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El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y la vicedecana Isabel Winkels, este martes, en rueda de prensa en Madrid

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y la vicedecana Isabel Winkels, este martes, en rueda de prensa en Madrid

Tribunales

Los abogados cargan contra el Ministerio «fantasma» de Justicia tras denegarles refuerzos para evitar el colapso

Según datos actualizados de ayer, 26 de junio, la huelga de funcionarios que ya ha cumplido un mes, acumula un total de 4.702 procedimientos suspendidos. Un 20% de media de los señalados

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado, esta mañana, del gravísimo impacto que están sufriendo los plazos de los procedimientos judiciales en nuestro país como consecuencia de la negativa del Ministerio de Justicia de aprobar uno de cada tres de los refuerzos solicitados por los juzgados madrileños para hacer frente a los efectos de la huelga de funcionarios que, el pasado día 22 de junio, cumplió su primer mes.

Los abogados madrileños han cargado duramente contra la posición de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Departamento que dirige Pilar Llop, tras rechazar, «por razones de disponibilidad presupuestaria», un total de ocho de las veintiocho solicitudes de refuerzos instadas, durante el pasado mes de abril, para varias de las sedes de la capital. Una decisión que, pese a contar con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , fue notificada a los órganos judiciales, el pasado día 16 de junio.

El pasado mes de marzo, tras el fin de la huelga de los LAJ que se saldó con un 35% de suspensiones, el ICAM ya reclamó medios extraordinarios para reactivar la Justicia

«Que desaparezcan los refuerzos que mayoritariamente tenían los juzgados, en el caso de Madrid, nos conduce a una situación de auténtico colapso en la Audiencia Provincial, especialmente en Familia y Condiciones Generales de la Contratación. Tras la acumulación de procedimientos por la pandemia, y meses de parálisis a causa de los conflictos laborales en cadena, esta decisión es un desastre: nos conduce a una situación de auténtico colapso en Madrid. Esto puede ser la puntilla para muchos despachos en una situación ya difícil de sostener», ha denunciado públicamente Eugenio Ribón, decano de la Abogacía madrileña.

«Nos encontramos con que no sólo no se han asignado estos refuerzos que venimos reclamando para recuperar la normalidad en la Administración de Justicia, sino que, al contrario, se suprimen. La irresponsabilidad no puede ser mayor», han puesto en evidencia Ribón.

Menores y familias los más perjudicados

Apenas unas horas después de que, como adelantó El Debate, se conociese el malestar de los miembros de la Abogacía y la Procuradoría, con el «colapso» al que se asoma la Justicia española, con señalamientos que han tenido que ser postergados hasta el año 2026, las denegaciones acordadas por el Ministerio de Justicia, han caído como un jarro de agua fría en sedes judiciales donde el volumen de tramitación de los expedientes es superior a la media del resto, como por ejemplo las Secciones 19, 21, 28 bis.

No en vano, la vicedecana, Isabel Winkels, ha anticipado los perjuicios irreversibles que, en algunos casos, tendrá una dilación en la tramitación de los procedimientos de Familia: «De un año» de media para resolverlos «pasaremos a tres». En este ámbito, el Ministerio de Justicia ha denegado, entre otros, el refuerzo solicitado para los Juzgados de lo Penal nº 34 y 36 de Madrid, especializados en materia de Violencia sobre la Mujer, o para la sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en asuntos relativos al derecho de Familia y a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

«De los cinco magistrados titulares en la sección 22ª, hay tres que están de baja, otros dos sin relevación de funciones con un límite de 12 ponencias mensuales cada uno, y una magistrada a tiempo completo en comisión de servicios con relevación de funciones. Con el cese de esta magistrada se dejan de señalar 30 asuntos mensuales», ha detallado la vicedecana. «Sólo en el mes de julio», ha puntualizado Winkels, «esta magistrada tenía señalados 28 votaciones y fallos (asuntos que quedan sin resolver) y 10 audiencias a discapaces y menores. Eso implica 38 familias afectadas».

Y, además, en una Sección que, ya de por sí, acumulaba unos 1.115 asuntos pendientes a fecha de 31 de marzo, a los que ahora habrá que añadir «los 280 asuntos que hubiese resuelto el refuerzo que han suprimido», ha lamentado.

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