Indignación por la visita al dentista sin custodia policial de un etarra al que le quedan diez años de condena

Familiares de Iñaki Mendiluce Echeverría, ertzaina asesinado en 1995 por el miembro de ETA Mikel Otegi, han denunciado que viven «con resignación, profundo dolor y humillación» la concesión de un permiso al recluso de la banda para que pudiera «acudir al dentista sin custodia policial».

«Como familiares no buscamos venganza, ni mucho menos interponernos en el proceso de resocialización de ningún reo. Solo pedimos transparencia, coherencia y el cumplimiento íntegro de una condena», expresan.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, la familia del agente advierte que Otegi salió y regresó a la prisión como cualquier ciudadano que acude a una cita con el odontólogo, «con la única peculiaridad de que está condenado a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas y aún le quedan 10 años de condena por cumplir».

«Aquellos dos ertzainas tenían nombre y apellidos, familia, y sobre todo futuro, hasta que el reo de asesinato decidió segar por siempre la vida de dos personas: José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverria», recuerdan.

En su comunicado, la familia del agente rememora que Mikel Otegi estuvo fugado de la justicia durante más de seis años y, tras ser condenado en Francia por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas, fue finalmente en 2012, «es decir 17 años después de haber perpetrado ambos asesinatos, cuando fue condenado por la Audiencia Nacional a la pena de prisión de 34 años».

«Los familiares de Iñaki Mendiluce vivimos con resignación, profundo dolor y humillación los hechos acaecidos esta misma semana. Es inhumano recibir una noticia de esta envergadura a través de los medios de comunicación y que hayamos sido contactados por las autoridades penitenciarias competentes sólo cuando la opinión pública ha tenido noticia de los hechos», lamentan.

«Economía de gasto»

Tras calificar de «deleznable» que uno de los argumentos que propicien «la excarcelación temporal de un preso sin vigilancia sea la economía de gasto», en referencia a las declaraciones el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ven «deplorable argumentar semejante cosa, cuando para la organización del Grand Départ del Tour de Francia el Gobierno Vasco ha buscado agentes de policía hasta debajo de las piedras sin reparar en el gasto económico que ello pudiera suponer».

Por todo ello, consideran «degradante para la sociedad» que se trate de argumentar que un preso que se fugó de la justicia y al que le quedan dos lustros de condena por cumplir «no fue acompañado policialmente al dentista para ahorrar».

«Se ha tratado de argumentar también, en la conversación telefónica que recibimos y en los medios de comunicación, que la medida es plenamente legal y encaja en la normativa vigente. Solo faltaba», advierten.

A su juicio, cuando el Gobierno Vasco «argumenta que la salida no vigilada de un terrorista es plenamente legal, por descontado está diciendo que hay una norma», pero se preguntan si acaso la misma «es justa y si el proceder en su aplicación también lo es».

«¿Es justo que una persona que con manifiesto desprecio por la vida de quienes no compartían su ideario excluyente, y que no ha reivindicado arrepentimiento alguno, goce de un trato penitenciario como éste por común y legal que sea, cuando aún le quedan 10 años de prisión por cumplir?», cuestionan.

Del mismo modo, preguntan si es justo que los familiares reciban explicaciones «solo porque la noticia ha saltado a los medios de comunicación» y cuestionan por qué no se les contactó con anterioridad.

«¿Es compatible que el señor Jaime Tapia dijera que se evaluó el riesgo de incidencia y fuga antes de aceptar el permiso y que sin embargo el historial delictivo del asesino Otegi evidencie que se fugó de la justicia y estuvo en paradero desconocido por más de 6 años?», continúa la familia en su escrito.

Además, advierten del hecho de que se diga a los familiares que «éste no es un trato preferencial del Gobierno Vasco al colectivo de terroristas de ETA, y sin embargo, la Audiencia Nacional haya ordenado el reingreso en prisión de varios asesinos de ETA tras las tempranas excarcelaciones otorgadas por el Gobierno Vasco».

«Visto lo visto, solo nos queda preguntarnos si esto no ha sido una prueba para tantear el terreno de una posible temprana excarcelación de Otegi, a quién aún quedándole 10 años se le podría dar libertad más pronto que tarde», añaden.

Por otro lado, dicen que como familiares no buscan «venganza», ni interponerse en el proceso de resocialización de ningún reo, pero reclaman «transparencia, coherencia y el cumplimiento íntegro de una condena».

«Se nos ha dicho que al preso se le dio una hora de salida y otra de entrada y que debía presentar justificante de asistencia: como si eso implicase que por el camino no ha gozado de cuantos privilegios de libertad haya querido. Privilegios destinados a personas que no están condenadas a la pena de prisión o que habiéndolo estado han cumplido condena. Otegi no cualifica en ninguno de los supuestos», continúan.

Por último, sostienen que la paz en Euskadi «no puede construirse sobre la base del silencio y vejación de las víctimas», de tal modo que «no es suficiente organizar memoriales y poner flores en pebeteros».

«La paz pasa por la transparencia de las instituciones, por el cumplimiento íntegro de las penas, por el arrepentimiento de los asesinos y el reconocimiento por parte de todos y cada uno de los terroristas del injustificable dolor causado que jamás debió haber ocurrido. Nada de esto concurre en los hechos acaecidos esta semana», concluyen.