Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid
Tribunales
El CGPJ vuelve a pedir refuerzos «urgentes» a Justicia ante la situación crítica de los tribunales
La Comisión Permanente ha advertido que no aprobar los planes de refuerzo solicitados causará un grave perjuicio a los ciudadanos
El Poder Judicial ha vuelto a pedir auxilio al Ministerio de Justicia ante la «necesidad objetiva de aprobar las medidas de refuerzo» que, solicitadas hace unos meses, han sido denegadas por el Departamento que lidera la socialista Pilar LLop. La Comisión Permanente del CGPJ ha reiterado al Ministerio «la urgencia y necesidad de las mismas, a fin de garantizar un ejercicio adecuado y eficaz de la función jurisdiccional en los órganos judiciales concernidos, así como de evitar el grave perjuicio que la no aprobación de estos planes de refuerzo producirá en el servicio público de Justicia».
Así las cosas, en línea con la petición efectiva que, este mismo martes, trasladaban otros operadores jurídicos como abogados y procuradores, el Consejo ha acordado hoy tomar conocimiento de la resolución de Justicia que, con fecha 16 de junio, deniega 49 de las 146 medidas extraordinarias que habían sido solicitadas por el órgano de gobierno de los jueces y cuya adopción, además, contaba con el informe favorable del Servicio de Inspección.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 216 bis.5 que «la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, todo ello dentro del marco que establezca el Protocolo que anualmente suscribirán ambos a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar».
Por todo ello, la Comisión Permanente ha acordado también interesar del Ministerio de Justicia que «motive las razones que le han llevado a autorizar económicamente» unas medidas de refuerzo y a denegar otras, así como que «informe de las partidas presupuestarias con las que cuenta para atender las medidas de refuerzo hasta fin del presente año». Unas medidas que fueron prorrogadas en junio de 2022 para evitar la suspensión inmediata de las herramientas de soporte de las que estaban haciendo gala algunos juzgados de nuestro país pero que, finalmente, quedaron canceladas en octubre del mismo año.
El Supremo, bajo mínimos
Entre dichos órganos jurisdiccionales, el que soporta una situación más complicada es, hasta la fecha, el Supremo (TS) tras el bloqueo legal impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez al Consejo General del Poder Judicial para realizar nombramientos mientras siga en funciones prorrogadas, un escenario que arrastra desde 2018. Así las cosas, el pasado mes de febrero, adoptando el llamamiento del propio Gabinete Técnico del Alto Tribunal, la Comisión Permanente reclamó a Justicia la convocatoria de un total de 15 plazas de letrado para hacer frente al retraso de los trabajos más técnicos, fruto de la acumulación de vacantes que ya supera la veintena.
En dicha ocasión, el Supremo alertó de la situación crítica en la que se encuentra sumido desde hace más de dos años desde que entrase en vigor la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos, en marzo de 2021, para cancelar parte de sus funciones constitucionales y, con ello, obligar al Partido Popular a retomar la mesa de negociación para renovar el máximo órgano de los jueces. Las conversaciones entre Gobierno y oposición se vieron interrumpidas tras el anuncio socialista de la modificación a la carta del Código Penal para eliminar el delito de sedición y rebajar la malversación, con la que los de Sánchez obtuvieron el apoyo de Esquerra (ERC) para aprobar, en sede parlamentaria, los últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Desde entonces las vacantes judiciales en el Supremo –al igual que en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales– se han ido incrementando exponencialmente hasta llegar al que actualmente es el dato más crítico de su historia: un 25% de la plantilla total de 79 magistrados que lo componen. Una cifra que, de no tomarse medidas urgentes tras las próximas elecciones generales, podría ascender al 30% antes de final de año.