El fiscal general blinda a Delgado 5 años mientras el Supremo aún estudia la validez de su anterior ascenso

Dolores Delgado ascendía, el pasado septiembre de 2022, a la categoría más alta del escalafón de la Carrera fiscal gracias al que fuera su número dos y sucesor en el cargo de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la designó para el puesto de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo pese a que la entonces candidata no contó con el respaldo del Consejo Fiscal (CF). Una polémica situación que ha vuelto a repetirse, este jueves, con su nombramiento a dedo para ocupar la nueva vacante de Memoria Democrática. Un puesto para el que Delgado viene postulándose desde que dimitiese como titular del Ministerio Público y al que ha llegado con dudas sobre la «incompatibilidad» entre sus futuras y eventuales competencias y la actividad profesional de su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón.

Y, todo ello, mientras el Supremo ya estudia el recurso interpuesto por uno de los aspirantes al cargo de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal –y teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda– para determinar si la elección de Delgado y su acceso a la cúspide de la Fiscalía, como consecuencia directa de ello, fue ajustada a Derecho.

No en vano, en aquella ocasión, de los nueve vocales electos que integran el órgano consultivo de doce miembros, seis votaron en contra de Delgado, los representantes de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF); y, uno más, el consejero único de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se abstuvo porque su mujer, la también fiscal adscrita al Departamento de Anticorrupción María Teresa Gálvez, se postulaba como opción.

Precisamente contra estos dos últimos se dirigía la ya titular de Memoria Democrática, Dolores Delgado, en una carta remitida a García Ortiz, horas antes del cónclave extraordinario adelantado al día 8, para recusar a Viada por su «enemistad manifiesta» hacia ella e impedir que participara en la deliberación y posterior votación de su perfil para la polémica plaza de nueva creación.

Tan sólo una minoría de cuatro fiscales, que ahora ha quedado reducida a tres, respaldaron a Delgado para la Sala de lo Militar. Los dos representantes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que, en el caso de Memoria Democrática ha sido sólo uno ya que el otro se decantó por un aspirante más veterano, y las dos miembros natos del Consejo –la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y la inspectora jefe, María Antonia Sanz– a quienes la propia exministra socialista colocó en sus respectivos cargos. Pese a ello, el fiscal general del Estado, tanto entonces como ahora, confirmó su elección desoyendo la opinión mayoritaria de sus consejeros.

Así las cosas y pendiente el pronunciamiento de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo sobre el polémico ascenso de Delgado a la primera categoría del escalafón fiscal, García Ortiz ha replicado su preferencia discrecional por la que fuera su predecesora en el cargo, mentora profesional y responsable de que llegara a sustituirla al frente del Ministerio Público. En el seno del Alto Tribunal tendrán que determinar si el perfil, experiencia y méritos de alguno de los casi veinte candidatos que compitieron con Delgado, por la plaza de lo Militar, era máas ajustado a los requisitos, funciones, antigüedad y especialización vinculadas a dicho cargo.