Los nombramientos de Delgado y García Ortiz entregan a sus afines el monopolio de la Fiscalía

Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han conseguido consolidar un dudoso récord en el seno de la Fiscalía. Tres años de mandato entre ambos, dos para la que fuera exministra de Justicia y uno para su sucesor, han sido suficientes para nombrar a un total de 21 miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ellos mismos pertenecieron antes de liderar el Ministerio Público, de entre los 36 que componen la actual Junta de fiscales de Sala.

Una Junta «muy poco colaborativa» ante un futuro cambio en la cúspide de la Fiscalía General que, así las cosas, queda «dominada por una asociación minoritaria pero muy proactiva a favor de los gobiernos socialistas», denuncian a El Debate desde dentro de la institución. Un monopolio de la izquierda jurídica que se extiende, también, a la Unidad de Apoyo, la Inspección Técnica y la Tenencia del Supremo.

La estrategia ha sido colocar, como mínimo, a unos 15 fiscales de Sala de la UPF que no superan los 60. Doce años irrevocables por delante hasta llegar a la edad legal máxima de jubilación

El escenario no se corresponde, sin embargo, con la realidad de una Carrera que, en las últimas elecciones al Consejo Fiscal, situó a una mayoría de vocales de la Asociación de Fiscales –con 615 asociados– frente a los dos representantes de la (UPF) que tan solo cuenta con 220 asociados en total. Además, 15 de los 21 candidatos designados de la UPF, en la cúspide, fueron promocionados pese a ser los más modernos del escalafón de entre los aspirantes a los diferentes puestos y obviando su discutible cualificación específica para cada uno de ellos.

El ejemplo más sangrante se producía con la decisión de García Ortiz de no renovar a Miguel Ángel Carballo como teniente fiscal de la Audiencia Nacional y número dos del fiscal jefe del órgano jurisdiccional, Jesús Alonso, quien por el contrario sí era prorrogado por Delgado antes de su dimisión. Con el veterano fiscal Carballo, que optaba a la reelección, compitió Marta Durantez, persona de confianza del nuevo titular del Ministerio Público, García Ortiz, durante su anterior etapa en la Secretaría Técnica. La fiscal, sin mayor experiencia de campo que los delitos de tráfico, fue promovida al cargo alegando que sus dos últimos años de bagaje los había desempeñado en el «órgano en el que se analizan las causas de mayor relevancia y trascendencia tramitadas en todo el territorio nacional».

El más reciente pero no por ello menos polémico, según publicó El Debate, la triple designación de fiscales de la UPF durante el último Consejo Fiscal en el que la propia Dolores Delgado fue confirmada como fiscal de Sala de Memoria Democrática –una plaza creada a su medida y sobre la que planea una sombra de incompatibilidad por la actividad de su pareja sentimental, el exjuez Baltasar Garzón–. García Ortiz aprovechó el cónclave para situar a Miguel Ángel Aguilar como responsable de la división de delitos de Odio y discriminación; a Julio Cano, como fiscal jefe Baleares; y, a Pablo Varela, hijo del conocido exmagistrado socialista del Supremo, Luciano Varela, al frente de la Fiscalía de Pontevedra.

Los tres eran los aspirantes con menos años de experiencia en la primera categoría del escalafón de los que se postulaban para cada una de las plazas y tan solo recibieron los votos de los vocales electos de la UPF, en minoría dentro del órgano, y los miembros natos del CF, discrecional y estratégicamente situados por Delgado antes de su salida.

Para todas las vacantes en discusión, «incluidas las de algunas fiscalías provinciales y superiores, siempre que han podido», había perfiles «mucho más consolidados» que los que, finalmente, fueron designados por el fiscal general para hacerse cargo de las funciones correspondientes a los mismos, denuncian desde el seno de la institución. No en vano, durante los mandatos de María José Segarra, también de la UPF, Delgado y García Ortiz, un total de 14 de los 18 ascensos a fiscal de Sala de miembros de la Carrera, recayeron en asociados de la UPF.

Una tendencia que, como ha venido publicando El Debate, se ha convertido en dinámica habitual de la Fiscalía General desde que quedase en manos de Delgado y de su íntimo amigo García Ortiz. Un «campo de minas» para el próximo responsable del Ministerio Público tras las elecciones generales del 23-J.