La falta de un juez de enlace con Francia retrasa la causa de los jefes de ETA por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

La pelota está sobre el tejado de las autoridades francesas. La causa múplitple que, hace unos meses, arrancaba en la Audiencia Nacional –a partir de una denuncia de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia–para investigar la «autoría mediata» de varios de los atentados más graves cometidos por la banda terrorista ETA, como el secuestro y asesinato del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, se está viendo retrasada, entre otras cuestiones, por la ausencia de un juez de enlace con Francia. Así las cosas, el magistrado instructor Manuel García-Castellón se ve en la tesitura de tener que triangular todas sus consultas al país vecino a través de su excompañero el juez José de la Mata, miembro nacional de España en Eurojust, desde noviembre de 2020, a propuesta del exministro de Justicia Juan Carlos Campo.

La situación ralentiza trámites que deberían ser directos aunque, a pesar de ello, la Audiencia Nacional avanza sin pausa hacia el procesamiento de varios de los exjefes de la organización etarra que, según los informes de Guardia Civil y de la Ertzaintza, en 1997, estaban al frente del Comité Ejecutivo o Zuba de la organización armada, «no impidieron» lo ocurrido, habiendo «podido hacerlo».

De ahí que, el pasado mes de febrero, tal y como adelantó El Debate, García-Castellón –tras recibir el respaldo de la Sala de lo Penal del órgano central para continuar con las pesquisas– decidía interrogar al etarra Ignacio Miguel Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y reintentar la toma de declaración a sus compañeros Mikel 'Antza', Soledad 'Anboto' Iparaguirre y José Javier Arizcuren 'Kantauri'. Para este último, en concreto, el titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 ya habría recibido la conformidad de Francia, según avanzan a este digital fuente próximas a la causa.

Una vez el país galo ha dado el permiso necesario para proceder contra este último, la «unidad de acción» en la futura acusación y eventual enjuiciamiento de los cuatro exdirigentes resulta «imprescindible para el buen fin» del proceso judicial que, con toda seguridad, se abrirá a lo largo de este año contra ellos, señalan fuentes de toda solvencia. Sin embargo, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales el próximo día 23 de julio hacen preveer «poco probable, no imposible, que sea antes del verano».

La clave está en los 'papeles' de ETA

Según se desprende del contenido de un Boletín de carácter interno de la banda terrorista ETA –Barne Buletina nº 67– en julio de 1993, con los cuatro etarras en la cúpula de la organización, se indicaba «de manera clara la nueva estrategia que se iba a iniciar por parte de la banda, como refleja» el contenido minuciosamente analizado por los responsables policiales del caso.

«Pues el día en que un tío del PSOE, PP o PNV va al funeral de un txakurra o cien y se le llena la boca de palabras de condena y lágrimas de cocodrilo, no ve en peligro su situación personal y asume ese tipo de ekintzas pues están hechos una piña en contra de nuestros derechos como Pueblo. Pero el día que vayan al funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (osea en caja de pino y con los pies por delante».

Se trata de la estrategia certificada por ETA para extender sus acciones terroristas a concejales de diferentes partidos políticos, inicialmente apoyada en la denominada ponencia 'Oldartzen', aprobada por Herri Batasuna (HB) en 1994 y en la que se abogaba por «socializar el sufrimiento».

A partir de dicha fecha, y como se ha venido traduciendo durante los últimos meses en nuevos informes policiales, la banda terrorista ponía en el centro de su diana a la clase política –algo que no sucedía desde mediados de la década de los ochenta– y lo hacía según un esquema orgánico mencionado en la documentación incautada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado francés, en colaboración con España, tal y como se detalla en otro informe policial 20/2016, publicado por El Debate, sobre el asesinato de otro concejal del Partido Popular vasco, Gregorio Ordóñez, que ha reabierto el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 5, el magistrado Alejandro Abascal.

Txapote fue condenado como asesino

En 2006, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 50 años de cárcel al ex dirigente de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote, y a su compañera sentimental y miembro la banda Irantzu Gallastegui Sodupe, alias Amaia, como autores materiales del secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco nueve años antes. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de marzo del año pasado cuando el juez Manuel García-Castellón acordaba reabrir la investigación sobre los hechos.

Una decisión que provocaba un efecto dominó en el órgano jurisdiccional donde, en simultáneo, también se investiga la autoría intelectual de otros atentados como el coche bomba de la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, en 2002; el asesinato del concejal popular Gregorio Ordóñez, en 1995; o, el del juez José Francisco Querol, en octubre del año 2000.