El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin en la plaza mayor de Los Peares (Orense)
23-J
Las reformas penales de calado a las que se compromete Feijóo en su programa electoral
Los ‘populares’ plantean modificar varios artículos del Código Penal, impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, o que los delitos de terrorismo no puedan prescribir
El Partido Popular ha sido la primera formación que ha dado conocer su programa electoral. En un extenso documento –de 108 páginas y 365 medidas– los 'populares' han expuesto las medidas que quieren llevar a cabo si ganan las elecciones. En este contexto, Feijóo y su equipo han centrado muchas de sus propuestas en modificar la legislación penal vigente para introducir reformas de calado.
De esta manera, el PP se compromete a cambiar el Código Penal en varios aspectos. Además de recuperar el delito de sedición y volver a la legislación anterior de la malversación tras la reforma que efectuó Pedro Sánchez para favorecer a los independentistas, los ‘populares’ quieren añadir la «imprescriptibilidad» de los delitos de terrorismo. Actualmente, los delitos castigados con 15 años de cárcel o más prescriben a los 20 años, momento tras el cual el autor del hecho criminal ya no puede ser culpado. En consecuencia, Feijóo quiere que a los terroristas se les pueda juzgar independientemente del tiempo transcurrido.
Por su parte, el programa también recoge que se modificará el delito de enaltecimiento al terrorismo para «impedir actos de humillación a las víctimas» y que garantizará que «los beneficios penitenciarios a los que pudieran acceder los condenados por terrorismo vayan siempre ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento».
Prisión permanente revisable
En otro orden de cosas, el PP plantea ampliar los supuestos en los que se puede imponer la prisión permanente revisable, para que se aplique de igual manera a los condenados por un delito de asesinato con ocultación de cadáver. Asimismo, los 'populares' se comprometen a que los hurtos reincidentes de hasta 400 euros puedan tener pena de cárcel.
En la pasada legislatura el Grupo Popular presentó en el Congreso una proposición de Ley –que fue rechazada– para modificar los tipos penales de hurto y de estafa. La legislación vigente señala que las personas que hurtan objetos o dinero valorados en menos de 400 euros son castigadas con una multa de uno a tres meses. No obstante, si son condenados más de tres veces por este delito, y su total acumulado es superior a 400 euros, se les aplica una pena de cárcel que va desde los 6 meses hasta el año y medio.
El principal partido de la oposición propuso que, si el acusado ya ha sido condenado por «al menos por tres delitos», aunque «sean leves», será castigado entre 6 y 18 meses de prisión, con «independencia de la cuantía de lo sustraído». Del mismo modo, el articulado recogía que la multirreincidencia en los delitos leves pasara a ser considerada un agravante.
Afirman que reformarán el Código Penal «en lo referente a la multirreincidencia en hurtos y estafas, de modo que la pena y su posible aplicación preventiva no sea igual para quien comete un delito que para quien comete una sucesión continuada de ellos».
La ley procesal y la penitenciaria
A su vez, el PP se responsabiliza a realizar una de las reformas más esperadas desde el ámbito penal; impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La actual data de 1882, y aunque ha sido actualizada en un gran número de ocasiones, hay artículos vigentes que se encuentran completamente desfasados, como el párrafo segundo del 171: «Si la persona a quien se haga la entrega no supere firmar, lo hará otra a su ruego; y si no quisiere, firmarán dos testigos buscados al efecto. Estos testigos no podrán negarse a serlo, bajo la multa de 25 a 100 pesetas». Esta sanción, al cambio actual, es de entre 15 y 60 céntimos, y en nuestro país la tasa de alfabetización es del 98,44 %.
El PP también lleva en su programa la reforma de la Ley General Penitenciaria «incluyendo, entre otros aspectos, la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la Autoridad» y aseguran que «mejoraremos sus condiciones sociolaborales». A su vez, plantean intensificar «la atención a las víctimas de violencia de género» y proteger «los derechos de las víctimas de delitos de terrorismo, estableciendo los mecanismos de investigación adecuados».
