Cinco concejales de Bildu elegidos en los últimos años tienen responsabilidad civil por terrorismo

La Audiencia Nacional ha encontrado que 5 de los 20 concejales de Bildu electos que contaban con condenas por terrorismo tienen aparejada una responsabilidad civil, esto es, que también fueron condenados al pago de una indemnización. Ahora, el tribunal mirará caso por caso para comprobar si han hecho frente a este pago o se les tiene que retener de su salario como concejales.

Después de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia pidió a la Audiencia Nacional que revisara las sentencias de los candidatos de Bildu con condenas por delitos de terrorismo que habían resultado elegidos por si alguno de ellos tenía pendiente el pago de una responsabilidad civil por sus delitos.

Condenada por asesinato

Según la búsqueda de la Audiencia Nacional, la etarra Miren Aranzazu Carrera, que fue elegida concejal de Amézqueta en 2019, cuenta con 5 condenas que incluyen una indemnización, entre ellas uno de asesinato y otro de encubrimiento. Otros cinco etarras elegidos concejales como son José Ángel Viguri, Gorka Betolaza, Juan Carlos Arriaga e Iker Isiegas tienen también condenas que conllevan el pago de una indemnización.

A pesar de que solo detecta indemnizaciones en condenas relativas a esas personas, en el listado consta que hay otros cinco concejales sobre los que no se ha obtenido registro de condenas en España o en la Audiencia Nacional: Aitor Manuel Güemes, Andoni Lariz, Iñaki López de Vergara, Francisco Javier Saez de Urbain y Alona Muñoa.

Se da la circunstancia de que el pasado 8 de junio la asociación presidida por Daniel Portero interesó que se revisase no solo a los candidatos electos en este 2023 sino también a los que fueron elegidos en las de 2019 y 2015. Y aportaba un listado de 21 representantes de la formación con las condenas de cada uno de ellos para que se revisase caso por caso.

En su escrito, Dignidad y Justicia recordaba que «han sido muchas las personas presentadas como candidatos por la formación política EH Bildu condenadas por delitos de terrorismo, entre ellos, asesinatos, estragos, pertenencia o colaboración con organización terrorista», y añade que el Estado «puede reclamar la responsabilidad civil derivada del delito de terrorismo a los condenados por el mismo, previamente satisfecho por éste», tal y como recoge la ley.

Así, DyJ insistía en que a todos los candidatos que han sido elegidos y a otros que a día de hoy siguen siendo concejales y que «van a pasar a cobrar o están cobrando un sueldo del erario público» se les examine por parte de las distintas secciones de este Servicio Común de Ejecutorias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Esto permitirá conocer cuales de ellos tienen la responsabilidad civil sin satisfacer, y entonces se les podrá reclamar «mediante los instrumentos legalmente establecidos, como el procedimiento administrativo de apremio», añade.