El fiscal general urdió ya en enero un decreto para facilitar a Delgado la plaza de Memoria Democrática

Una plaza de nueva creación «a la medida» de Dolores Delgado, cuatro candidatos para el puesto y un Pleno adelantado del Consejo Fiscal para asegurarse el nombramiento de la exfiscal general del Estado como nueva titular de Sala de Memoria Democrática, antes de las elecciones del 23-J. Estos son los ingredientes de la agria polémica que se ha provocado en el seno de la Fiscalía tras conocerse las intenciones de su titular, Álvaro García Ortiz, para designar a la que fue su predecesora en el cargo, en un puesto al que aspira desde que dimitió, y pese a que sobre ella planean dudas de «incompatibilidades» para el ejercicio del mismo por su matrimonio con el exjuez Baltasar Garzón, actualmente abogado especialista en derechos humanos.

Y, sin embargo, la cosa no termina ahí. Según ha podido saber El Debate, García Ortiz urdió ya en enero de este año un decreto para encargar a Delgado tareas vinculadas con la materia del puesto de Memoria Democrática para el que, si nada lo remedia, será nombrada discrecionalmente este mismo jueves día 8, en un cónclave extraordinario del CF. Un decreto del que no hay constancia en la Inspección Fiscal «por donde no ha pasado nunca» y que fue verbalmente informado por el titular del Ministerio en el transcurso de la primera reunión de este año del Consejo.

Todo apunta a que fue una «iniciativa propia» del fiscal general que, «muy posiblemente con la ayuda de la responsable de su Secretaría Técnica», Ana Isabel García, redactó el texto orientado a facilitar a Delgado «la adquisición de competencias» clave en Memoria Democrática. Un documento del que parece haberse perdido todo rastro documental y que sí fue «informado» al Consejo Fiscal, verbalmente, en la convocatoria de enero, «sin más detalles».

Así las cosas, para facilitar la «idoneidad» de su antecesora en las funciones propias de la plaza en cuestión, el actual fiscal general –responsable del impopular ascenso de Delgado a la máxima categoría del escalafón del Ministerio Público, como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo– le «asignó hace unos meses» a su mentora tareas relativas al despacho de «cuestiones sobre Derechos Humanos en materia internacional».

Es decir, «le abrió la puerta» a acumular experiencia y méritos en una materia «tremendamente específica» que es la que se reclama a los aspirantes «al nuevo puesto», apuntan a El Debate fuentes próximas a la institución.

No en vano, García Ortiz sabe que tendrá la última palabra en dicho nombramiento, una vez formalmente convocada la vacante que, salvo que se suspenda o posponga, como han pedido hasta en dos ocasiones desde la AF y la APIF, se debatirá en el Pleno extraordinario de este jueves.

El titular de la FGE, al que a su vez Delgado promocionó como fiscal de Sala para convertirlo en su mano derecha tras acceder a liderar el Ministerio Público y al que, más tarde, aupó, tras su dimisión por motivos de salud, como cabeza de la Fiscalía, volverá a facilitar las cosas a su excompañera, como ya ocurrió en septiembre del año pasado, cuando le concedió la máxima categoría del escalafón de la Carrera.

Todo apunta a que García Ortiz ha venido allanando el camino a su mentora hacia la nueva plaza de Memoria que podría entrar en «conflicto de intereses» con la actividad profesional de su actual pareja y a la que, previsiblemente, accederá en contra del criterio de la mayoría de su Consejo asesor.