memoria Democrática impulsado por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno que ha quedado disuelto este lunes, tras la convocatoria de elecciones generales el próximo 23 de julio, fue presentado y aprobado por el Consejo de Ministros siendo, todavía, miembro del mismo, al frente de la cartera de Justicia, la propia Dolores Delgado.

Y fue ella misma quien, ya como fiscal general, presidió el Consejo en el que resultó informada, de manera favorable, la creación de una plaza a su medida a la que, sin embargo, se opuso la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), por considerarla «innecesaria» y carente de un contenido que podría ser asumido «por otras especialidades de las Fiscalías de Sala». El plazo de presentación de candidaturas para este puesto y los restantes que serán adjudicados terminó el pasado 29 de mayo, un margen «muy ajustado» con la nueva fecha prevista para la reunión del Consejo que habrá de estudiar antes del 8 de junio, en menos de una semana, los perfiles de todos los candidatos que optan a las distintas vacantes.

De no haberlo hecho así, y dado que la nueva plaza de Memoria Democrática forma parte de la estructura de la Fiscalía dentro del Supremo y, por lo tanto, del Alto Tribunal depende el acto de toma de posesión, «se habría corrido el riesgo de que la imagen» de Dolores Delgado accediendo a la misma «quedase solapado con el período de campaña electoral», apuntan varias fuentes consultadas por El Debate.

La vacante, a la que Delgado ha podido optar una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), atribuirá a su titular «funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia, para lograr su debida identificación y localización», tal y como está previsto en el artículo 28 del polémico texto legal que prolonga los efectos del franquismo hasta los primeros años de la democracia, bajo el Gobierno de Felipe González, por exigencia de los herederos políticos de ETA.

El actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tendrá la última palabra en la designación de su antecesora en el cargo de Memoria Democrática, ya «asignó hace unos meses» a su mentora tareas relativas al despacho de «cuestiones sobre Derechos Humanos en materia internacional». Es decir, «le abrió la puerta» a acumular experiencia y méritos en la materia «tremendamente específica» que reclama «el puesto».

Crítica y malestar de los fiscales de base

El anuncio del Gobierno, el pasado mes de abril, de la creación de seis nuevas plazas en el Ministerio Público, concebidas por «pura ideología» para perseguir los delitos de odio y las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo –que respondieron a los «puestos especializados» previstos tras «la entrada en vigor tanto de la Ley 15/2022 integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación» como de «la Ley 20/2022 de Memoria Democrática»– ya fue objeto de duras críticas por parte de los fiscales de base a finales del pasado mes de abril.

Las sesenta y cuatro plazas restantes que ya estaban presupuestadas en 2022 «se quedan cortas si tenemos en cuenta que el ámbito de incorporación es para todo el territorio nacional», lamentaban los fiscales de base, una vez se conocía que con la decisión del Ejecutivo de Sánchez Castejón, las seis plazas ad hoc restarían efectivos a la plantilla de base que tantas carencias estructurales acumula desde hace años.

Así las cosas, el puesto de Delgado y el de los nuevos fiscales de Sala contra los delitos de odio «verán la luz antes de los que serían realmente efectivos para dotar al Ministerio Público de los recursos humanos y materiales necesarios para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos». Y es que «no sólo esas nuevas plazas contarán con una dotación presupuestaria propia» –que podría haber sido empleada en otras mejoras «más urgentes»– sino que, además, los propios titulares de las mismas supondrán «un coste mayor que cualquiera de sus compañeros ya que los fiscales de Sala son los que más cobran del escalafón».