García Ortiz expedientó «sin pruebas» al fiscal que no quiso defender la caducidad del caso Miguel Ángel Blanco

La Fiscalía se pronunciará sobre la prescripción del crimen contra Miguel Ángel Blanco en el «momento procesal oportuno». Con esta afirmación el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aclaraba el pasado jueves en sede parlamentaria que el Ministerio Público no instaría la posible caducidad penal del secuestro y asesinato, del concejal del Partido Popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, en 1997. Y lo hacía tras el varapalo recibido desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en un reciente auto sobre el tema que daba luz verde al magistrado Manuel García Castellón para continuar investigando.

Sin embargo la posición del sucesor de Dolores Delgado no ha sido siempre la misma y, el pasado verano, tal y como reveló El Debate en primicia, apartaba al fiscal del caso, Vicente González Mota, por negarse a defender la tesis impuesta desde la Secretaría Técnica de la institución cuando estaba manos del propio García Ortiz, unas semanas antes de acceder a su nuevo cargo, y en la que se apostaba por dar cerrojazo a las pesquisas. No satisfecho con ello, una vez al frente de la Fiscalía abrió hasta dos expedientes a González Mota, por una presunta revelación de secreto profesional –uno penal y otro disciplinario– quien tras el «calvario» al que ha sido sometido «durante siete meses» por su discrepancia, ha visto como ambos quedaban totalmente archivados.

Así, según ha podido saber El Debate, tras plantarse el pasado 20 de julio ante «el criterio de la Secretaría Técnica carente de facultades estatutarias para ello», González Mota haciendo gala de una «lealtad a la institución digna de encomio» pese a las circunstancias, «propuso» –como prevé el Estatuto– «acatar» las indicaciones recibidas «como orden o instrucción a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero defender oralmente su posición contraria» al entender que la petición era del todo improcedente; y, «alternativamente, sometió a la consideración de fiscal Jefe» de la AN, Jesús Alonso, «su sustitución por otro compañero».

Opción, esta última, que terminó por hacerse efectiva en la figura de Pedro Rubira quien admitió separarse de la línea «dura» mantenida, hasta la fecha, por el Ministerio Público en la causa reabierta en la Audiencia Nacional contra la «autoría mediata» de los exjefes etarras que diseñaron el atentado perpetrado contra el joven político vasco.

Fue a partir de entonces cuando la Inspección de la Fiscalía General, inaudita parte, arrancó una auténtica persecución sobre González Mota, previa apertura de unas Diligencias de Investigación Penal «remitiendo las mal llamadas diligencias informativas puesto que no se informó la Inspección de nada ni se practicó ninguna actividad tendente a informarse de lo ocurrido» que, en realidad, y según fuentes de toda solvencia, consistieron en «una simple comunicación del Excmo. Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, que no imputó ningún comportamiento irregular al Fiscal aquí expedientado».

Sin embargo, el Teniente de la Inspección dedujo que el fiscal expedientado podría haber incurrido en un delito, «que además sabemos que nunca existió, y que de haber existido no se le podía atribuir por no existir prueba alguna de ello», denuncian ahora las mismas fuentes.

Por si fuera poco, así las cosas, el presupuesto para la incoación de diligencias penales fue «partir –sin pruebas– de su autoría» incluso aún cuando «los hechos no eran susceptibles de incardinación en el Código Penal como señaló la Fiscalía del Tribunal Supremo», tal y como consta en los documentos que obran en poder de este periódico.

Un escenario que era «conocido para el Promotor», Manuel Moix, puesto que consta en el primer expediente, «que la Fiscalía del Tribunal Supremo procedió al archivo de las diligencias sin que precisara ninguna explicación» del fiscal afectado, González Mota, «quien ni fue llamado, ni notificado por dicha Fiscalía de resolución alguna». Es «patente», por lo tanto, «la desautorización al Informe del Teniente de la Inspección que, ante la carencia de denunciante alguno, es el único que sostenía la existencia de actividad penal imputable» al profesional señalado en base a «meras conjeturas o sospechas», como reconoce el último decreto de archivo interno.

Un segundo intento disciplinario

Así las cosas, como ni la Fiscalía del Supremo, ni el fiscal al frente de la Acción Disciplinaria pudieron determinar que González Mota fuese autor de un delito de revelación de secretos, el fiscal de la Audiencia Nacional pasaba a ser investigado, internamente, por el propio Departamento que dirige García Ortiz «con una celeridad poco compatible con el estudio de la resolución de la Fiscalía del Tribunal Supremo».

No en vano, y según ha podido saber El Debate, al día siguiente de notificarse el archivo de las indagaciones penales sobre el afectado, el 22 de diciembre de 2022, se dio curso por parte de la Inspección en manos de Maria Antonia Sanz a unas «Diligencias Informativas» en el seno de la propia Fiscalía General, en las que se solicitaba la incoación de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave contra González Mota pese a que tampoco en esta ocasión «se tuvo interés en practicar ninguna diligencia para el esclarecimiento de lo ocurrido».

Y es que, en el marco del citado expediente disciplinario no se dio trámite, ni se escuchó al expedientado para recopilar información o prueba alguna –«porque no la había»– de que el exfiscal del caso Miguel Ángel Blanco hubiese revelado «la estrategia procesal de la Fiscalía» a los medios de comunicación, ni oralmente, ni entregando documentos a la prensa, ni él personalmente, ni a través de persona alguna.

En especial porque dicha posición, que él ya no defendía, fue puesta de manifiesto ante el juez García-Castellón y las partes personadas en la causa durante la comparecencia celebrada días antes que la noticia saliese publicada. La actuación fue también archivada días después de la petición formulada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de la que es miembro González Mota.

En estas circunstancias, la Junta de Fiscales de Sala, máximo ógano técnico de la Fiscalía, está llamada a deliberar este próximo jueves sobre la prescripción de la causa reabierta en la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal considera que no puede darse por caducada, por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un cónclave que pondrá punto y final a los constantes bandazos del Ministerio Público en este caso.