El plan del PP para revertir el «deterioro institucional» provocado por el sanchismo

El PP no tiene ninguna duda: «Los cinco años de este Gobierno han sido un período de deterioro institucional acelerado para España». Es por eso que, en el programa electoral que Alberto Núñez Feijóo presenta este martes, los populares dedican un capítulo entero a lo que llaman Regenerar y respetar, con 74 propuestas para garantizar la independencia de las instituciones y organismos del Estado, fortalecer el poder legislativo después del paso de Meritxell Batet por el Congreso, mejorar la Justicia y reforzar la lealtad y cooperación entre administraciones públicas.

La primera de las propuestas pasa por reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para limitar el poder de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, como ya adelantó El Debate el 14 de junio. Puesto que lo será hasta 2031 (su mandato es de nueve años).

De la misma manera, Feijóo también apuesta por modificar la Ley del Consejo de Estado para «potenciar su papel como máximo órgano consultivo». El Gobierno de Pedro Sánchez ha esquivado al Consejo de Estado cuando le ha convenido, utilizando un atajo: tramitando algunas de sus iniciativas más importantes como proposiciones de ley del grupo parlamentario socialista en el Congreso en lugar de como proyectos de ley del Gobierno para no tener que pedir dictamen al órgano consultivo.

Las puertas giratorias

Para devolver el prestigio a los organismos independientes o autónomos, el PP plantea endurecer las puertas giratorias para los nombramientos en el INE, el CIS, el Tribunal de Cuentas o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. De esta forma, no podrán ser nombrados quienes, en los cinco años previos, hayan ocupado algún cargo en el Gobierno central o los autonómicos, en partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales.

En este capítulo también figuran la recuperación del delito de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal, así como la malversación tal y como estaba planteada antes de la rebaja de penas. Un apartado del que también dio cuenta este periódico el 8 de junio.

La «degradación» a la que Sánchez ha sometido al Parlamento en estos cinco años, con la cooperación de Batet, también preocupa a Feijóo. Cabe recordar que, en octubre de 2021, el TC declaró inconstitucional el cerrojazo que vivió el Congreso durante el primer estado de alarma.

El candidato del PP aboga, de inicio, por limitar el uso del decreto ley, que teóricamente está reservado a casos de extraordinaria y urgente necesidad pero que el presidente ha utilizado de forma indiscriminada. En la legislatura actual, el Consejo de Ministros ha aprobado 96, todo un récord. Y en el tiempo que lleva Sánchez en la Moncloa han sido 139.

Solo en esta legislatura, el Gobierno ha aprobado 96 decretos ley

Otra de las triquiñuelas habituales del sanchismo ha sido tramitar sus proyectos y proposiciones de ley por el procedimiento de urgencia para silenciar a la oposición. También a eso quiere poner freno el PP, y a la introducción de las llamadas enmiendas «intrusas»: es decir, aprovechar la tramitación parlamentaria de una norma para colar asuntos que nada tienen que ver. Por ejemplo, cuando trató de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante una enmienda a la proposición de ley con la que el PSOE derogó el delito de sedición en diciembre. El Constitucional frenó la maniobra en el Senado.

Los populares también se comprometen a regular, de una vez por todas, el papel de los lobbies. Y a especificar en cada norma quién intermedió o negoció durante el proceso, quien enmendó y quien votó, «dejando constancia real de los procesos de influencia sobre cada texto legislativo», explican en su programa.

La Justicia

En lo que se refiere a la Justicia, Feijóo se reafirma en su compromiso de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, para que sean los jueces y magistrados los que elijan a los 12 vocales de procedencia judicial.

En el corto plazo, la prioridad del candidato del PP pasa por aprobar un plan de choque para desatascar el funcionamiento de la Justicia en aquellos juzgados que se encuentran atascados y resolver los conflictos laborales en los que se halla inmerso el sector. Los sindicatos vienen denunciando que el Gobierno está esperando a que pasen las elecciones sin mover ficha. De entrada, el PP se plantea aumentar en 1.000 plazas la plantilla de jueces y fiscales a lo largo de la próxima legislatura.

Feijóo también pretende poner el cascabel al gato de la reforma del sistema de financiación autonómica, que sustituya al vigente desde hace 15 años. Una cuadratura del círculo que Sánchez no ha conseguido (tampoco fue su prioridad). Y, de la misma forma, modificará el sistema de financiación local.

Por lo que respecta a la garantía de la seguridad pública, «requisito indispensable para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles», el candidato del PP apuesta por culminar la equiparación salarial de policías y guardias civiles y dotar a los funcionarios de prisiones del estatus de agentes de la autoridad.

También, reformar la ley electoral para que quienes en el pasado fueron condenados por terrorismo no puedan ser elegibles «sin acreditar arrepentimiento, perdón y resarcimiento a las víctimas y colaboración con la Justicia y a quienes se encuentren en situación de busca y captura». Así como garantizar la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y que los condenados no puedan acceder a beneficios penitenciarios si no hay colaboración en el esclarecimiento de atentados por su parte.

El PP recuerda que Feijóo ya proclamó su compromiso con «el imprescindible respeto a las instituciones y la necesaria regeneración democrática» en el Plan de Calidad Institucional que firmó en enero.