Los fiscales piden a García Ortiz que aplace el nombramiento de Delgado hasta aclarar sus «incompatibilidades» con la actividad de Garzón

Hace unos días, dos de las principales entidades profesionales con representación en el Consejo, la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) instaron al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz para que «considerara la suspensión del Consejo señalado para el día 8 de junio, atendiendo a la fecha preelectoral en que nos encontramos» y teniendo en cuenta el próximo vencimiento del mandato del propio García Ortiz que tendrá lugar el próximo 24 de julio. Lo hacían, sin mucho éxito, tras conocerse la decisión de anticipar el cónclave de este mes, tal y como publicó El Debate en primicia, para asegurarse la designación de su predecesora y amiga, Dolores Delgado, como fiscal de Memoria Democrática, antes de las próximas elecciones generales del 23-J.

Hoy, la APIF ha vuelto a señalar la necesidad de aplazar dicha cita hasta que se aclaren las posibles «incompatibilidades» que planean sobre la plaza creada a la medida de Delgado y la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón.

Así las cosas, y dado que «es competencia decisoria del Consejo Fiscal el dictaminar acerca de la concurrencia de causas» que comprometan la compatibilidad de los candidatos a las vacantes de la Carrera, según lo previsto en el artículo 58 del EOMF, desde la APIF han remitido un nuevo escrito a la Fiscalía en el que apuntan a la «existencia de posibles conflictos de interés entre una de las candidatas a cubrir la plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática, la Excma. Sra. Da. Dolores Delgado García, por razón de su relación sentimental con el titular de un conocido despacho de abogados, ILOCAD Baltasar Garzón y la Fundación FIBGAR, cuyo objeto y actividad podrían» discrepar de las funciones que la ley atribuye al futuro y eventual titular del cargo.

«Se trata FIBGAR de una fundación que tiene como labor procurar la lucha contra la impunidad de crímenes gravísimos, y la defensa de los derechos humanos , entre otros fines. Pero lo que está en juego es conocer si concurre o no un posible conflicto de intereses entre la aspirante al puesto y las actividades jurídicas de D. Baltasar Garzón», apunta el escrito registrado en la Fiscalía General del Estado, este mismo martes, por el presidente de la APIF y consejero electo, Salvador Viada, a la que ha tenido acceso El Debate.

Una misiva en la que Viada apunta a la necesidad de «resolver» la cuestión «previamente a la adjudicación de la plaza en cuestión». Razón por la que ha solicitado, formalmente, por segunda vez, que «se posponga el debate sobre la adjudicación de la plaza de Fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, y que en el Consejo Fiscal siguiente, anunciado para el día 19 de junio, se introduzca en el orden del día la posible incompatibilidad relativa para el puesto al que aspira la candidata referida, procediéndose a la votación sobre el particular».

Fibgar coincide con el papel de Memoria

No en vano, basta «acceder a las actividades de FIBGAR» para darse cuenta de «su dedicación a un aspecto fundamental del derecho que, sin embargo, entra de lleno en el área de actividades que deberá desempeñar el Fiscal de Memoria Democrática, comprobando también la reiterada colaboración de la Excma. Sra. Da. Dolores Delgado con las actividades de dicha Fundación».

Por todo ello, desde el propio Consejo han considerado «preciso disponer de unos días» más para que los miembros que lo integran puedan «hacerse una idea de las eventuales consecuencias de que una plaza tan importante pudiera adjudicarse a una persona cuya plena imparcialidad en el ejercicio del cargo pudiera verse, ante terceros, comprometida. Y, también, naturalmente, para oír a la compañera afectada sobre la cuestión».

«De no accederse a dicha solicitud» los fiscales entienden que «se estaría evitando que el Consejo Fiscal pudiera decidir sobre una de sus competencias más importantes, establecida en beneficio de la Institución y de los ciudadanos, así como ocasionando un enorme daño reputacional a la Fiscalía General, mostrándose incapaz de reaccionar ante un hecho de la magnitud del que nos ocupa», concluye la misiva.