El juez Llarena congela la euroorden sobre Puigdemont hasta que se pronuncie la Justicia europea

Carles Puigdemont sigue ganando tiempo. En contra del criterio de la Fiscalía que, el pasado lunes instaba la reactivación de las órdenes de entrega contra el expresidente catalán y su exconsejero Toni Comín, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, no resolverá sobre las mismas para que sean entregados a España desde Bélgica hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.

En una providencia dictada por el magistrado del Alto Tribunal, de este mismo jueves, el magistrado da respuesta a la petición de la Fiscalía, que solicitó que reactivase las euroórdenes después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados. No en vano, como ya había avanzado El Debate, el propio Ministerio Público consideraba que lo más adecuado era poner la medida reclamatoria en marcha una vez que se tuviese la absoluta certeza de que el recurso de ambos perjudicados ante el TJUE, que puede retrasarse hasta septiembre, no provocaba efectos adversos, incluso aún temporales, sobre la entrega «inmediata» que se desprende de la decisión de la Justicia europea.

Puigdemont, huido de la Justicia española tras el golpe de Estado ilegal del 1 de octubre de 2017, tiene ahora la llave de la gobernabilidad de España tras los resultados electorales del 23-J, que sitúan a su actual partido, Junts, en una posición de fuerza de cara a negociar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Precisamente éste nuevo escenario aceleraba la respuesta de la Fiscalía que, en cumplimiento de una norma no escrita pero habitual en los altos tribunales de nuestro país, evitaba hacer ningún movimiento antes de las elecciones generales.

Ahora, este movimiento del magistrado del TS, Pablo Llarena, se produce la misma semana en la que la exconsejera de Educación del Gobierno autonómico Clara Ponsatí fuese detenida y después puesta en libertad por un delito de desobediencia, al no comparecer ante Llarena para dar cuenta sobre los hechos del 1-0. Ponsatí, una vez eliminado del Código Penal el delito de sedición, se enfrenta a una posible condena que la inhabilite para desarrollar actividades políticas institucionales, si bien no contempla penas de cárcel.