La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra
Consejo de Ministros
Belarra vuelve a usar su Twitter por el veto de Sánchez a Podemos en las ruedas de prensa de la Moncloa
La ministra de Asuntos Sociales no ha asistido a ninguna rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros desde el 17 de enero
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto –impulsado por el Ministerio de Asuntos Sociales de Ione Belarra– que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida, un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, la también líder de Podemos, que no ha asistido a ninguna rueda de prensa en la Moncloa desde el pasado 17 de enero, ha decidido subir un vídeo a sus redes sociales para explicar la normativa que ha salido adelante.
La comparecencia de Yolanda Díaz el pasado 11 de abril fue la última vez en la que uno de los socios de gobierno de Sánchez habló después del Consejo de Ministros. De esta manera, con el de este martes ya son nueve las citas sin que aparezca ningún ministro de Podemos, lo que certifica el veto a esta formación.
Así pues, tal y como hizo el pasado 27 de junio, Belarra ha acudido a su Twitter para asegurar que «por fin empezamos a solucionar una de las mayores vergüenzas de nuestro país: el absoluto abandono a las personas víctimas de la talidomida».
Además, «en nombre del Gobierno de España», la ministra ha pedido «perdón a todas las víctimas y sus familias por el retraso con el que el Estado ha atendido esta demanda». «Lamentamos profundamente el tiempo que hemos tardado las instituciones en dar respuesta a esta injusticia histórica», añade.
Ayudas de hasta 396.000 euros
El decreto aprobado hoy por el Gobierno regula las ayudas para 130 víctimas de la talidomida en España entre 1950 y 1985. Los perjudicados han sido reconocidos tras una evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid.
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).