El Gobierno incumple el pacto con jueces y fiscales: ni rastro de la subida salarial antes del 23-J

Ni rastro del decreto ministerial que Justicia prometió a jueces y fiscales que llegaría, antes del final de la legislatura, para aplicar, en la práctica, la subida salarial pactada entre el Departamento que dirige Pilar LLop y los interlocutores designados por las principales asociaciones profesionales de la Magistratura y de la Carrera Fiscal. El acuerdo sellado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI) , Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no entrará en vigor hasta después de las elecciones generales del 23-J. No en vano, el Ejecutivo no ha incluido la cuestión en el orden del día del que ha sido su último Pleno antes del próximo domingo.

La portavoz socialista, Isabel Rodríguez, ha lanzado balones sobre esta delicada cuestión con la que el Gobierno logró frenar la huelga indefinida que magistrados, jueces y fiscales habían acordado en mayo. «No tengo información», ha respondido en la rueda de prensa posterior al cónclave, el tema «no se ha abordado en esta reunión».

Rodríguez ha contestado, incluso, que «no tengo la constancia de que esto haya sido así», en referencia a la denuncia pública promovida por las asociaciones del Ministerio Público y de la Carrera Judicial que, la semana pasada, daban un paso al frente para exigir a Llop que cumpliese la palabra dada por los miembros de su equipo que, en todo momento, en estas últimas semanas, «han venido asegurando» que los términos del acuerdo alcanzado por valor de 46,7 millones de euros serían formalizados siempre antes del final de la legislatura. Una nueva promesa que ya no podrá ser.

El caso es especialmente sangrante porque llega después de las denuncias públicas de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que, también, habían advertido sobre las acciones que tomarán contra el Gobierno de Pedro Sánchez por «traicionarles» al incumplir su propio compromiso. «Es una tomadura de pelo», afirman por su parte fuentes próximas al entorno asociativo de jueces y fiscales.

Los argumentos de la ministra portavoz han molestado, más todavía si cabe. «Durante todo este tiempo», desde la firma del acuerdo el pasado 18 de mayo, los interlocutores de jueces y magistrados «han mantenido un contacto permanente» con representantes del Ministerio de Justicia quienes les garantizaron –«siempre de manera verbal», según ha podido saber El Debate– que el trámite necesario para arrancar con la aplicación práctica de los cambios consensuados «iba a salir» antes del final de la legislatura y, en cualquier caso, al margen de cualquier futuro y eventual nuevo Gobierno.

El conflicto con la Justicia

La semana pasada, el extinto Comité de Huelga de los LAJ manifestaba su malestar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta remitida a la Moncloa, en la que le instaban a que diera cumplimiento de su acuerdo de aumento salarial antes de las elecciones generales del 23 de julio. En la misiva, se reprochó al Ejecutivo socialista de que «se acaba el plazo para que el Gobierno cumpla» y «nos encontramos con que los deberes no están hechos».

En la misma línea, tres asociaciones judiciales y la totalidad de asociaciones fiscales reclamaron al Gobierno que llevara este asunto al Consejo de Ministros de este miércoles, advirtiendo de que, en caso contrario, plantearían acciones judiciales por el incumplimiento flagrante de lo acordado y adoptarían «medidas de presión» para asegurarse de que esos compromisos se atienden.

Cabe recordar que dichos pactos son fruto del conflicto laboral desatado en la Administración de Justicia al hilo de la huelga que los LAJ, que arrancó en enero de este mismo año y concluyó en marzo tras conseguir, entre otras cuestiones, una subida de hasta 450 euros brutos al mes. Durante ese periodo, y según los datos de las asociaciones convocantes, se suspendieron unos 356.000 juicios y vistas, quedaron paradas unas 424.000 demandas y se mantuvieron parados en las cuentas de consignaciones hasta 1.280 millones de euros.

Posteriormente, jueces y fiscales amenazaron también con ir a la huelga si Justicia y Hacienda no se sentaban a la mesa de negociaciones. Tras ello, lograron cerrar su propio pacto en mayo, obteniendo también una subida salarial de hasta 450 euros mensuales, además de otras cosas.

En el ínterin, el 17 de abril, los funcionarios de la administración de justicia iniciaron su propia huelga indefinida para conseguir mejoras laborales de toda índole, también retributivas. En su caso, se celebraron tres reuniones pero sin que llegara a haber oferta económica por parte del Gobierno. Los funcionarios suspendieron la huelga el pasado 4 de julio, después de que desde el Ejecutivo se les trasladara que hasta la constitución de los nuevos gobiernos

En cifras absolutas, el acuerdo con los LAJ representó un importe total de unos 22,7 millones de euros para los 4.000 miembros de este colectivo, mientras que el cerrado para los 8.000 jueces y fiscales ascendió a 46,7 millones de euros. Ambas cantidades quedan por debajo de los 200 millones de euros que reclaman los funcionarios para las 45.000 personas que conforman el cuerpo.