La AN avanza para enjuiciar a los exjefes de ETA en plena polémica por los exterroristas candidatos de Bildu

Fue a finales de los años setenta, y principios de los ochenta, cuando ETA se definió internamente como una organización operativa basada en una «jerarquía» de «rígida disciplina» que, al amparo de la «clandestinidad», se convirtió en una «férrea dictadura» de la Cúpula, Comité Ejecutivo o Kuba. Esta estructura dirigente –«que se renueva por medio de la cooptación y formada por militantes de la banda terrorista con la condición», a su vez, de «responsables de los principales Aparatos» que integran la banda– asumió «todas las funciones» decisivas de tal manera que «no hay prácticamente nada» que dicha composición «inmutable» no «controle, impulse o dirija».

Así las cosas, aunque los miembros del Comité Ejecutivo de ETA no estuvieron «física y personalmente en cada uno de los movimientos, acciones, atentados terroristas, etc.» perpetrados por la banda terrorista, sí fueron los «encargados de diseñar la estrategia» y de «dirigir todos los medios para conseguir llevarla a cabo», según se desprende de los informes policiales en poder de la Audiencia Nacional (AN) que se prepara para procesar a cuatro históricos exjefes como «autores mediatos» o «cerebros» del asesinato del exconcejal popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Mikel Albiso, alias 'Mikel Antza'; Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto'; Iñaki Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; y, José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri' están a un paso de ser enjuiciados por su «función necesaria y decisiva», en cada momento, para imponer la estrategia a seguir por el conjunto de la Organización Terrorista, «controlando, supervisando e impulsando la actividad terrorista de sus estructuras clandestinas y sus comandos de acción».

Un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, fechado en 2015, concluyó que «los miembros del Comité Ejecutivo de ETA llevaban a cabo el diseño de la estrategia general a seguir por toda la organización terrorista y que, a su vez, coordinaban lo que de ellos individualmente dependía directamente». Mientras que «todos los comandos de acción y Aparatos quedaban reducidos a la condición de un mero instrumento de una Cúpula directiva» –el Comité Ejecutivo– que «decidía qué había que hacer, cuándo hacerlo y cómo había que hacerlo; y los comandos materializaban las instrucciones que desde la Dirección» de la banda terrorista «se les hacían llegar».

Por todo ello, y tras las pesquisas iniciadas por un total de tres magistrados del órgano central –Alejandro Abascal, Santiago Pedraz y Manuel García-Castellón– arrancaban hace unos meses, tal y como ha ido adelantando El Debate, una serie de causas de investigación, a partir de las denuncias presentadas por la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, para determinar la responsabilidad de los dirigentes etarras en el diseño intelectual de las acciones terroristas dirigidas contra guardias civiles, políticos y sociedad civil española como parte de la estrategia del «miedo» necesario para imponer sus ideas políticas.

Ahora, con los resultados de las investigaciones avanzadas, García-Castellón se prepara para procesar, en las próximas semanas, a cuatro de los cabecillas terroristas –'Mikel Antza', 'Anboto','Iñaki de Rentería'; y, 'Kantauri'– porsu intervención como «autores mediatos» del secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco. Una orden de entrega cursada a Francia contra uno de ellos es el único escollo que necesita el magistrado para cerrar la fase de instrucción y comunicar a las partes las conclusiones para la acusación provisional que pesa sobre ellos.

Estado de Derecho vs. relato político

El hecho de que la Audiencia Nacional se prepare para enjuiciar, el menos en cuatro causas diferentes –los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, el juez Querol y Gregorio Ordóñez o el atentado de Santa Pola– choca, frontalmente, con la estrategia de blanqueamiento del terrorismo de ETA en clave política que, en los últimos días, adquiría su mayor exponente gracias a la decisión de EH Bildu de incluir en sus listas electorales, a los comicios municipales y autonómicos del próximo día 28-M, de un total de 44 exterroristas condenados, 7 de ellos por delitos de sangre.

La labor de la Guardia Civil ha vuelto a resultar fundamental en la lucha contra los delitos de la banda terrorista que todavía siguen impunes. No en vano, la labor judicial se ha apoyado, de forma expresa, en sendos informes de la Ertzaintza y del Instituto Armado en los que, como avanzó en exclusiva El Debate, los agentes señalan a la cúpula de la banda, como responsable última del asesinato perpetrado el 12 de julio de 1997, contra el joven edil vasco del Partio Popular, considerando que la designación del objetivo sólo pudo salir del máximo órgano de dirección de ETA.

Para el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García- Castellón, queda claro que «la toma de la decisión de llevar a cabo una acción terrorista» era difundida por el comité ejecutivo o ZUBA. De igual forma sucedía con «la información del objetivo sobre el que materializar la acción terrorista, y la planificación y ejecución de la acción». «Eran actuaciones generadas en el denominado 'nivel directivo' de ETA, es decir, en el seno de la cúpula de la organización terrorista», añade en las conclusiones preliminares de su invetigación en el caso que llevarán al banquillo a cuatro de los dirigentes terroristas, en plena campaña electoral.

Una decisión «colegiada» de ETA

En uno de los autos resultantes del trabajo de policía y tribunal se retrotrae el escenario a marzo de 1992, cuando la cúpula de la banda sufrió el «golpe policial» que supuso la detención de la dirección de la banda en Bitart (Francia). Un hito que llevó a la organización a iniciar «sucesivos debates internos con el objetivo final de diseñar una nueva estrategia». Para ello, definieron un nuevo 'modus operandi', señala el juez García-Castellón, «incluía el señalamiento de cargos políticos del Partido Popular y del PSOE como objetivos de las acciones terroristas de ETA, y también la comisión de otros atentados o acciones terroristas de gran poder desestabilizador» como el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara o «el intento de atentado» contra el Rey Juan Carlos I.

De ese nuevo comité ejecutivo de ETA, asegura el magistrado, "formaron parte 'Kantauri', 'Mikel Antza', Ignacio Miguel 'Iñaki de Renteria' y 'Anboto'. Dirección de la banda que según lo acreditado por el magistrado hasta la fecha se planificó, en 1997, «el secuestro de un militante» del PP «bajo la amenaza del asesinato del mismo si el Gobierno no accedía a las exigencias que le eran planteadas por la organización terrorista». «La víctima de esta acción» terminaría por ser Miguel Ángel Blanco «en su calidad de miembro del citado partido político», y que «se había convertido en objetivo preferente de ETA, no ya del comando Donosti, sino de toda la organización terrorista».

«Las comunicaciones orgánicas dirigidas en esas fechas por el responsable del aparato militar de ETA José Javier Arizcuren 'Kantauri' a otro comando de liberados de la organización terrorista, el comando Bizkaia, así lo pusieron de manifiesto», afirma García Castellón. Para el magistrado, «teniendo en cuenta el modo de actuar de ETA en el que su principal estructura directiva» era la encargada de la toma de decisiones, es «improbable que una acción terrorista como la llevada a cabo contra» Blanco «fuese realizada por un comando de ETA sin que mediase una decisión y una planificación previa, así como unas órdenes concretas y específicas, emanadas» de la ZUBA.

«La decisión de realizar la acción terrorista contra Blanco no fue tomada por un miembro concreto o aislado del comité ejecutivo de ETA, sino que requirió del consenso y la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes de la dirección. El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra Blanco así lo requería», sostiene el magistrado.

Pudiendo hacerlo, no lo evitaron

El instructor también responsabiliza a la cúpula de la banda en tanto que «no realizaron ningún acto para que finalizara el secuestro ni la muerte de la víctima, evidenciando una voluntad inequívoca en la producción del resultado». «En ningún momento intentaron evitar o impedir, pudiendo hacerlo, el asesinato. La acción terrorista que el comando Donosti ejecutó no pudo materializarse por su propia iniciativa, sino que lo realizó siguiendo las órdenes y con la autorización expresa de sus superiores, los integrantes del comité ejecutivo de ETA», concluye.

Todas esas razones, a las que ya apuntaron la Ertzaintza y la Guardia Civil en sus respectivos informes, son las que llevan al juez a llamar a declarar a 'Kantauri', 'Mikel Antza' y 'Anboto' y a 'Iñaki de Rentería', este último no sin grandes dificultades por las discrepancias que han mantenido el juez García-Castellón y la Fiscalía General del Estado (FGE) al hilo de la prescripción de los delitos que se le están imputando.

Tal fue la tensión entre el instructor y el fiscal del caso, en sustitución del titular de la causa desde el comienzo que renunció por presiones de sus superiores al discrepar del planteamiento procesal, que El Debate contó en esclusiva, que tanto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional como la Junta de fiscales de Sala tuvieron que pronunciarse al respecto. Por el momento, y pendientes del cambio de fase en el procesamiento de los etarras señalados, y los que están por llegar en el corto plazo, por estos fatídicos atentados, la causa sigue adelante contra todos ellos mientras se analiza, en paralelo, si hay alguna razón que impida que sus excompañeros de la banda terrorista, candidatos en 44 Ayuntamientos, incurren en alguna causa de inelegibilidad para el puesto.