La Manada de Pamplona a la espera de poder beneficiarse de la ley del 'solo sí es sí' aprobada para combatirla

El caso de la Manada de Pamplona, un grupo de cinco amigos que durante las fiestas de San Fermín de 2016 violó a una chica, pedía hace unos meses la revisión de la pena impuesta de 15 años de prisión a uno de sus integrantes, Ángel Boza, tras la entrada en vigor de la ley del 'sólo sí es si'. Aunque la Audiencia Provincial de Navarra le negó dicha posibilidad en primera instancia, y en medio de una agria polémica suscitada en la sociedad española por los mal llamados «efectos indeseados» de la ley, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad foral estudia ahora si, de acuerdo con el texto del Ministero de Igualdad y a partir de la jurisprudencia sentada esta misma semana por el Supremo para este tipo de recursos, la Manada debe beneficiarse de una reducción de sus condenas.

De ser así, la Manada podría verse, paradójicamente, favorecida por una norma que fue impulsada por Irene Montero, sin emargo, con la excusa combartir y endurecer la impunidad de este tipo de delitos. El verano de 2016 corrieron ríos de tinta sobre la necesidad de modificar de urgencia la ley para evitar que «la mayor parte de casos» contra la libertad sexual se quedasen «sin juzgar», de acuerdo con las consignas lanzadas por el feminismo de Podemos y contra el que bautizaron como «el Código Penal de la Manada»: «No es abuso, es violación».

El asunto que se usó como slogan para justificar la ley del sólo 'sí es sí' y reformar el «Código Penal de la Manada» podría ver reducidas sus penas, precisamente, gracias a esa ley

Lo cierto es que, en los últimos meses, la evidencia ha confirmado que quienes llegaron para endurecer las consecuencias a los delincuentes sexuales se atrincheraban en un relato en defensa de la reforma legal que ha acabado beneficiándolos. Eso sí, previo ataque a los jueces que se han limitado a aplicar la ley vigente y señalando a cualquiera que se atreviese, incluido el PSOE aunque fuese su socio de legislatura, a poner en cuestión la ley del 'sí es sí'. Ni rastro de la verdadera discusión jurídica sobre el alcance y la aplicación de la Disposición Transitoria 5ª del Código Penal que, una vez interpretada en Pleno por el Supremo, ha de ser aplicada a violadores y pederastas por resultar más favorable a reo.

En último término, si en los próximos días el TSJ de Navarra deniega, por segunda vez, esta pretendida rebaja a uno de los miembros de La Manada, Boza todavía podrá dirigirse en casación ante el Supremo. El Alto Tribunal que, esta misma semana, ha avalado los cálculos aplicados por las audiencias provinciales sobre las penas de cárcel impuestas, en firme, a una treintena de violadores y pederastas de nuestro país, en base a la aplicación de los «márgenes dosimétricos» previstos en el Código Penal.

Y es que, pese a lo discutido y complejo del tema, la mayoría de los magistrados han coincidido en que no cabe la «reindividualización» de las condenas «atendiendo a la particular naturaleza de los hechos» en algunos casos concretos, como pedían algunos de los jueces que integran el Pleno de la Sala Segunda de lo Penal.

«No es competencia del Supremo determinar si la pena resultante de la aplicación de una ley más beneficiosa es justa o injusta en algunos supuestos», en los que de la condena inicial a la resultante hay hasta cinco años de mejora paa el delincuente, sino «si el cálculo revisado de la Audiencia Provincial competente fue ajustado a los cánones aritméticos del Código vigente», han explicado a El Debate fuentes próximas al Supremo.

Una decisión favorable, de oficio al resto

Mientras tanto, los otros cuatro miembros de La Manada condenados por la violación continuada de una joven de 19 años se mantienen a la espera de lo que pueda decidir la Justicia para Boza. Así las cosas, el abogado sevillano que los representa desde un inicio, Agustín Martínez, cree que una decisión favorable sobre el recurrente, se tendría que aplicar de oficio al resto.

Y es que no sólo se trata de que la reducción de las condenas provocaría que los miembros del grupo puedan salir antes de la cárcel, como ya ha ocurrido con más de un centenar de presos beneficiados por el 'sí es sí' según los últimos datos oficiales actualizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que también tendrían acceso anticipado a mayores beneficios penitenciarios.