Los fiscales temen una «segunda ronda» de nombramientos de García Ortiz para «minar» la Fiscalía con sus afines

Primera maniobra del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el inesperado adelanto electoral en España y primera muestra del malestar que, en el seno del Ministerio Público comparten la mayoría de los miembros de la Carrera con el juego «legal pero poco ético y menos estético» del socialista que, esta misma mañana, El Debate publicaba en exclusiva. El cambio de fecha del Consejo Fiscal que, por decisión de García Ortiz, pasaba del día 19 al 8 de junio pero sólo «en materia de nombramientos» para designar a su predecesora y mentora en el cargo, Dolores Delgado, como titular de Memoria Democrática, antes de los comicios del 23 de julio.

Una plaza a la que aspira desde su dimisión, como adelantó El Debate en exclusiva hace más de un año y a la que aspira tras la entrada en vigor de la Ley que la habilita. Tal es así que su sucesor le «asignó hace unos meses» tareas relativas al despacho de «cuestiones sobre Derechos Humanos en materia internacional», pese a haberla ascendido a fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en contra del criterio mayoritario del Consejo.

Es decir, «le abrió la puerta» a acumular experiencia y méritos en una materia «tremendamente específica» que es la que, «muy previsiblemente», se le reclamará «en el nuevo puesto», en el que compite con el el veterano Carlos Castresana, Juan Calparsoro y Luis Ibáñez.

Así las cosas, en una carta remitida al titular del Departamento, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con un representante electo en el Pleno del Consejo, pide la suspensión del mismo y que, en todo caso, el fiscal general se abstenga en la decisión sobre la plaza de Memoria Democrática por «tener un interés directo en el asunto» dada la relación existente entre ambos.

Una denuncia formal con la que se ponen sobre la mesa las prisas de García Ortiz en su objetivo, no sólo de garantizar «la toma de posesión de Delgado» en un puesto creado para ella «a la carta» sino, también, de cubrir las vacantes que queden disponibles tras los nombramientos más urgentes, con fiscales afines procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

No en vano, la entidad profesional a la que pertenecieron tanto Delgado como García Ortiz, antes de su incorporación a la política, ha acaparado bajo el mandato de ambos la mayor parte de los ascensos y traslados en la cúpula del escalafón de la Fiscalía. El rodillo ha sido tal que han conseguido situar, hasta la fecha, a un total de 20 de los 36 fiscales de Sala en la cúspide del organigrama, de entre los miembros de la UPF –que cuenta con 225 asociados en total–.

En cambio, y frente a estos, sólo 8 del total de plazas de la máxima categoría del Ministerio Público pertenecen a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) –con 578 asociados– y 9 son puestos en mano de fiscales no afiliados a ninguna asociación. Además, 13 de los 20 de la UPF promocionados, lo han sido «pese a su juventud y escasa formación técnica».

Un «campo de minas» para un futuro y eventual nuevo fiscal general del Estado que podría llegar, tras el verano, de la mano de un nuevo Gobierno de otro signo. Cabe recordar que las plazas de primera, los fiscales de Sala, y segunda de la Carrera no son removibles hasta que finalice el período íntegro de mandato de sus titulares, incluso, ante un nuevo escenario político.

El fiscal general del «Gobierno interino»

De acuerdo con la ley vigente el cese efectivo del Gobierno actual se producirá «tras la celebración de elecciones generales». Esto es, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede considerarse en funciones hasta que el próximo 23 de julio los españoles acudan a votar. Sin embargo y pese a lo anterior, en el entorno de la Fiscalía consideran que el hecho de que las Cortes estén disueltas y, con ellas, los controles reforzados a «un Gobierno interino, aunque con funciones plenas», recomiendan «prudencia» a la hora de llevar a cabo nombramientos discrecionales. «Acelerarlos es una chapuza y una manipulación para colocar a los afines», lamentan algunos fiscales consultados por El Debate.

Con el ordenamiento en la mano, García Ortiz «no está haciendo nada ilegal» pero ello no obsta para que la crítica «ética y estética» se hagan visibles hacia el titular de una institución que, «al igual que el Gobierno que nombró a su titular, está en posición de salida».

Y es que, si bien «como despedida» de su mandato, el fiscal general ha invitado a una comida a los miembros del Consejo el próximo día 19 de junio, «tras el último Pleno». En el seno de la Fiscalía no las tienen todas consigo. «Hay opciones a que tras el extraordinario del día 9, se publiquen las designaciones en el BOE del día 10 y que, acto seguido, el lunes inmediatamente posterior se hagan oficiales las vacantes disponibles tras las incorporaciones de sus extitulares a los nuevos puestos, con el margen de los 10 días legalmente establecidos para la elección y toma de posesión» de una segunda vuelta de fiscales, apuntan algunas fuentes.

Como única opción para evitarlo, que la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el Consejo, por ejemplo, decida no comparecer en el próximo y polémico Consejo, de manera que no se daría el quorum mínimo para constituirlo. Un escenario que, sin embargo, no parece plantearse como probable. No procede abstenerse de asistir a un Consejo que, a pesar todo ha sido convocado legalmente.