El Constitucional salvará el bloqueo de Sánchez a los nombramientos del CGPJ

El Tribunal Constitucional prepara su apoyo a la reforma aprobada por el Gobierno que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que supone la prohibición de que el órgano judicial pueda hacer nombramientos con el mandato caducado.

Fue en el año 2021 cuando una maniobra de Pedro Sánchez y sus socios permitió la aprobación de una reforma encaminada a maniatar al CGPJ a la hora de elegir nuevos cargos. Todo ello a pesar de la falta de personal de la que adolece la Justicia y cuya peor parte se la lleva el Supremo. Su intención era forzar al Partido Popular a renovarlo bajo las condiciones socialistas, pero el plan falló y, dos años después, el bloqueo continúa.

Fuentes conocedoras aseguran a El Debate que el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ya avisó a los magistrados de este de la agilización de «ciertos trámites importantes para el Tribunal» a la vuelta de vacaciones. Entre estos asuntos se encuentra la desestimación de los recursos presentados por PP y Vox encaminados a derogar la reforma. Se prevé que sea con el comienzo del año judicial cuando Pedro Sánchez vea respaldada su reforma, un aval que supondrá un bálsamo ante las acusaciones del PP y Vox que califican las acciones del Gobierno como un «asalto institucional».

Negociaciones rotas

En octubre de 2022 un comunicado del Partido Popular daba por rotas las conversaciones sobre la renovación del CGPJ. «Quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista», aseguraban tras una conversación entre los líderes de ambas formaciones donde Sánchez reconoció sus intenciones respecto a derogar la sedición y abaratar las penas por malversación.

A pesar de las múltiples intenciones del PP de acercar posturas, Sánchez encontró en la ruptura de negociaciones una excusa para acusar a Feijóo de bloquear la renovación.

100 vacantes sin cubrir

La degradación institucional en la que el Gobierno socialista ha sumido a la Justicia española, durante la última legislatura, se ha agravado ante la incertidumbre de no poder conformarse un nuevo Parlamento.

El CGPJ continúa prorrogado con la consecuente paralización de los nombramientos discrecionales y compuesto por 16 de los 21 miembros que deberían conformarlo. El veto está provocando graves carencias de funcionamiento con un 70 % de los efectivos. El escenario límite en el que se encuentra la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, reducida en 10 magistrados frente a los legalmente previstos para el cumplimiento de sus competencias; la sobrecarga a la que ha llegado la Sala Cuarta de lo Social, que acumula más de 17.000 causas con la mitad de efectivos; la parálisis de la Sala de lo Militar, que ha perdido ya a dos presidentes por jubilación, durante el camino; y, las importantes mermas de magistrados sufridas por la Sala Primera de lo Civil y la Segunda de lo Penal han afectado al funcionamiento ordinario del más Alto Tribunal de nuestro país. Una situación que no parece tener pronta solución a la vista de la complicada aritmética parlamentaria que puede, incluso, terminar en la celebración de unas nuevas elecciones generales.